Número 22. Mayo-Agosto 2014

La Real Audiencia de Lima, el sello real y la garantía de la justicia

The Real Audiencia of Lima, the royal seal and ensuring justice

José de la Puente Brunke

Instituto Riva-Agüero.
Pontificia Universidad Católica del Perú.
jpuente[at]pucp.edu.pe

En este trabajo, referido a la Real Audiencia de Lima, nos proponemos poner de relieve la crucial importancia de la institución audiencial en el contexto de la administración indiana. En primer lugar nos referiremos a los libros y documentos de la Audiencia limeña, y a la trascendencia de su conservación en el contexto político indiano. Luego abordaremos el estudio de la Audiencia como depositaria del Sello Real, lo cual hacía que representara al propio monarca, y que tuviera la autoridad para emitir disposiciones en nombre del rey, y como si el rey las hubiera firmado. Por último, reflexionaremos en torno a la labor jurisdiccional de la Audiencia, y a los criterios en virtud de los cuales se consideraba que sus magistrados podían garantizar que la justicia prevaleciera.


Fecha de recepción: 21/4/2014

Fecha de aceptación: 4/7/2014


Palabras clave: Real Audiencia de Lima | Libros de registro | Sello Real | Poder | Monarquía hispana


Para citar este artículo: Puente Brunke, José de la (2014). La Real Audiencia de Lima, el sello real y la garantía de la justicia. Revista de Humanidades [en línea], n. 22, artículo 9, ISSN 2340-8995. Disponible en http://www.revistadehumanidades.com/articulos/75-la-real-audiencia-de-lima-el-sello-real-y-la-garantia-de-la-justicia [Consulta: Lunes, 16 de Diciembre de 2019].


DOI: http://dx.doi.org/10.5944/rdh.22.2014.14296


Abstract: In this paper, based on the Real Audiencia de Lima, we intend to highlight the crucial importance of audiencial institution in the context of the Indian administration. First we refer to the books and records of the Lima High Court, and the importance of conservation in the Indian political context. Then board the studio audience as depository Privy Seal, which was to represent the monarch himself, and he had the authority to issue rules on behalf of the king, and the king as if it had been signed. Finally, we will think about the judicial work of the Court, and the criteria under which it was considered that its judges could ensure that justice prevails.


Keywords: Real Audiencia of Lima | Logbooks | Real Seal | Power | Hispanic Monarchy

Sumario

Sumario: 1. Libros y documentos de la Audiencia de Lima. 2. La Real Audiencia de Lima como depositaria del Sello Real. 3. La Real Audiencia y la garantía de la justicia. 4. Bibliografía.

Artículo

1. Libros y documentos de la Audiencia de Lima

En el contexto de lo que fue el gobierno de las Indias, y dada la lejanía de la metrópoli y las dificultades que ello conllevaba, el control y la organización de los documentos escritos se reveló –tanto en España como en América- como la vía más eficaz para llevar adelante las labores gubernativas. En este sentido, las autoridades del Consejo de Indias establecieron un sistema de control documental, que implicó –entre otras cosas- que las autoridades en el Nuevo Mundo debieran tener copia de toda la documentación legislativa emanada de la metrópoli.

Así, desde un inicio la Audiencia de Lima estuvo obligada a conservar la documentación que recibía desde España, así como a controlar la expedida por ella, y a dejar constancia de los propios acuerdos. La Corona había establecido que las Audiencias de Indias debían mantener libros en los que se dejara por escrito los votos de los jueces en los pleitos –y sobre todo en aquellos que hubieran sido “arduos y sustanciales”-, al igual que los votos que emitieran los magistrados en materias de gobierno. Igualmente, debía tenerse un libro de despachos de gobierno, del cual había que enviar anualmente una copia a la metrópoli. Además, debía tenerse un libro de Hacienda Real, en el que debían asentarse “todos los negocios y pleitos de nuestra Real Hacienda”, y otro en el que se recogieran las reales cédulas sobre la Real Hacienda. Igualmente, estuvo específicamente establecido que se tuviera un “libro de cédulas y provisiones reales”, en el que se recogieran en orden cronológico las disposiciones recibidas desde la península.[1]

Desafortunadamente, no se conservan los libros de acuerdos de la Audiencia limeña. Distinto es el caso de la Audiencia de Charcas, cuyos libros de acuerdos sí han subsistido hasta hoy, y constituyen una fuente de gran valor para el investigador. Además, se publicaron en 2007, en diez volúmenes, en un esfuerzo conjunto de la Biblioteca y Archivos Nacionales de Bolivia, la Corte Suprema de Justicia de ese país y la Agencia Española de Cooperación Internacional. En el Exordio de esta publicación, el Director Técnico del proyecto, José Miguel López Villalba, pondera la importancia de estas fuentes:

Era un conjunto memorable de libros, conservados físicamente unos con mayor fortuna que otros, que, salvo ciertos lapsus temporales, permitirían la reconstrucción de la vida institucional de tan medular institución desde su nacimiento en 1561 hasta su desaparición en los inquietos tiempos de la Independencia. Mas, en todo aquel cúmulo de páginas había algo mejor que la presentación en sociedad de las interioridades de la máquina de la justicia en la provincia de Los Charcas, estaba representada la función de la existencia misma de la provincia, de sus habitantes, de sus sentimientos encontrados, de sus desvelos, de sus negocios, triunfantes o ruinosos, de su genealogía, de sus vidas en definitiva (Real Audiencia de La Plata 2007: I, XXIII).

Si bien resulta lamentable para el historiador no poder contar con los libros de acuerdos de la Audiencia de Lima, muchas otras fuentes nos permiten adentrarnos en lo que fue la labor audiencial, que no solo estuvo referida a asuntos judiciales, sino también a materias muy variadas, entre las cuales se contaban algunas gubernativas. Así, por ejemplo, las cartas escritas por los magistrados nos ofrecen abundante información. Lo mismo ocurre con los libros cedularios conservados por la Audiencia, y que eran de permanente utilidad en el trabajo de los magistrados.

Para el trabajo cotidiano en la Audiencia, los magistrados elaboraban los mencionados libros de cédulas, que eran precisamente los volúmenes en los que se copiaban las disposiciones recibidas desde España. En realidad, tanto quienes expedían los documentos, como las personas o instituciones a quienes iban dirigidos, solían copiar los documentos que emitían o recibían, en unos libros copiadores que recibieron denominaciones distintas, y que el experto diplomatista Real Díaz ha denominado “códices diplomáticos”. La razón de ser de esos libros copiadores era la de asegurar la conservación del contenido documental. Esta conservación era importante y servía para distintos fines como, por ejemplo, la reexpedición de un original perdido, o la comprobación de la autenticidad de un original sospechoso, o la recopilación de los documentos generados con respecto a un asunto específico (Real Díaz 1970: 41). En un trabajo dedicado hace varias décadas al estudio de los cedularios como fuente histórica de la legislación indiana, Rafael Altamira precisó que debía entenderse por cedulario toda “colección de documentos comprensivos de normas positivas de Derecho indiano, cualesquiera que sea la forma, denominación protocolaria o clase de esas normas y la autoridad de que procedan: por tanto, e igualmente que las cédulas reales propiamente dichas, las pragmáticas, provisiones, instrucciones, cartas, ordenanzas y cualquiera otra especie de las que en aquellos tiempos recibieron calificación legal diferenciada” (Altamira 1940: 5).

Así, pues, Altamira plantea que se entienda como cedulario toda colección de documentos que contenga normas positivas. Este es el criterio que siguió también Porras Barrenechea, tal como lo expresó en la publicación en la que presentó “el primer libro de registros del Perú o cedulario peruano”, que incluye todas las normas legales expedidas con respecto al Perú entre 1529 y 1534, y que comprende la etapa de preparación de la conquista (Porras 1944: V y XI). Como fuentes a disposición del historiador, los cedularios revisten gran utilidad no solo para el estudio de la labor de la audiencia, sino también para analizar el pasado de la América hispánica en su conjunto. Sin embargo, debe anotarse que ha habido otros autores que han ofrecido definiciones más restringidas, planteando que por cedularios debían entenderse solo las colecciones de cédulas reales. Esta posición fue la defendida por Antonio Muro Orejón, quien publicó un importante cedulario americano del siglo XVIII (Enciso 2005: 76-77).

Nos consta que se elaboraron cedularios desde el tiempo de la fundación de la audiencia. Una prueba de ello nos la ofrece Lohmann Villena, al referirse al pedido del Licenciado Egas Venegas, flamante oidor de la Audiencia de Chile, quien en 1566 solicitó a la Audiencia de Lima autorización para llevar a Chile copias de las normas legales más importantes que se recogían en los libros elaborados por los magistrados limeños. Francisco de Carvajal, por entonces Escribano de Cámara de la Chancillería limeña, dispuso que se hicieran esas copias del “libro de las cartas y provisiones que está en el oficio de Gerónimo de Aliaga”, quien a su vez fuera también Escribano de Cámara de la Audiencia (Lohmann 1946: 6).[2]

Por su parte, el Consejo de Indias tenía los “libros de registro”, en los que el Gran Canciller y Registrador debía llevar el control de todas las provisiones y cartas que se despacharan, “selladas y registradas” (Enciso 2005: 80).[3] Esos libros debían tenerse también en las Chancillerías de Indias. En efecto, la Recopilación de leyes de los reinos de las Indias ordenó que tanto el Gran Canciller de las Indias, como quienes estuvieran a cargo de las Chancillerías en el Nuevo Mundo –que eran tenientes suyos, y que debían ser “personas honradas, buenos cristianos y de confianza”- llevaran registro de los mencionados documentos (Recopilación 1681: lib. II, tít. IV, ley 1). Así, el sentido de los libros de registro era el de tener presentes todas las disposiciones legales que se expedían para las Indias, las cuales, a su vez, eran consignadas en cedularios en ultramar. Enciso lo explica claramente:

En estricto sentido los cedularios se creaban y engrosaban por disposición legal en las dependencias del Consejo de Indias, al mismo ritmo de la producción de documentos legales dispositivos para la regulación de la vida en ultramar. Se hacía necesario que el Consejo tuviera siempre en cuenta, con toda claridad, el sentido y contenido de las múltiples disposiciones legales que iba dictando, por lo que la creación de los libros de registros en sus secretarías, se presentaba como el mecanismo más a propósito (Enciso 2005: 81).

Así, las audiencias americanas, y en particular la de Lima, que era también Chancillería, llevaban sus propios libros de registro, debido a que estaban facultadas para expedir documentos a nombre del rey, que eran validados con el Sello Real (Enciso 2005: 83). Lamentablemente, los libros de registro originales de la Audiencia de Lima no se han conservado (Lohmann 1946: 9).

Fue permanente la preocupación entre las autoridades metropolitanas en el sentido de que los virreyes y los demás agentes de la administración en Indias conservaran las reales cédulas que recibían, y que guardaran copias de las mismas en libros específicamente dedicados a ello. Así, por ejemplo, el virrey Toledo recibió una comunicación del Consejo de Indias en la que se le ordenaba ocuparse de la compilación de las cédulas y reales provisiones emitidas para su cumplimiento en la provincia de Charcas. En este sentido, se le indicaba que las reales cédulas que se le enviaran para la labor gubernativa fuesen asentadas en un “libro especial”, y archivadas “de modo que en todo momento se tengan presentes y puedan cumplirse mejor” (Enciso 2005: 88).

Se sabe que en tiempos posteriores se siguieron compilando reales cédulas en Lima. Fue el caso, por ejemplo, del oidor Juan de Solórzano Pereira, quien elaboró un cedulario entre 1618 y 1621, aunque actualmente se desconoce su paradero (Enciso 2005: 91).

Entre otros autores que han escrito sobre las fuentes para el estudio del Perú virreinal, Raúl Porras Barrenechea ha puesto de relieve la importancia de los cedularios como “colecciones de todos los actos reales, cartas, mandatos, provisiones reales dotados para el gobierno de las colonias” (Porras 1963: 214-215). Existieron originalmente los cedularios metropolitanos del Consejo de Indias, que en un principio se dividieron en dos, correspondientes a las Secretarías de México y del Perú. Más adelante se organizaron los cedularios por audiencias. Entre los primitivos cedularios de la Secretaría del Perú y los de la Audiencia de Lima, existen en el Archivo General de Indias setenta y cuatro volúmenes correspondientes al Perú. Porras insiste en cómo la Corona también dispuso que hubiera cedularios indianos, entendiendo por estos a los que debían ser conservados por gobernadores, audiencias, cabildos y obispados. En el caso de las audiencias, estas debían conservar todas las reales cédulas recibidas de la metrópoli “junto con el sello Real, que era objeto de especiales homenajes” (Porras 1963: 215).

Existen 31 tomos de cedularios en el Archivo Municipal de Lima, cuyo índice ha sido publicado por Juan Bromley. Se trata de “libros de cédulas y provisiones” que recopilan, en documentos originales, o bien en copias, la abundante legislación que fue dictada por los monarcas españoles y por las autoridades residentes en el Perú. Estos libros se conservan debido a que, desde sus inicios, el cabildo de Lima –de acuerdo con las disposiciones emanadas desde España- cuidó de tener libros en los que se conservaran las normas emitidas por las autoridades (Bromley 1952). En particular, debe destacarse la diligencia del corregidor Francisco Álvarez Gato, gracias a la cual el cabildo de Lima pudo conservar una valiosa colección de cédulas y provisiones reales (Vargas Ugarte 1952: 65). Álvarez Gato fue regidor perpetuo del cabildo de Lima a inicios del siglo XVIII, y reunió gran cantidad de documentos, con los cuales “formó, a su costa, tres tomos de reales órdenes que existen en el archivo de la Municipalidad” (Mendiburu 1932-34, I: 396). Lo hizo para facilitar el trabajo administrativo del cabildo, ya que esa documentación se hallaba desordenada, con lo cual se dificultaban las labores. Trabajó con gran dedicación durante los años de 1712 y de 1713 para formar los tres volúmenes mencionados (Tauro 2001, 1: 118).

Es importante mencionar que en 1685 se imprimió en Lima una Colección de cédulas, leyes y provisiones de Gobierno relativas al Perú, formada por Tomás de Ballesteros, y conocida habitualmente como “Ordenanzas de Ballesteros”. Afirma Porras que “fue uno de los códigos más usados del siglo XVIII” (Porras 1963: 218).

Considerando la importancia que tienen los cedularios y la documentación oficial, en general, como fuentes para los historiadores, resulta desafortunado que para el caso del virreinato del Perú se hayan perdido tantos fondos documentales. Vargas Ugarte manifiesta que fue durante la época republicana cuando se produjeron las mayores pérdidas. Sin embargo, reconoce que en el tiempo virreinal también desaparecieron documentos. Por ejemplo, cita el conocido caso del oidor Benito de la Mata Linares, quien en 1787 se trasladó de la Audiencia de Lima a la de Buenos Aires, y se llevó muchos documentos que hoy forman la colección que lleva su nombre en la Biblioteca de la Real Academia de la Historia, en Madrid (Vargas Ugarte 1952: 63, nota 1). El mismo autor recoge un texto escrito en 1794 por el oidor Ambrosio Cerdán y Pontero, en el que lamenta la pérdida de los cedularios correspondientes al siglo XVI y a las dos primeras décadas del XVII:

Los copiosos cedularios existentes en la Secretaría de Gobierno de este Virreinato, empiezan únicamente desde el año de 1620, por haber perecido en incendios y temblores de ruinas los libros anteriormente formados; pero desde este año hasta el presente hay en su Archivo un muy abultado número de volúmenes, donde se ven reunidas las Reales Cédulas y órdenes que se han librado. (Vargas Ugarte 1952: 63).

Sin embargo, Vargas Ugarte manifiesta que posteriormente, ya en tiempos republicanos, “se verificó la dispersión total de este Cedulario” (Vargas Ugarte 1952: 63).

Por otro lado, no todas las disposiciones se recogieron en libros. Por ejemplo, el oidor Pedro de Bolívar y de la Redonda llamó la atención sobre el hecho de que hubiera muchas cédulas y provisiones reales “sueltas y singulares”, surgidas de dudas particulares, o de pleitos muy concretos, que no se habían podido recopilar; señalaba que también era el caso de las muy variadas ordenanzas que se habían promulgado con referencia a los trabajos en las minas, obrajes, tierras y demás actividades económicas, cuyo conocimiento era importante para decidir en los pleitos que sobre ellas se suscitaban. Para Bolívar y de la Redonda, esa situación hacía aconsejable que los ministros de las Audiencias de Indias fueran criollos, ya que eran ellos quienes mejor conocían el “derecho municipal”, que era precisamente el constituido por las normas expedidas por las autoridades residentes en las Indias. Consideraba que los juristas peninsulares no estaban familiarizados con esas normas. Eran, pues, los nacidos en América los que las conocían mejor:

(...) habiendo los que nacen en las Indias criádose aprendiéndolas para obedecerlas, como leyes de sus patrias y provincias (…), y practicádolas en los casos que se han ofrecido, y negocios que como abogados han defendido; no hay duda, sino que para ministros y jueces de las Indias, son los que en ellas nacen, se crían y estudian, más a propósito (...) (Bolívar y de la Redonda 1667: 52-52v).

2. La Real Audiencia de Lima como depositaria del Sello Real

La Corona había establecido que en cada una de las ciudades de Indias donde residiera una audiencia real hubiera una “Casa de Audiencia”, y que en ella estuviera “nuestro Sello Real y Registro” (Recopilación 1681: lib. II, tít. XV, ley 19). Como depositarias del Sello Real, las audiencias de Indias tuvieron una importancia muy especial. Justamente en la ordenanza XV de las Leyes Nuevas de 1542 –en las que además se creó la Audiencia de Lima- se había dispuesto lo siguiente:

Y para que las dichas nuestras Audiencias tengan la autoridad que conviene y se cumpla y obedezca lo que en ellas se proveyere y mandare, queremos y mandamos que las Cartas, Provisiones y otras cosas que en ellas se proveyere y mandare se despachen y libren por título nuestro y con nuestro sello real, las cuales sean obedecidas y cumplidas como Cartas y Provisiones nuestras firmadas de nuestro Real nombre. (Gómez 2008: 224).

Así, pues, las audiencias en Indias, como depositarias del Sello Real, se convirtieron en la voz y en la mano del rey, ya que sus órdenes debían ser obedecidas como si fueran “firmadas de nuestro Real nombre”. Por tanto, las competencias de las audiencias de Indias eran las propias de la jurisdicción suprema, y a partir de lo normado por las Leyes Nuevas sus sentencias no podían ser apeladas ante el Consejo de Indias, pero sí suplicadas. Citaremos para estos efectos a Castillo de Bobadilla, quien afirmó que los jueces superiores “representan la persona Real, y como el Rey juzgan según Dios en la tierra (...); no están sujetos al rigor del derecho, ni a juzgar siempre por lo alegado y probado” (Castillo de Bobadilla 1704: lib. V, cap. III, N° 58). Tan importantes eran los jueces de las audiencias que sus sentenciasse equiparaban a las del rey, y se consideraban pronunciadas por él, ya que se expedían con su nombre y con el Sello Real. Sobre la apelación de las sentencias de los oidores, Castillo de Bobadilla afirma:

(...) y así como sería sacrilegio intentar semejante demanda contra la sentencia del Príncipe, del cual presume la ley que tiene en su pecho y noticia todos los Derechos, lo sería intentarla contra la del Presidente y Oidores, que como dice otra ley, son parte de su cuerpo, y quien los ofende, ofende al Príncipe: y por esta tan grande dignidad de los dichos oficios, no se apela de ellos sino que de equidad se suplica, como de lo proveído por la persona Real (...) (Castillo de Bobadilla 1704: lib. V, cap. III, N° 57).

Por otro lado, las audiencias indianas eran de mayor rango que las peninsulares, que no tenían el Sello, salvo las de Valladolid y Granada, que eran Chancillerías (Gómez 2008: 224).

Tal como lo ha explicado Margarita Gómez, el Sello tuvo en las Indias un valor representativo y un uso de validación. Las fuentes que aluden a su valor representativo son mucho más abundantes. Esto se explica, en buena medida, por la distancia con respecto a la península, y por la ausencia del rey. Esto influyó en la necesidad que se sintió de desarrollar manifestaciones públicas muy notorias de exaltación de la autoridad regia en torno al Sello Real. Es más, en la propia Recopilación de leyes de los reinos de las Indias se incluye la orden dada por Felipe II en 1559, específicamente con respecto a la recepción en Indias del nuevo Sello abierto cada vez que un monarca llegaba al trono:

Es justo y conveniente, que cuando nuestro sello real entrare en alguna de nuestras reales Audiencias, sea recibido con la autoridad que si entrase nuestra real persona, como se hace en la de estos reinos de Castilla. Por tanto, mandamos que llegando nuestro sello real a cualquiera de las Audiencias de las Indias, nuestros Presidentes y Oidores y la Justicia y regimiento de la ciudad, salgan un buen trecho fuera de ella a recibirle y desde donde estuviere, hasta el pueblo sea llevado encima de un caballo o mula, con aderezos muy decentes y el presidente y oidor más antiguo le lleven en medio con toda la veneración que se requiere, según y como se acostumbra en las Audiencias reales de estos reinos de Castilla, y por esta orden vayan hasta ponerle en la casa de la Audiencia real, donde esté, para que en ella le tenga a cargo la persona que sirviere el oficio de canciller del sello y de sellar las provisiones que en las Cancillerías se despacharen. (Gómez 2008: 252).

El Sello Real entraba en procesión, como si fuera el mismo rey. A partir de relatos sobre el recibimiento del Sello en diversas ciudades americanas, Margarita Gómez subraya la importancia de la “sacralización” del Sello, que era presentado en público en solemne acto litúrgico por la máxima autoridad eclesiástica, en la iglesia mayor. Luego se dirigía a la Audiencia, para “ejercer su representatividad regia” (Gómez 2008: 254). Sin embargo, este rito de sacralización, al parecer, no se verificó en las primeras décadas del siglo XVI, de acuerdo con el relato del cronista Pedro Gutiérrez de Santa Clara sobre el recibimiento del Sello Real en Lima en 1542; es decir, en lo que fue la primera ocasión de la llegada del Sello a Lima, ya que acababa de erigirse la Audiencia y Chancillería en esa ciudad (Gómez 2008: 256).

Ruiz Guiñazú recoge el relato de ese primer recibimiento del Sello Real en Lima a raíz de la creación de la Audiencia. Se dispuso el envío del Sello Real que había sido usado en la Audiencia de Panamá, y se estableció que fuera recibido “con la autoridad que si la persona real de S.M. entrase”. De este modo, el virrey, los oidores y las demás altas autoridades salieron a las afueras de la ciudad a recibir a la comitiva que llevaba el Sello. Tras su llegada, se verificó la apertura del cofre en el que este venía, y el virrey sacó “un sello de plata, redondo, impreso en él las armas reales de S.M.”, que fue acatado y reverenciado”. Luego se produjo su ingreso en la ciudad, en solemne procesión, a la que se incorporaron las autoridades eclesiásticas y las del cabildo de la ciudad. Ya en el palacio virreinal, el canciller Juan de León presentó de nuevo el Sello Real, que fue besado por los magistrados y puesto sobre sus cabezas en señal de reverencia (Ruiz Guiñazú 1916: 110-111).

Es un relato referido a la recepción del Sello por primera vez, y al establecimiento de la audiencia. Sin embargo, los recibimientos del Sello se dieron en cada ocasión en que moría un monarca y ascendía otro al trono. Se recibía un nuevo Sello, y se cancelaba el anterior (Gómez 2008: 260). Estas ceremonias solemnes de recibimiento del Sello Real deben entenderse en el contexto de la mentalidad de la época, según la cual –como lo afirma A.M. Hespanha- “la idea de un orden objetivo e indisponible de las cosas dominaba el sentido de la vida, las representaciones del mundo y de la sociedad y las acciones de los hombres”. Así –y sobre todo en el mundo del barroco- lo externo debía reflejar “la esencia más honda de las personas”. En este sentido se debe comprender la gran importancia que se otorgaba a todos los elementos exteriores –como las procesiones, la vestimenta, los tratamientos de las personas, las precedencias o la etiqueta cortesana-, que tenían como objetivo el hacer aparente “el orden esencial de las cosas y de las personas” (Hespanha 1996: 65).

Al estudiar las entradas de los virreyes en Lima en el siglo XVII, Alejandra Osorio pone de relieve la importancia de las procesiones, que “representaban a la comunidad ideal, armoniosa y jerarquizada, con el gobernante presente en la cima de la jerarquía” (Osorio 2006: 791). En efecto, en la entrada de un virrey, era este el que presidía la procesión, al igual que el Sello Real lo hacía en sus procesiones de recibimiento. En este sentido, Osorio pondera la importancia del Sello Real en Lima en el contexto de la “presencia” del rey en la ciudad. De acuerdo con la mencionada mentalidad barroca, afirma que a lo largo del siglo XVII se verificó la presencia del rey en Lima a través de diversas ceremonias, como el juramento anual de lealtad de la ciudad al rey en la ceremonia del estandarte real; o las ceremonias de proclamación de un nuevo monarca, en las cuales el retrato del rey se acomodaba en su trono, bajo un lujoso dosel en el centro de un estrado en la Plaza Mayor; o los actos en los que su voluntad se manifestaba públicamente en la ceremonia del pregón, al leerse en voz alta las cédulas reales. Entre las ocasiones en las que la presencia del rey se verificaba en Lima, Osorio menciona también el hecho de que el Sello Real validara los documentos oficiales (Osorio 2004: 6 y 11).[4]

3. La Real Audiencia y la garantía de la justicia

No debemos caer en el anacronismo de identificar las audiencias con lo que hoy son los tribunales superiores de justicia. Las audiencias tenían diversas funciones adicionales a las jurisdiccionales, e incluso había tareas jurisdiccionales que no estaban a cargo de las audiencias, sino de otras instituciones. En este sentido, no hay duda de que las audiencias eran las instituciones más importantes en el panorama administrativo.

En un esquema administrativo tan distinto del nuestro, no había distinción entre jueces y gobernantes. Es más, se entendía que la función judicial provenía del rey, concebido desde los tiempos medievales como supremo juez, que había recibido tal atribución del mismo Dios. Así, en la América virreinal los jueces representaban al rey y, en definitiva, al mismo Dios. Con respecto a los magistrados de las audiencias, Gaspar de Villarroel señaló que “los Oidores y las Audiencias Reales son imágenes del Príncipe, pero no se ha de entender que son imágenes con una vacía y mera representación; tienen acciones vitales, y pueden obrar en virtud del Rey; ocupan su lugar, y faltando los Virreyes sustituyen por ellos como verdaderos Vicarios y Vicegerentes (sic) suyos” (Villarroel 1738, Parte II, Quest. XI, Art. III, Nº 1).[5]

La distinción, que para nosotros es clara, entre las funciones del juez y las de los gobernantes, se dio tan solo con el triunfo de las nociones jurídicas liberales, hace no más de doscientos años. Por tanto, en la época virreinal ambas funciones se confundían, en virtud del origen judicial de la función gubernativa.

De acuerdo con esa suerte de “confusión” de funciones en el aparato administrativo indiano, resultaba que, por un lado, el virrey tenía atribuciones judiciales y, por el otro, los ministros de la audiencia eran mucho más que solo jueces de apelación. A nuestros ojos esto puede parecer una situación desordenada y caótica; sin embargo, respondía a los orígenes históricos de esas instituciones, y era por entonces entendido como algo natural. En efecto, la audiencia tuvo su origen, en la Castilla medieval, en el contexto de lo que fue la labor judicial del monarca como juez supremo, en los tiempos en que aún no se había formado un órgano distinto del rey y de su propia corte para administrar justicia en apelación, y era el propio rey el que en persona resolvía los litigios. Nacieron así, por una necesidad práctica, las audiencias públicas, en las que el rey, como juez supremo, escuchaba las peticiones o querellas planteadas por sus súbditos; y lo hacía rodeado de ciertos “omes buenos e sabidores” –alcaldes, notarios o letrados-, con cuyo asesoramiento resolvía los casos. El origen de la institución de la audiencia está precisamente en esas audiencias públicas; las cada vez más frecuentes inasistencias del rey a ellas –por la creciente complejidad de sus tareas- llevó a que paulatinamente sus asesores –a los que empezó a llamarse oidores- discernieran justicia sin la presencia física del monarca (Garriga 1994: 47-49). Pero a pesar de esa ausencia, no se concebía la actuación de la audiencia como independiente del rey. Es decir, se entendía que los oidores desempeñaban las funciones propias del monarca. Por eso, en un principio el apelativo de oidor no se refería a un cargo u oficio, sino a una condición adquirida por la fuerza de los hechos: la de asesorar al monarca en las audiencias públicas, y posteriormente la de administrar justicia en representación del rey. Se ha llegado a decir que la Audiencia era el alter ego del monarca, y que por eso quedó situada en la casa del rey, tal como lo dispuso el Ordenamiento de Toro, el cual de algún modo “institucionalizó” la Audiencia (Garriga 1994: 54-56 y 67-69).

Así, tanto el virrey como la audiencia representaban al rey. Y no olvidemos que el virrey era además presidente de la audiencia. Por otro lado, la audiencia, que también era Cancillería, en su condición de tal custodiaba el “sello real”, el cual le permitía emitir las normas de mayor jerarquía en la monarquía, como si las expidiera el mismo rey: las reales provisiones. Por tanto, con el sello real la audiencia representaba al mismo rey. Bartolomé Clavero lo ha afirmado rotundamente: “La audiencia que juzga y la chancillería que sella son el rey. No sólo es que sean creaciones suyas. Es que son el rey mismo”. Por eso, antes que representar la justicia, los oidores eran la conciencia del rey, lo cual estaba vinculado con la no motivación de las sentencias y con el hecho de que se aconsejara que, al votar, evitaran deliberar entre ellos (Clavero 1996: 20 y 37).

La garantía de la justicia no estaba en las decisiones del juez, sino en su persona: si era un hombre bueno, prudente, con experiencia y conocedor de la tradición jurídica, había la seguridad de que iba a discernir adecuadamente justicia con referencia a cada caso concreto que tuviera que abordar, y finalmente de acuerdo con su conciencia. Esto es especialmente notorio en el caso de los jueces de apelación: muchos autores consideraron que ellos podían resolver incluso contra lo probado, si de acuerdo con su conciencia así lo pensaban. Citaremos a Castillo de Bobadilla, quien afirmó que los jueces superiores “representan la persona Real, y como el Rey juzgan según Dios en la tierra (...); no están sujetos al rigor del derecho, ni a juzgar siempre por lo alegado y probado” (Castillo de Bobadilla 1704: lib. V, cap. III, N° 58). Tan importantes eran los jueces de las audiencias que sus sentenciasse equiparaban a las del rey, y se consideraban pronunciadas por él, ya que se expedían con su nombre y con el Sello Real.

En definitiva, “la justicia no residía en el Derecho, sino que nacía del juez” (Garriga 1994: 389). En otras palabras, el juez señalaba en cada caso dónde estaba la justicia. Por eso era tan importante la noción de arbitrium iudicis: para entender la justicia en el Perú virreinal –particularmente en el caso de las audiencias- debe valorarse el papel central del arbitrio del juez, mediante el cual adquiría más fuerza la interpretación judicial, frente al valor normativo de los preceptos generales. Así, el juez podía “modular la justicia, templar el rigor de las penas impuestas por las leyes, dispensar la observancia de ciertas formas procesales, valorar determinadas condiciones de oportunidad y conveniencia para fundamentar una decisión” (Agüero 2007: 47-48).

4. Bibliografía

Agüero, Alejandro (2007). Las categorías básicas de la cultura jurisdiccional. En: Lorente Sariñena, Marta (coord.). De justicia de jueces a justicia de leyes: hacia la España de 1870. Madrid: Consejo General del Poder Judicial, p. 21-58.

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[1] También las Audiencias debían tener libros en los que se guardara copia de las cartas que se enviaran al monarca. Todas las disposiciones mencionadas están recogidas en la Recopilación de leyes de los reinos de las Indias (1681), libro II, título XV, leyes 156-162.

[2] Lohmann refiere que esas copias recogidas por Egas Venegas fueron parte de un libro cedulario mayor que él llevó, en efecto, a Chile, y que posteriormente terminó formando parte de la Sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional de París (Lohmann 1946: 8-9). También Porras Barrenechea (Porras 1944: X-XI) hace referencia a ese cedulario peruano custodiado en la Biblioteca Nacional parisina.

[3] Antonio Muro Orejón se refirió en diversas publicaciones a los libros registros o cedularios del Consejo de Indias. En una de ellas, por ejemplo, puso de relieve el gran conocimiento que el jurista Antonio de León Pinelo tuvo de esos libros (Muro 1960).

[4] Para el caso de la Audiencia de Chile, Jaime Valenzuela ha puesto de relieve la importancia clave del Sello Real, señalando que a través de su utilización se canalizaba la “presencia” del rey (Valenzuela 2001: 82 y 315-321).

[5] En otro pasaje, Villarroel se refiere a los oidores como “vivos retratos del Rey” (Villarroel 1738, Parte II, Quest. XI, Art. III, Nº 90).