Número 22. Mayo-Agosto 2014

Falsificación del sello y reales cédulas de Felipe V en tiempos del marqués de Casa Fuerte (Nueva España, 1720-1731)

Fake stamp and royal charters of Philip V in the time of the Marquis of Casa Fuerte (New Spain, 1720-1731)

Rafael Diego-Fernández Sotelo

El Colegio de Michoacán (México).
rdiego[at]colmich.edu.mx

En el siguiente trabajo se da cuenta del escándalo que se armó en la Nueva España en los años de 1729 a 1731, bajo el gobierno del célebre virrey Marqués de Casa Fuerte, cuando se descubrió una falsificación del sello real, así como una serie de cédulas en blanco con la firma del rey y de sus más cercanos colaboradores que desde Puebla se estaban comerciando. A pesar de tratarse a todas luces de un crimen de lesa magestad, el falsificador encontró el amparo decidido de la jerarquía eclesiástica, lo que en consecuencia generó un furioso enfrentamiento entre el poder temporal y el espiritual que desembocó, como era de esperar, en una guerra de excomuniones y recursos de fuerza.


Fecha de recepción: 29/3/2014

Fecha de aceptación: 24/7/2014


Palabras clave: Falsificación del sello | Reales cédulas | Felipe V, Rey de España | Marqués de Casa Fuerte | Nueva España


Para citar este artículo: Diego-Fernández Sotelo, Rafael (2014). Falsificación del sello y reales cédulas de Felipe V en tiempos del marqués de Casa Fuerte (Nueva España, 1720-1731). Revista de Humanidades [en línea], n. 22, artículo 11, ISSN 2340-8995. Disponible en http://www.revistadehumanidades.com/articulos/74-falsificacion-del-sello-y-reales-cedulas-de-felipe-v-en-tiempos-del-marques-de-casa-fuerte-nueva-espana-1720-1731 [Consulta: Lunes, 16 de Diciembre de 2019].


DOI: http://dx.doi.org/10.5944/rdh.22.2014.14299


Abstract: In this paper realizes the scandal that erupted in New Spain in the years 1729-1731, under the rule of the famous Viceroy Marqués de Casa Fuerte, when a fake royal seal was found, as well as a series of bonds blank with the signature of the king and his closest collaborators from Puebla were trading. Although this is clearly a crime against majesty, the forger found the strong defense of the ecclesiastical hierarchy, which consequently led to an angry confrontation between the temporal and spiritual powers that led, as expected, in a war excommunications and resources force.


Keywords: Fake stamp | Royal charters | Philip V, King of Spain | Marquis of Casa Fuerte | New Spain

Sumario

SUMARIO: 1. Introducción. 2. Presentación del caso. 3. Documentos falsificados. 4. Descubrimiento y descripción del sello. 5. Debate jurídico. 6. Colofón. 7. Anexos: estructura del expediente, lista de actores, real cédula sobre falsificación del real sello, texto de la excomunión hecha al oidor y compañía, imágenes del sello, cédulas y firmas. 8. Bibliografía.

Artículo

A Cecilia Noriega y Andrés Lira por una amistad de tantos años

" (..) los actos y formalidades que envolvían la apertura y el recibimiento de los sellos reales, recuerdan mucho a los ritos litúrgicos, a la liturgia en sí. El sello era consagrado y presentado bajo un lenguaje sacro a los súbditos y, muy especialmente, a la institución que desde entonces (..) lo custodiará en su seno. Como expresa J. Valenzuela Márquez, determinados aspectos de los recibimientos, así como la intención final de persuadir de que en el sello se encontraba el monarca mismo, "nos acercan claramente al dogma de la transubstanciación" (Gómez Gómez, 2008: 45).

Otro de los problemas que más obstaculizaban el ejercicio de la justicia era la complejísima red de jurisdicciones especiales de la época. Algo han escrito sobre el particular López Rey y Beneyto Pérez y mucho más podría escribirse para dar a conocer las dificultades que la concurrencia de tantas jurisdicciones provocaba. Casi cada organismo tenía su propio fuero penal, bien por causa de ciertos delitos, o bien en general sobre las personas de sus miembros. La jurisdicción real ordinaria, la eclesiástica ordinaria, la del Santo Oficio de la Inquisición, la militar, la señorial, la del Consejo de Órdenes, la del de Hacienda, en cierto modo la universitaria. Los problemas entre unos y otros Tribunales entorpecían la administración de justicia, pues suponían una serie interminable de dilatorias cuestiones de competencias, que enfriaban los ánimos y daban tiempo a las negociaciones y a las súplicas o peticiones de ayuda a los altos personajes cortesanos. En más de un caso, la materia principal, esto es, el delito que diera lugar a la fricción de competencias, quedaba olvidada tras el prurito de unos y otros organismos por proteger a los suyos a todo trance. Este fenómeno era una consecuencia más de la rígida estamentalización de aquella sociedad; la división de la misma en compartimientos estancos y la defensa por cada uno de ellos de sus propios privilegios diferenciadores era la causa remota de los numerosísimos abusos y lesiones del "bien común" (tan ponderado por filósofos y juristas precisamente por entonces). (Tomás y Valiente, 1976: I, 322)

1. Introducción

El rasgo que definió al imperio español, de acuerdo con la mayoría de los especialistas en el tema, fue el de tratarse de un verdadero imperio de papel, dado que a pesar de no contar con un ejército poderoso repartido a lo largo y ancho de sus posesiones trasatlánticas aun así se sostuvo y expandió con notable éxito a lo largo de tres centurias -a pesar de los grandes obstáculos que representaban las enormes distancias, los insalvables accidentes geográficos y lo precario de los medios de comunicación de la época-.

El mecanismo de gobierno que se montó para hacer operativo dicho imperio de papel fue conocido en la época como sistema polisinodial o conciliar, debido al hecho de conformarse por un conjunto de Consejos u organismos colegiados que se encargaban de las distintas materias y territorios del imperio (Fernández Albaladejo, 1993). Uno de esos Consejos era precisamente el Consejo de Indias (Schäfer, 2003), que era directamente responsable de los grandes territorios en que fueron divididas las posesiones ultramarinas del monarca católico y sometido cada uno de ellos a otro cuerpo colegiado compuesto de letrados –jurisperitos– y denominados Reales Audiencias Indianas (Muro Orejón, 1989). Al respecto cabe aclarar que cada una de estas Reales Audiencias Indianas se completaba y fortalecía con otra institución llamada Chancillería, a diferencia de las Audiencias peninsulares que no gozaban de este privilegio, dado que la metrópoli sólo contaba con tan sólo dos Chancillerías: la de Valladolid y la de Granada, en tanto que en ultramar llegaron a funcionar en su máximo desarrollo 14 de estas Chancillerías (Garriga, 1994).

El gran prestigio del que gozaban las Chancillerías se debía nada menos a que en teoría albergaban en su seno al propio Monarca representado y sacralizado por el Sello Real.[1] De enorme trascendencia resulta, por tanto, comprender que el pilar sobre el cuál se sostenía el imperio de papel[2] era nada menos que el sello real, importancia que queda claramente de manifiesto en una serie de espléndidos trabajos desde el punto de vista de las instituciones político-jurídicas del antiguo régimen, destacando entre ellos los que versan sobre el tema de las Audiencias y Chancillerías de la autoría de Bartolomé Clavero (1995) y Carlos Garriga (2007), o bien sobre las Reales Audiencias Indianas, de Carlos Garriga (2006) y Rafael Diego-Fernández (2000b). Igualmente el tema ha sido tratado en profundidad desde la perspectiva de la diplomática, y un ejemplo destacado del género lo tenemos en los trabajos que ha realizado Margarita Gómez Gómez (2008).

Para adentrarse en la patología del tema -esto es la falsificación del sello- es necesario acercarse a la bibliografía especializada en la cuestión penal, y al respecto, y a modo de ejemplo, tenemos los trabajos de Tomás y Valiente (1997) por lo que respecta al derecho penal, los de Alonso Romero (1982) para el proceso penal, y los de Agüero (2008) para la justicia penal en Indias, trabajos todos ellos que resultan de enorme relevancia para contextualizar debidamente el problema, aunque el tema que se trata, sobre todo en los trabajos de Tomás y Valiente, es el de la falsificación de la moneda.

En la bibliografía que se ocupa de la historia de las posesiones ultramarinas de la corona española, hasta donde ha sido posible indagar tampoco se ha ubicado ninguna obra que se refiera concretamente al problema de la falsificación del sello real: en cambio, lo que sí se ha venido trabajando con interés, es lo concerniente a la falsificación de reales cédulas, especialmente las relativas a los pueblos de indios –los llamados títulos primordiales– (Carrillo Cázares, 1991: 187-210), e incluso la falsificación de los escudos de armas concedidos a los pueblos de indios (Oudijk, 2013).

En donde sí se aborda del tema, obviamente, de las penas a quienes se atrevieran a falsificar el sello real es en los ordenamientos legales de la época así como en las obras doctrinales, ejemplo de lo cual tenemos en Ramón Francisco Valdés (1855):

“167. Antiguamente, el falsificador de sellos Reales tenía pena de muerte: Ley 2, tit. 6, lib. 7 del Fuero Justo. LL 21, tit. 4, 6 y 7, tit. 12, lib. 4 del Fuero Real. L. 78 del Estilo. LL 4 y 9, tit. 7, P. 7. LL 3 y 4, tit. 6, lib. 8, Ordenanzas Reales”.

Aunque si ingenuamente uno se creyera que lo dicho por los tratadistas apoyados en fuentes legales tan sólidas, como en este caso, era lo que en realidad acontecía, entonces habría que suponer que cada vez que en manos de las autoridades correspondientes cayera uno de estos falsificadores del sello real, simple y sencillamente se le aplicaría la pena de muerte ipso facto, dado que las grandes leyes de la época así lo ordenaban con el aval de los jurisperitos. Lo que con este trabajo se pretende demostrar es precisamente lo contrario, es decir que la realidad superaba por mucho a la norma, a la doctrina y a la jurisprudencia, y que sólo a partir del estudio de los casos concretos que se presentaban en la época es posible descubrir la enorme complejidad, sutilezas y paradojas que se acababan imponiendo y opacando por completo a lo supuesto y dispuesto por la autoridad y, sobretodo, la cantidad de intereses que salían a relucir y de jurisdicciones que hacían colisión a la menor provocación.

En resumen, el trabajo que ahora se presenta aborda precisamente el tema de la falsificación del sello real en Indias, poniendo el acento en la ponderación que de un crimen de tal magnitud hacían las autoridades de la época, en este caso los más destacados juristas tanto del poder temporal como del espiritual, como resultado del choque de competencias jurisdiccionales que en este caso los enfrentó una vez más.[3]

1.1. El documento

Por lo que respecta directamente a la fuente de la cual procede nuestro estudio sobre el tema de la falsificación del sello real, se trata de un extenso y complejo expediente que se encuentra en el Archivo General de Indias, en Sevilla, en el ramo México 686, y que incluye no sólo gruesos legajos, sino también varios volúmenes impresos, que corresponden a lo que en la época se conocía como Papeles en Derecho, y que no resultan otra cosa que los alegatos jurídicos elaborados por las instituciones involucradas en el tema, tanto las temporales como las espirituales.

Procede advertir que este expediente ya ha sido trabajado previamente, pero desde la perspectiva sociológica del autor la parte que se destacó fue la relativa expresamente al tema de la falsificación de las reales cédulas, dejando de lado tanto lo relativo a la falsificación del real sello como todo el debate jurídico que surgió en torno al mismo (Villa-Flores, 2009: 19-41).

1.2. El Virrey Marqués de Casa Fuerte

Desde otro punto de vista tenemos que el proceso al que hacemos relación tuvo lugar entre los años de 1730 y 1731 en Nueva España, durante la gestión del Virrey Marqués de Casa Fuerte, el único virrey criollo, junto a Revillagigedo, lo que les aseguró un lugar muy destacado dentro de la historiografía de tema novohispano y, para nuestra fortuna, se interesó grandemente en el personaje uno de los historiadores más connotados de su época, José de Jesús Núñez y Domínguez, quien dedicó buena parte de su vida a investigar a fondo a nuestro virrey, ubicando y localizando todo tipo de fuentes documentales y bibliográficas, tanto en México, como en Perú y en España, para dar a luz una de las biografías más completas que haya sobre virrey alguno.

Lo sorprendente del caso es que ni aún en tan minucioso estudio de la vida y obra de Casa Fuerte al frente del gobierno superior de la Nueva España se hace la mínima alusión a un caso tan sonado en la época, en el cual se interesó directamente tanto Felipe V como el gran ministro José de Patiño y el Consejo de Indias en pleno.

Sin embargo, algo que resulta del mayor interés en la obra mencionada, es la transcripción que se hace del sermón que se pronuncia en las honras fúnebres que se le rindieron al virrey limeño en la Catedral de México al momento de su muerte:

“Luego que entró en esta Ciudad, fue un cavallero de ella (mejor dixera, uno de sus muchos aduladores) Langostas, que llueven en las Cortes, y viven en los Palacios: Sirenas, que adormecen a los Príncipes, y embelesan a las Magestades, y dixo: Señor Excelentíssimo, me ha parecido el mayor obsequio, que a V. Excelencia se le puede hacer, ponerle en sus manos este papel, para que no padezca engaño en su gobierno. Agradecióselo su Excelencia. Comenzó a leer, y viendo que decía: Por el passe de tal oficio se le dan a su Excelencia tantos mil pesos. Y tantos a su Secretario (toda su suma pasaba de doscientos mil). A pocos renglones se suspendió su Excelencia, y con su acostumbrada serenidad, y seriedad le preguntó: Quanto este papel contiene, es de esta naturaleza? Si, Señor, le respondió el Personage. Pues esta es la respuesta, dixo su Excelencia, y rompiendolo, hecho pedazos lo tiró, no queriendo tener, ni aun luz de lo que no había de executar; como lo experimentamos, porque en todo su tiempo no medió el interés por el passe de las Reales Cedulas. Cuando llegaba el dia de proveer las Alcaldías vacantes, pedía los Memoriales de sus Pretendientes, y meditando quien lo haría mejor, esse se llevaba la merced. Este si que propriamente es beneficio, porque no le precede ningun costo" (Nuñez y Domínguez, 1927: 412).

Lo destacable de la cita es precisamente la referencia a los cuantiosos ingresos que le representaban a los virreyes ilícitos que no dejaban rastro, como el del pase que se daba a las reales cédulas, comentario importante de tomar en cuenta a la hora de considerar la reacción de Casa Fuerte cuando a principios de 1730 llegaron a sus manos las cédulas falsificadas con las que dio comienzo el proceso.

Sin pretender alargarnos en el tema quisiéramos tan sólo subrayar una de las reformas introducidas en el virreinato por iniciativa del propio marqués de Casa Fuerte que muy probablemente está en el origen del proceso que llevó finalmente a Arévalo a perder la cabeza y a falsificar el real sello, cédulas y firmas, información que procede de la real cédula de 1º de octubre de 1733, en donde se da cuenta de cómo Casa Fuerte envió a Felipe V una carta fechada en 12 de agosto de 1728 en donde le informaba que:

(…) el ensayador mayor y balanzario de las cajas de la referida ciudad – de México – había manifestado, que los plateros, tiradores y batihojas, malversaban el uso de sus artes, sin arreglarse á las ordenanzas, leyes y disposiciones, usurpando los diezmos y derechos propios de mi real patrimonio en la mayor parte de la alhaja de plata y oro que fabricaban, espresando difusamente las providencias que se os habían propuesto, así por el juez comisario de las visitas de platería como por el fiscal de esta real audiencia, para atajar los gravísimos perjuicios que se ocasionaban a mi real erario... (Nuñez y Domínguez, 1927: 208-209).

Es decir, que el marqués desde antes de 1727 la había tomado directamente en contra de los plateros, a quienes estaba decidido a meter en cintura, al grado que se las ingenia para lograr el total respaldo de Felipe V con la real cédula citada, con lo que no es difícil imaginar lo indispuesto que por entonces andaría todo el gremio platero en la Nueva España.

1.3. Reformas borbónicas [4]

Aunque no es nuestra intención entretenernos con un tema que da para tanto, tan sólo quisiéramos darle al caso de la falsificación del sello en Puebla un mínimo contexto político que nos ayude a completar el cuadro del caldo de cultivo social del que surgió Juan de Dios Arévalo.

Para empezar es necesario tener presente que el reemplazo de la casa reinante de los Austria por la francesa de los Borbón representó una fuerte sacudida en todo el imperio, no sólo por la larga y sangrienta guerra que se llevó más de una década, sino también por las inmediatas reformas políticas que una vez asegurado el trono empezó de inmediato a implementar el nuevo monarca Felipe V.

Apenas firmado el tratado de Utrech, ese mismo año empezó la instrumentación de la Nueva Planta, reforma que afectó directamente al Consejo de Indias. Por lo que concierne al nuevo modelo de las Secretarías de Estado y del Despacho, si bien es cierto que ya desde 1706 se había dividido en dos la única Secretaría del Despacho que operó bajo los Austria, en 1714 se divide el modelo en cuatro Secretarías, una de las cuales es la de Indias, que se suprime en 1715, pero que vuelve a reinstalarse en 1721, precisamente el año en que los falsificadores deciden fechar las cédulas falsas, lo cual no parece ser una mera casualidad y lo más probable es que con tantos cambios en las competencias del Consejo de Indias, y la nueva injerencia de la Secretaría Universal del Despacho de Marina e Indias, en las propias Audiencias americanas se empezara a generar una gran confusión administrativa, y por tanto cualquier novedad en el despacho y trámite de los documentos oficiales no despertara la menor sospecha. A lo anterior cabe añadir las importantes reformas administrativas que se llevaron a cabo en 1717. [5]

A las anteriores reformas administrativas, luego de una guerra tan feroz y tan compleja, aún hay que añadir el caos que la propia vida familiar del monarca añadió al, en general, apacible ritmo de vida del imperio: primero su viudez, con lo que se dio un giro de 180 grados a las directrices políticas vigentes dado que la clase dirigente de origen francés que se había impuesto hasta entonces cambia por la de origen italiano luego de la segunda boda del monarca en 1714.

Si esto resultó un cambio considerable, más aún lo supuso la noticia, en 1724, de la abdicación de Felipe V en favor de su hijo Luis I, y al respecto fueron notables las grandes fiestas que para celebrarlo organizó en la Nueva España el marqués de Casa Fuerte. Sin embargo, como bien se sabe, apenas a los 6 meses fallecía el nuevo monarca, lo que obliga a Felipe V a volver al trono con el consabido escándalo político que esto supuso.

Para concluir con este apretado repaso tenemos los serios problemas mentales que rápidamente afectaron a Felipe V, quien justamente se traslada a vivir a Sevilla entre 1729 y 1730, quedando el Consejo de Indias en Madrid, problemas todos estos que a la distancia trasatlántica seguramente se magnificarían, provocando como consecuencia un ambiente de incertidumbre y desazón propicio para que individuos como el platero poblano Juan de Dios Arévalo se atreviera a desafiar de tal modo a la autoridad del propio monarca falsificando su sello, su firma y la de sus ministros, así como sus reales cédulas.

2. Presentación del caso

El 31 de agosto de 1730 se recibe en el Consejo de Indias un oficio del Virrey de la Nueva España, Marqués de Casa Fuerte, fechada en 9 de abril de 1730, dando aviso de que se ha presentado un caso de falsificación del sello real, de la firma del rey y de los ministros del Consejo de Indias, y de media docena de cédulas reales en blanco para ser llenadas al gusto y reclamar así con ellas el oficio que ambicionaren los que se hiciesen con una de ellas. La decisión rutinaria que se toma en el Consejo es turnarla de inmediato al fiscal del mismo para escuchar su parecer, y no es sino medio año después, el 15 de enero de 1731, que en el Consejo se acuerda, siguiendo la recomendación del fiscal, se le acuse recibo al Virrey de Nueva España, lo cual se lleva a cabo 15 días después, el 2 de febrero.

Un par de meses después, el 3 de abril de 1731, en el Consejo se reciben cartas del fiscal del crimen de la Audiencia de México, fechadas en 24 y 25 de abril de 1730, dando cuenta pormenorizada del tema, y luego se recibe otra más, el 7 de abril, del mismo remitente, fechada ahora en 24 de julio de 1730, junto con una del obispo de Puebla.

A fin de mes, el 30 de abril, el fiscal le recomienda al Consejo de Indias, luego de analizar tanto los textos remitidos por el fiscal del crimen de la Audiencia de México como los del obispo de Puebla, dado que el caso se ha empezado a complicar mucho más de lo previsto como consecuencia del tema del asilo eclesiástico al cual se acogieron los dos inculpados del delito de la falsificación del sello y las cédulas reales, que se espere a recibir el expediente que sobre el caso se le solicitó al virrey de la Nueva España desde el 2 de febrero antes de tomar ninguna resolución.

En el mes de junio de ese mismo año de 1731 se recibe en el Consejo de Indias ahora un oficio proveniente de Sevilla, fechado el 12 de ese mismo mes -a donde Felipe V había trasladado la Corte desde hacía ya algunos meses-, remitida directamente por José Patiño por órdenes del propio monarca, solicitando se le informara sobre la situación del caso de la falsificación del sello y reales cédulas, dado que en Sevilla también se había recibido la carta del Marqués de Casa Fuerte de 9 de abril de 1730. En el Consejo de Indias se recibe el oficio de Patiño el 30 de junio, y hasta ahí llega nuestra información proveniente de la península.

A diferencia de la lentitud con que se procede en la Corte, máxime que para esos años el monarca residía en Sevilla y el Consejo de Indias en Madrid, lo que hacía de por sí más lenta la comunicación entre ambos, en la Nueva España el Virrey Marqués de Casa Fuerte se tomó muy en serio el asunto claramente preocupado por la trascendencia del caso y la gravedad del delito, y así, a los pocos días de haber llegado directamente a sus manos las cédulas falsas, ya a principios de 1730, el 27 de febrero, el oidor Aguirre, comisionado para ello por parte del Real Acuerdo, empieza a tomar declaraciones, comenzando por la del regidor de Puebla, Miguel Zerón Zapata, a instancias del fiscal de lo civil de la Audiencia.

Gracias a tan oportunas y ágiles pesquisas, ya para el 9 de marzo de ese mismo año se descubre enterrado el sello falso en la huerta de la casa de Arévalo en Puebla, gracias a que lo delató su cómplice, y un par de semanas después salía el oidor Aguirre en persona con una guarnición de soldados a Puebla para sacar a la fuerza al falsificador Arévalo del convento franciscano de San Antonio, donde se había acogido al asilo. Desgraciadamente para los funcionarios reales, el allanamiento a la iglesia y al convento se realizó con lujo de violencia nada menos que el miércoles santo, el 4 de abril de 1730, con total escándalo público, agravado por la pública excomunión fulminada contra la persona del señor oidor y todos sus acompañantes.

Y a pesar de que el allanamiento continuó hasta media noche, no dieron con el prófugo: lo que no había previsto el oidor era que al día siguiente al convento acudiría un gentío a los ejercicios del jueves santo, entre el cual se contaría con lo más granado de la sociedad, y el problema entonces era que sin duda Arévalo fácilmente podría escapar disfrazado, algo que no se podría evitar en modo alguno.

Dado el panorama no le quedó al oidor Aguirre sino negociar con el provisor, con el visto bueno del obispo de Puebla, el traslado de Arévalo a la cárcel del palacio episcopal, previa firma de un acuerdo de que ya no tratarían de extraerlo y permitirían que fueran las autoridades eclesiásticas las que determinaran si le amparaba o no a Arévalo la inmunidad eclesiástica, extremo que negaban rotundamente los juristas seculares.

Desesperado ante este estado de cosas, el fiscal de lo criminal de la Audiencia de México esgrimía toda clase de argumentos para demostrar que por ningún motivo le aplicaba a Arévalo el asilo eclesiástico dado que el crimen que había cometido, nada menos que la falsificación del sello del Rey, por contarse entre los de lesa majestad humana, quedaba excluido del asilo nada menos que por disposición de bula papal, la Cum alias de Gregorio XIV de 1591 (Montanos Ferrín, 2007: 561-575), aunque el asunto se complicó todavía más cuando salió a relucir el tema de que a dicha bula nunca se le había dado el pase oficial a las Indias.

Como miembro integrante del proyecto Sello y Registro de Indias nuestro propósito es centrarnos en el tema del sello real, en este caso de la falsificación del mismo en Indias, sobre todo con la intención de hacer visible una temática tan poco tratada tanto en la bibliografía de la etapa virreinal como en la historiografía contemporánea, por lo que con este trabajo se dará cuenta de cómo era que se presentaba uno de estos tan aparentemente escasos procesos de falsificación del sello real, ubicándolo en el tiempo, el espacio y la situación política del momento – tanto de España como de Nueva España-, y también de las delicadas repercusiones político-jurídicas y socioeconómicas que traían como consecuencia, a partir específicamente de los argumentos esgrimidos por los juristas que terminaron por verse involucrados en un crimen que tanto revuelo causaría en la sociedad de la época.

3. Documentos falsificados[6]

Para comenzar conviene destacar el hecho de que al final de su larga relación de los hechos al Rey y al Consejo de Indias, el Virrey Marqués de Casa Fuerte da cuenta de incluir las cédulas falsas:

Remito testimonio relativo de todos los autos yendo por principio de él dos de las referidas cédulas falsas, quedando en los originales las otras cinco, sobre que se va siguiendo el proceso, de cuya resulta, y de la determinación que en ellos tomare, daré quenta a V. M. en otra ocasión, sirviéndose con examen del que acompaño dar la providencia que fuere de su Real agrado, no omitiendo diligencia alguna a fin de recoger alguna de estas cédulas que pueda haberse expendido. Dios guarde la C. R. P. de V. M. como la christiandad amerita. México, 9 de Abril de 1730. El Marqués de Casa Fuerte (ff. 429-430).

En un expediente tan voluminoso y complicado de manejar, como era de esperar, se incluyen diversas versiones de los hechos que dieron lugar al proceso, y de entre todas hemos seleccionado una de ellas, precisamente la primera declaración que recibe el oidor Aguirre nada menos que de Miguel Zerón, quien en su momento fuera escribano mayor de cabildo y diputación y actualmente ya era regidor de la ciudad de Puebla de los Ángeles, cuya trayectoria y experiencia permite que destaque aquellos hechos y detalles que más interesan en esta exposición: como era de esperar comienza su declaración describiendo cómo eran las cédulas falsas, luego explica cómo fue que supo de ellas y, finalmente, cuál era el valor de estos documentos en el mercado de la época y cómo era posible que se hicieran pasar por auténticas.

Declaración de Miguel Zerón. En la Ciudad de México, a veinte y siete de febrero de mil setecientos y treinta, el Señor Oydor Juez de esta causa, en cumplimiento de lo que tiene mandado en el auto antecedente, habiendo pasado a los cuarteles del Real Palacio, hizo comparecer ante sí a Don Miguel Serón Zapata, Regidor de la Ciudad de los Ángeles, que se halla preso en ellos, del cual recibió juramento que hizo por Dios Nuestro Señor y la Señal de la Cruz según derecho, prometió decir verdad y de guardar secreto.

Y siendo por dicho Señor preguntado al thenor de la cita que le está echa en estos autos: Dixo que es cierto y verdadero lo que contiene la cita y que desde luego la ha de haber hecho Don Diego de Neyra, Escribano Real y Público de la Ciudad de la Puebla, quien le dijo al declarante, tres o cuatro días antes de venir a esta Corte, que había visto otra según y como en poder de Don Xtobal Martínez de Castro, vecino de esta dicha Ciudad de la Puebla y familiar del Santo Oficio de la Inquisición de este Reyno, que es la misma que paró en poder de dicho Don Xtobal, la que en poder del declarante vio dicho Don Diego de Neyra, como está hasta el presente, y es la misma que exhibe, que es un pliego a lo largo, del sello primero, de quinientos y cuarenta y cuatro maravedís, del año de mil setecientos y veinte y uno, y (en) el lugar regular una firma que dice Yo el Rey, y abajo un renglón que dice Yo Don Andrés de el Corobarrutia y Zúpide, Secretario del Rey Nuestro Señor la hice escribir por su mandado, y señalado con una rúbrica, y en lo bajo de el papel, al un lado, una razón que dice Duplicado, y al otra que dice Corregido. Y está señalada con otra rúbrica, y otra al su medio y en el lugar del pie una razón que dice Futura de las Indias, a cuio margen está una señal como esta Rl. Y al reverso, en el lugar acostumbrado, tres firmas que dicen Don Andrés de Pez, Don Diego de Roxas, Don Manuel Vadillo y Velasco, y debajo de estas firmas, señalado con oblea, en el lugar donde parece haber estado pegado el Real Sello, que está de por sí, con el Escudo de Armas Reales, y anotado Registrada, y por el Gran Chanciller. Dos firmas que dicen Don Andrés González Badillo – es decir dos veces la misma firma -, y al fin del papel una razón en dos renglones cortos que dice Derechos del Sello y Registro, sesenta y nueve maravedís. Señalado con una rúbrica, la cual está en el pliego extendido, como vienen los títulos de otras mercedes. Y otra cédula en la forma de carta, del sello tercero, de sesenta y ocho maravedíes, del año de mil setecientos y veinte y uno, con una firma en el medio que dice Yo el Rey, y más abajo Por mandado de El Rey Nuestro Señor, Don Andrés del Corobarrutia y Zúpide, y más abajo tres rúbricas. Al margen una razón que dice Duplicado. Otra de esta manera Rl.

Y al otro lado otra que dice Corregido.

Y que el haber parado en poder de dicho Don Xtrobal estas mismas cédulas se lo dijo al declarante Don Juan de Dios Arévalo y Chacón, maestro de platero, vecino de dicha Ciudad de los Ángeles, quien dijo las había habido de un tío suyo, cura que fue de San Andrés Chalchicomula, de la Jurisdicción de Thepeaca, de quien fue albacea el dicho Don Juan de Dios, y que dicho cura las había conseguido para el dicho Don Juan de Dios, para la futura que quisiese en este Reyno, y que este Don Juan de Dios le dijo al declarante se las había mostrado a el Lic. Olachea, abogado de la Real Audiencia de este Reyno, y vecino de dicha Ciudad de los Ángeles, quien le había dicho que si pasaba en compañía suya a México las vendería por doce o catorce mil pesos, y que el dicho Don Juan de Dios Arévalo es deudor a este declarante de cincuenta pesos, en que le tenía dado en empeño un forlón que devolvió a causa de haberle entregado dichas dos reales cédulas, diciéndole se las entregaría para efecto de que se le despacharen a el declarante en cualquiera futura de las bacas, con tal de que luego que surtiese efecto el despacho y posesión de la que fuese, le había de entregar un mil pesos, y doscientos luego que se restituyese el que declara de esta Corte a aquella Ciudad. Y a mas de lo referido, la mitad de lo que produjese la futura en que se le pusiese al declarante en posesión.

Y que habiendo visto y reconocido dichas dos reales cédulas por haber visto otras muchas de el mismo tiempo y antecedentes desde que tiene uso de razón por el manejo que siempre el declarante ha tenido de negocios, así en esta corte como en dicha Ciudad de la Puebla, de donde fue Escribano Mayor de Cabildo y Diputación, y actualmente Regidor, tuvo por ciertas y verdaderas dichas reales cédulas, aunque siempre le ha pulsado al declarante haber visto las que ha exhibido en blanco, aunque tiene noticia, por habérsela dado Don Xtobal de Zerdio, Oficial Mayor del Oficio Público de Don Diego Antonio de Robles y Sámano, Escribano del Número de aquella Ciudad, de parar una cédula en blanco, real título del Escribano Real que le vendían en el Convento de Santo Domingo de la misma Ciudad uno de sus religiosos, que no le dijo su nombre.

Y que esto es todo lo que sabe y la verdad, so cargo del juramento que fecho tiene, en que aún que le fueron hechas otras muchas preguntas por el Señor Juez, se afirmó y ratificó, añadiendo que con dichas reales cédulas no ha hecho ninguna diligencia, pero se hallaba resuelto a presentarlas a su Excelencia pidiendo se las mandase llenar en lo que fuese servido. Declaro ser de edad de cincuenta y siete años, y lo firmó. Y el Señor Oydor lo rubricó, señalado con su firma. Miguel Zerón. Ante mí, Joseph Manuel de Paz, Escribano. (678-683).

No deja de sorprender el hecho de que alguien con toda esta experiencia cayera de manera tan fácil en la estafa.

4. Descubrimiento y descripción del sello

Lo relevante del pasaje que sigue radica en el hecho no sólo de dar cuenta de cómo fue que se descubrió el sello falso del rey de España enterrado en la huerta de una casa particular en Puebla de los Ángeles, sino que se incluye la descripción exacta del sello.

En cumplimiento de lo mandado por el Sr. Licenciado Don Francisco Antonio de Bustamante, abogado de la Real Audiencia de esta Nueva España, Justicia Mayor de esta Ciudad, etc. por su auto de el día de la fecha por ante mí en un despacho librado por el Sr. Don Joseph Francisco de Aguirre, del Consejo de S. M., su Oidor de la Real Audiencia de esta Nueva España, yo el escribano puse un tanto de este testimonio que puse a continuación de una diligencia que su merced hizo conmigo y Joseph Hernández de Priego, Escribano de su Magestad y Público de entradas de la cárcel pública de esta Ciudad y de los Ministros de vara de la asistencia de su merced, del descubrimiento de un sello que por denuncia hecha a su merced por Don Antonio Murgia, refugiado en la Santa Iglesia de esta dicha Ciudad, se halló en un arriate de una huerta que está en una casa que llaman de Barrientos, que fue de la habitación de Juan de Dios Arévalo, y se expresó en dicha denuncia estar en dicho paraje, como así mismo haverle hallado dicho Murgía entre los moldes de platería pertenecientes a dicho Juan de Dios Arévalo, y que le enterró el denunciante, cuio thenor es el siguiente:

Incontinenti su merced a dicha hora pasó en mí compañía y de Joseph Hernández de Priego, Escribano de S. M. y Público de entradas de la cárcel pública de esta Ciudad, y de Francisco Xavier de Argueta y Pedro González, Ministros de vara de la asistencia de su merced, a la casa que llaman de Barrientos, en el barrio de Nuestra Señora de la Soledad, en donde aprehendió su merced, que constan en los autos pertenecientes a Juan de Dios Arévalo, que fue dicha casa de su habitación y morada, y entrado en un cuarto con puerta que cae a una huerta, que por estar cerrada se llamó a un maestro herrero, y desclavó la chapa, entró su merced e yo el presente escribano, y dicho Joseph Hernández de Priego, y dichos Ministros, y en nuestra presencia su merced sacó el papel de las señas que da de dónde se hallaba el sello, y puéstonos todos a escarbar se descubrió dicho sello por dicho Pedro González, maestro, al cabo de algún tiempo.

Y dádoselo a su merced lo reconoció con nosotros, y es el mismo que para en poder de su merced, con unas letras a el rededor que dicen Philipus V: Dey gratia hispaniarum Rex, y dentro unas armas que se componen de cuatro leones, tres flores de lis, en un cuartel unas rallas; en otro otras, y dos águilas, y encima una corona con una cruzecita pequeña, y abajo, frente de dicha cruzecita, uno como un Jesús, y pendiente de él uno como corderito, y alrededor unas como florecitas, y luego un círculo redondo. Que habiendo venido a estas Casas Reales lo medí yo el Escrivano con el primer sello de este pliego, y lo hallé igual con él. Y dicho sello es a el parecer de cobre, de cuatro dedos de largo y tres de ancho, y por detrás tiene un poco de pez en dos partes.

Y su merced me mandó a mí el presente Escribano, pase con él ante a ver a dicho Antonio Murguía, y que se lo demostrase si era el mesmo de la denuncia que tenía hecha a su merced, y que si dicha y papel eran escritas de su letra, y con efecto, habiendo pasado a dicha Santa Iglesia, y habiéndolo hallado en un cuarto que está inmediato al sagrario, habiéndolo saludado, le demostré dicho sello y dos papeles, y cogídoles en su mano y reconosídolos dixo ser el mesmo, y dichos papeles de su letra todos con los qual pasé.

Y le dí razón a su merced de lo que había dicho, y como me pidió testimonio de ello, y su merced me mandó a mí el escribano lo pusiese por testimonio.

E yo dicho Joseph Hernández de Priego así mesmo certificó haver pasado todo lo referido como va expreso, y haver hecho la mesma diligencia de medirlo y hallé estaba igual con el primer sello deste pliego.

Y para que conste en cumplimiento de lo mandado por el auto de la vuelta, y de conocer a dicho don Antonio Murguía, damos el presente en la Ciudad de los Ángeles, a diez y nueve de marzo de mil setecientos y treinta años, siendo testigos dichos Ministros, y lo firmamos con su merced. Lic. Francisco Antonio de Bustamante. (ff. 691- 695).

5. Debate jurídico

Como podemos constatar los hechos resultan de lo más claros y no ofrecen mayor género de duda: a manos del virrey llegan una serie sospechosa de cédulas reales en blanco, lo que de inmediato genera una pesquisa que rápidamente da con el autor del crimen, y también con el resto de las cédulas apócrifas y con el sello falso que se utilizó para su realización.

Como ya se sabe la doctrina y legislación coincidían en el hecho de que al autor de la falsificación del sello real le sería aplicada la pena de muerte. De acuerdo a lo anterior uno supondría que ante un crimen de esta magnitud los días de vida de Juan de Dios Arévalo estaban contados dado no sólo la coincidencia de la legislación y la doctrina sobre la aplicación de la pena capital, sino también la que existía entre el virrey y la Audiencia de México de ejecutar de inmediato al falsario; entonces cuál fue la poderosa mano que se interpuso entre la voluntad del monarca y de sus máximas autoridades novohispanas y el merecido castigo que le correspondía recibir al autor del mayor de los atentados posibles en contra de la magestad del rey - sólo por detrás del atentado contra la vida misma del soberano.

Como sabemos fue la mano del otro gran poder reinante en la época: la entonces todopoderosa Sacra, Católica y Apostólica Iglesia romana.

Para entender lo anterior es necesario partir de los hechos, en este caso de la fuga de Juan de Dios Arévalo de la cárcel de las Casas Reales de Puebla y haberse acogido al asilo eclesiástico en el convento franciscano de San Francisco de Puebla, lo que de manera automática involucró al poder espiritual que, como se sabe, tenía larga experiencia en esta clase de enfrentamientos en contra del poder temporal, que por lo general solía salir muy maltrecho, desgastado y disgustado de esta suerte de batallas campales.

En este caso parecería que los civiles le llevaban clara ventaja a los eclesiásticos dada la magnitud del delito de que se trataba, nada menos que el que encabezaba la lista de los calificados de lesa majestad humana, y por tanto exceptuados del asilo eclesiástico tanto por el Derecho Común como por el Eclesiástico, algo en lo que coincidían, como ya se mencionó, tanto la ley como la doctrina, e incluso las bulas papales, dado que había una que expresamente lo aceptaba. Luego entonces, si no le amparaba tampoco a Juan de Dios Arévalo el asilo eclesiástico, ¿cómo es que se dio la colisión de competencias jurisdiccionales entre ambos poderes?

Aquí es donde hacen acto de aparición los equipos de juristas de cada bando que, como era de esperar, de inmediato comienzan a sacar a relucir una serie interminable de antecedentes legales y doctrinales en favor de sus respectivos intereses, así como sorprendentes matices y artimañas procesales de todo tipo, solo que en esta ocasión los del bando eclesiástico terminan por sacar de quicio a sus rivales, quienes en un arranque de cólera deciden profanar con lujo de violencia el convento en busca del prófugo, justo un miércoles santo, con lo que llevan el conflicto al terreno contrario, entremezclando de ese modo el atentado de Arévalo con el cometido en contra del convento por el oidor de México siguiendo órdenes del propio virrey.

Como bien se podrá imaginar con ello quedaron atadas las manos del monarca y las de sus consejeros, tanto de la Secretaría del Despacho como del Consejo de Indias, pues cualquier decisión que se tomara en contra de Arévalo involucraba inevitablemente el atentado cometido en contra del asilo eclesiástico.

Pero vayamos por partes y veamos cuáles fueron los argumentos esgrimidos por los contendientes, por un lado el alcalde del crimen de la Audiencia de México y por el otro el provisor fiscal del arzobispado de México, verdaderos pesos pesados de cada bando. Se incluye al principio el dictamen del fiscal de lo civil de la Audiencia de México dado que fue el que le señaló al marqués de Casa Fuerte el camino jurídico a seguir, y al final el alegato presentado por el abogado defensor de Arévalo pues resulta por demás sugerente y sorprendente… y por lo mismo muy revelador de la mentalidad de aquella gente.

Fiscal de lo Civil de la Audiencia de México.

Prudencio Antonio Palacios (1979), cuando se le consulta por parte del Marqués de Casa Fuerte, al llegar a sus manos las cédulas falsas -según correspondía en su calidad de Fiscal de lo Civil de la Audiencia de México-, cómo debía proceder, emite el siguiente dictamen:

Y con lo que dixo el Señor Fiscal Licenciado Don Prudencio Antonio de Palacio en respuesta de veinte y nueve de Henero de este año, exponiendo la gravedad del delicto que resulta de los indicios de falsedad que se manifiestan, y pidiendo se cometiese su averiguación a uno de los Señores Ministros Thogados, para que con escribano de su satisfacción que jurase el secreto recibiese declaración a Don Martín de Echartena para que exprese de quién las hubo, cuándo, dónde y ante qué personas; y declarándolo como es consiguiente al celo con que dio la noticia, pasase a la aprehensión de el que resultase autor o reo, y al embargo de bienes, pues según la Ley Tercera, Título Diez y Siete, Libro Ocho de la Recopilación de Castilla, incurre en perdimiento de ellos el que falsea el Real Sello, y se estima por alevoso. Y cateándole sus casas y escriptorios, secuestrándole qualesquiera papeles para su reconocimiento, asegurando su persona en bartolina, donde no comunique con persona alguna, y lo demás que dicho Señor Fiscal tuvo por de justicia y expresa largamente dicha respuesta contra todos los que resultaren culpados. Y en su vista, por Decreto de treinta y uno de Henero su Excelencia dio comisión a dicho Señor Oydor para que procediese a la averiguación de lo que en ella se contiene, y a los demás procedimientos que fueren conforme a Derecho y resultaren de las diligencias. (ff. 14-15).

Fiscal del Crimen de la Audiencia de México.

Ambrosio Melgarejo, como era de esperar, en su carácter de fiscal del crimen de la Audiencia de México, en su papel en derecho define, por principio de cuentas, una serie de fundamentos:

  • El primero de ellos el que las dos potestades –temporal y espiritual– conformaban un solo cuerpo y República Cristiana unidos por la justicia.
  • En seguida, que los jueces eclesiásticos y seculares en el tema de la inmunidad se tenían que atener al derecho canónico y real y no, en cambio, a la bula de Gregorio XIV.
  • El tercer fundamento hace énfasis en los delitos notoriamente exceptuados.

El siguiente paso es afirmar que aun cuando la bula gregoriana tuviera vigencia en Indias, por resultar Arévalo reo de lesa majestad no le amparaba el asilo eclesiástico.

Y por tanto, que se excedió el juez eclesiástico en resistir con censuras la extracción de Arévalo del Convento de San Antonio.

Su conclusión del planteamiento es que el juez eclesiástico comete fuerza en conocer y proceder dada la naturaleza de la causa y del reo.

El fiscal del crimen decide comenzar por el principio, es decir demostrando que el delito de falsear los reales sellos y firmas excede por su gravedad a cualquier otro delito, pues al autor del mismo le resulta imputable el cargo de robador conocido y ladrón manifiesto que la ley 3, tit. 2, lib. 1 de la Recopilación de Castilla, así como la ley 4, tit. 1 de la primera Partida, excluyen de la inmunidad eclesiástica. En este caso se demuestra con el robo manifiesto de las insignias reales, robando también al público engañado que paga por las cédulas falsas. Por si estos cargos fueran pocos, califica el crimen cometido por Arévalo más criminoso que el de salteador de caminos, al cual igualmente desampara la Iglesia.

Por supuesto también lo califica, además, de lesa majestad por ser contra el Rey y la República, teniéndolo por aleve,[7] según la ley 5, tít. 17, lib. 8 de Castilla, y traidor contra la Real Persona de acuerdo a la ley 1 y la 14, tít. 2, Partida séptima, que se refiere precisamente a quando algun home face falsa moneda, ó falsea los Sellos del Rey. E sobre todo decimos, que quando alguno de los yerros sobredichos es fecho contra el Rey, contra su Señorio, ó contra pro comunal de la tierra, es propriamente llamada traycion, lo cual le sirve para concluir que quién se atreverá a negar que el de Arévalo es un crimen en contra del Rey, del Reino y pro comunal de la tierra (Diego-Fernández y Mantilla, 2012).

El siguiente paso que da es el de considerar que si la prodición[8] en cualquier individuo se considera exceptuada de la inmunidad eclesiástica, por tanto con mucha mas razón el de latraycion contra el Principe en la falsedad de su Real Sello, y Firma,puesta en execucion, y manifestado el animo de dañar con ella, y usar de los Despachos, repartiéndolos por otra mano para que se les solicitasse el passe, y cumplimiento, como si fuesen Reales Cedulas, sin que conste de otro Autor de ellas, que el mismo Arevalo, saliendo de su poder para difundirse, como lo tiene confesado.(Diego-Fernández, 2000a: 91-160).

Para fundamentar su argumento acude a Matheu (1677), Controv. 7, núm. 26, en donde se trata del caso de quien usurpó, falsificando reales rescriptos, un oficio público, incurriendo por ello en crimen de lesa majestad y por tanto se le condenó a muerte, sin que le valiese la inmunidad eclesiástica a que se acogía. Lo que lleva a Melgarejo a solicitar la pena de muerte contra Arévalo, para lo cual se basa en la ley de Partida citada y en Matheu (1677), Controv. 7, números 26 a 28, y en la 4, núm. 7.

Para reforzar su punto de vista Melgarejo saca a colación lo decidido por la Sagrada Congregación de Cardenales de 17 de agosto de 1618 respecto al castigo que correspondía al clérigo acusado de cometer el enormísimo crimen de lesa majestad de acuerdo a la común opinión de teólogos, canonistas y juristas: ser degradado y excluido de la inmunidad eclesiástica acordada por el Concilio de Trento. Por lo que concluye que si la Iglesia priva de la inmunidad a los propios clérigos culpables de lesa majestad, con mucha mayor razón se le debe negar a Arévalo.

Debido a que con su papel en derecho no logra Melgarejo su objetivo, que no era otro que el de convencer tanto al obispo como al provisor de Puebla de que no le correspondía a Arévalo la protección de la Iglesia debido a que había cometido un crimen de lesa majestad, que se contaba entre los exceptuados del asilo eclesiástico, insiste ante el Real Acuerdo para que expida una Real Provisión que servirá de marco legal a Melgarejo para interponer el recurso de fuerza en conocer y proceder por parte del provisor, y así conseguir el que les remitan el expediente completo y cerrado a la propia Audiencia, lo cual ejecutan de inmediato. Los argumentos que usó para convencer al Real Acuerdo fueron los siguientes:

En primer lugar que se trata de uno de los delitos exceptuados de inmunidad eclesiástica -la falsedad de la Real firma y sello, así como el tráfico de cédulas apócrifas– según el Derecho Común, los doctores en derecho y la propia costumbre. Menciona cómo la propia Iglesia niega dicha inmunidad a los culpables del crimen de lesa majestad en interés propio, dado que la propia seguridad de los eclesiásticos depende de la de los príncipes seculares, tanto en sus personas como en sus estados y dominios… y perturbarse todo su orden con la traición y tiranía de los que ofenden su dignidad, y no estar ni la misma Iglesia segura del daño público que semejantes delitos envuelven.

Su argumentación se remonta al tiempo de los romanos, trayendo a colación el ejemplo de Cacio Bruto, quien luego de acordar abrir las puertas de la ciudad a los enemigos de Roma se refugió en el templo auxiliar de Palas, en donde fue encerrado hasta provocarle la muerte.

El siguiente argumento que saca a relucir es el de la Bula Gregoriana, la cual aunque sólo fue válida para las partes y lugares en que se le expidió – que no fue el caso de las Indias -, exceptuó expresamente los delitos de lesa majestad, siguiendo en esto lo establecido por el Derecho Común, lo cual le sirve para hacer énfasis en que niega la inmunidad de Arévalo con base en el Derecho Común y no en la Bula Gregoriana por el hecho de que nunca recibió el pase para América – se refiere a la Cum alias de 1591.

Uno de los matices jurídicos que mayor controversia generaron en el enfrentamiento entre los máximos juristas del gobierno temporal y del espiritual fue el de que para considerarse en realidad delito de lesa majestad, y por tanto de los exceptuados de la inmunidad eclesiástica, tenía que ser cometido directamente en contra de la persona del príncipe, lo que lleva al fiscal de la Audiencia de México a desarrollar su tesis de que esto no era así, sino que bastaba que el atentado fuera contra la dignidad y majestad del príncipe, en sus palabras:

Y así, aunque no sean contra la individualidad de ellas, siendo contra la dignidad y Majestad, se entienden y comprehenden en los executados contra la persona del Príncipe, pues aún en los contractos probados el expresar persona no es para restringirlos a lo personal y privarles de la acción real que contuvieron, sino para demostrar la persona con quien se hacen, y si fuera tan restricta la exceptuación se siguieran los inconvenientes y absurdos de que delinquiendo contra otra persona de la familia Real, y haciendo trayción en entregar los Estados, o en otra forma que no llegase a lo individual del Príncipe, se pudiesen los reos amparar a la Yglesia estando excluidos en otros delitos de menos atrocidad, y estando por Derecho y costumbre observado, especialmente en los dominios de España, el que no gocen de Inmunidad.

Para que no quedara la menor duda de que no amparaba a Arévalo la inmunidad eclesiástica por tratarse del suyo de un crimen de lesa majestad, toca ahora el caso de los desertores de la milicia, a quienes se ordena sacar incluso mediante el uso de la fuerza de los asilos eclesiásticos en que se hubieren refugiado, por la calificación de lesa majestad que le atribuían a la deserción el Real Decreto de 14 de mayo de 1708, recogido en el tomo segundo de la Nueva Recopilación de los Reglamentos y Ordenanzas Militares, precisamente en la ordenanza correspondiente a la inmunidad de los desertores. La conclusión al respecto es muy clara: si se refugia en sagrado alguien que cometió uno de los delitos exceptuados no le ampara la inmunidad y por tanto puede ser sacado a la fuerza sin que por ello la Iglesia pueda exigir su restitución aduciendo posible despojo.

Y si lo anterior se entiende para el mero desertor, mucho más en el caso de quien osó falsificar la firma y el sello del Rey, la firma de sus ministros del Consejo de Indias e introducir en el mercado novohispano cédulas falsas.

Retoma de nueva cuenta lo acordado por la Sagrada Congregación de Cardenales de 17 de agosto de 1618, respecto a que no se admitiría la inmunidad de los legos en aquellos delitos tan enormes que se castigan con la degradación de los propios clérigos, y como el Derecho Canónico contempla expresamente el caso de los clérigos que falsearen los sellos del rey, quienes no sólo serían degradados, sino señalados con alguna señal física y desterrados, y da cuenta de cómo por orden expresa del Pontífice así se hizo con los clérigos que se atrevieron a falsificar el sello del monarca francés, medida que incorporó la ley sesenta del título sexto de la séptima Partida, estipulando que el clérigo que falsease carta o sello del Rey debía ser degradado y señalado con fierro caliente en la cara, para que fuese reconocido como tal falsario, y fuese desterrado del reino o señorío del rey cuyo sello hubiese falsificado.

Por tanto el fiscal del crimen a través de un apoderado remitió al provisor de Puebla la justificación de la causa para informarle que se trataba de uno de los delitos exceptuados y por tanto se abstuviese de proceder y se limitara a entregar al reo. Sin embargo, a pesar de haber sido requerido el provisor de Puebla para que entregara sin más dilación a Arévalo por tratarse de un crimen de lesa majestad y por tanto de los exceptuados de la inmunidad eclesiástica, tanto por el oidor como por el fiscal del crimen, dicho provisor no atendió el requerimiento, por lo que ahora Melgarejo se dirige directamente al Real Acuerdo, es decir al cuerpo conformado por el Virrey y por los oidores, para interponer el recurso de fuerza.

Esto que plantea el fiscal Melgarejo tuvo lugar luego del allanamiento que con lujo de violencia realizó el Oidor Aguirre, con el cuerpo de militares que llevó de México, en el Convento franciscano de San Antonio, en pleno centro de la ciudad de Puebla, a donde no sólo forzó cerraduras, tiró puertas y abrió boquetes, sin dejar pieza sin revisar luego de romper todo lo que se ponía en su camino y maltratar a los clérigos, sino que incluso se metió en la iglesia del convento y dirigió su furia contra todos los altares y capillas laterales, concluyendo, en su desesperación por dar con el prófugo, profanando las tumbas del cementerio del convento, sospechando que Arévalo pudiera estar escondido en alguna de ellas.

Todo lo anterior tenía lugar entre martes y miércoles santo, con el consabido escándalo de los habitantes del lugar, y dado que el Jueves Santo darían inicio los oficios de Semana Santa, a los cuales concurría una multitud de gentes, sería imposible evitar que Arévalo aprovechara la ocasión para salir disfrazado y evadir una vez más la justicia, lo que llevó al oidor a aceptar el trato que le hacía el obispo de Puebla a través del provisor, de que permitiera que se extrajera a Arévalo del convento y se le encerrase con grillos y a satisfacción del propio oidor en el palacio episcopal, propuesta que no le quedó más remedio al Oidor Aguirre que aceptar, a cambio también de que se les levantara la excomunión a todos los que habían participado en el allanamiento.

Como consecuencia de lo anterior Melgarejo se ve precisado a abordar el tema y explicar cómo la avenencia entre el provisor y el oidor no resulta de ninguna manera un obstáculo jurídico para interponer el recurso de fuerza dado que la jurisdicción real no puede abdicarse por no ser libre el oidor disponer de la jurisdicción.

Concluye afirmando que el único alcance de dicho acuerdo fue el asegurar la persona de Arévalo y evitar así su segura fuga dadas las circunstancias que se presentaban, y solicitando al Real Acuerdo ordene al provisor de Puebla la entrega del expediente para decidir si procedía o no el recurso de fuerza en conocer y proceder.

Lo sorprendente del caso es que lo único que consiguió el fiscal Melgarejo luego de todo el esfuerzo realizado para que se hiciera justicia en el falsario del sello, firma y cédulas del rey, fue que el Real Acuerdo, luego de revisar el expediente, acordara lisa y llanamente:

Dixeron que en conocer y proceder en esta causa el Provisor y Vicario General de el obispado de la Puebla de los Ángeles no hace fuerza, y que se le devuelvan los autos, y así lo proveyeron y rubricaron. Señalado con cinco rúbricas de los señores Marqués de Villahermosa de Alfaro, Olivan, Gutiérrez, Malo, Veytia.

Provisor Fiscal del Arzobispado de México

Entre los argumentos del provisor fiscal del arzobispado, José Joaquín Flores Moreno, el primer punto que aborda es, como era también de esperar, el de la inmunidad eclesiástica, sacando a relucir una serie de títulos jurídicos que venían a demostrar justo lo contrario a lo aducido por Melgarejo, pues ahora demuestra cómo claramente la corona había estado siempre en favor de la inmunidad eclesiástica, llamando seriamente la atención a las autoridades temporales que se habían alguna vez atrevido a violarla.

Pero por lo que respecta concretamente al tema de la falsificación del sello real el provisor fiscal saca a relucir los siguientes precedentes, en donde resulta por demás llamativo el hecho de que se atreva a abandonar el campo jurisdiccional que le compete, el de la inmunidad eclesiástica y los delitos exceptuados, e incluso el de la vigencia o no de la bula gregoriana correspondiente, y se meta al fondo del asunto: esto es el de la falsificación del real sello y las consecuencias jurídicas del mismo, trayendo a colación una serie de precedentes, empezando por el de la falsificación del sello del rey de Francia en tiempos de Urbano III, y luego el de la falsificación de la firma y sello del serenísimo duque de Toscana en 1644, o el acaecido en 1605 cuando un toscano y un napolitano falsificaron el sello y la firma del rey de España, obteniendo con las cédulas apócrifas que hicieron algún provecho personal.

Al respecto, y ya de entrada, resulta por demás singular el que los precedentes citados por el provisor fiscal sean por una parte tan antiguos y que tan sólo uno de ellos fuera concerniente al ámbito de la monarquía hispana, además de que no se cite ni uno sólo que hubiese tenido lugar en los dominios trasatlánticos del monarca católico.

Lo segundo que llama poderosamente la atención es el hecho de que insista tanto en el hecho de que, a pesar de la gravedad misma del delito, en ningún caso se aplicó la pena de muerte, ya que en el caso de la falsificación del sello del rey de Francia procedió la simple degradación verbal o deposición, estigmatización en el rostro y destierro de la provincia, y de ninguna manera mutilación alguna y menos aún pena capital. En el caso de Juan Antonio Venturino sólo se le condenó a galeras, y aún esta pena no llegó a ejecutarse por haberse conmutado por la de destierro perpetuo. En el de los cómplices de Nápoles y Palermo, que falsificaron la firma y sello del rey de España, fueron condenados únicamente a azotes y servicio de galeras por 10 años, a pesar de que habían obtenido algún provecho personal con ellas, lo que le lleva a sostener que:

De que puede inferirse, que si estando un Reo confeso, y convicto en el Crimen de falsificar la Real Firma, y Sellos de su Magestad, con la Refrendata de su Secretario, y habiendo reportado algun commodo de su malicia, no experimentó pena capital, siendo menos circunstanciado el delicto de Juan de Dios Arevalo (caso que lo hubiera cometido) por no haver tenido el menor logro su falsedad, parece que no debe por ello morir, y mucho menos privarse de la Inmunidad de la Iglesia.

Como queda claro la intervención del provisor fiscal rebasa ampliamente el ámbito de la competencia eclesiástica dado que va más allá del mero análisis de si se trata o no de uno de los delitos exceptuados, y por tanto sujeto a inmunidad, y se entra de lleno al fondo del asunto de qué tipo de pena merecen los que falsifican el sello, la firma y las cédulas del rey de España, y se pronuncia claramente en contra de la pena capital, con lo que resulta más evidente el papel protagónico que se adjudicó la Iglesia en el caso adoptando el papel de juez y parte claramente en favor del reo y en contra directamente de los interese del soberano.

Abogado defensor de Juan de Dios Arévalo

Ahora tenemos el punto de vista de un simple jurista práctico, Julián Ortiz de Osuna, quien no está para defender los intereses ni el punto de vista de nadie que no sean los de su cliente, Juan de Dios Arévalo. Como era de suponer lo primero que hace es poner en duda la culpabilidad de su cliente y llamando más bien la atención en el otro acusado, Murgía, quien dio la pista para ubicar el sello falsificado enterrado en la huerta de la casa de Arévalo. Enseguida pasa a defender el derecho a la inmunidad eclesiástica que le ampara, para lo cual trae como antecedente la Congregación de Inmunidades de 7 de noviembre de 1651, que incluyó como requisito indispensable para la privación del privilegio de inmunidad la presentación de pruebas concluyentes, y de ahí que concluya que, a falta de éstas por la presencia de una serie de dudas, su cliente gozaba del privilegio de inmunidad.

El abogado defensor da un paso adelante pues trata de convencer que ni aun siendo cierto el que su cliente hubiera falsificado el sello y las reales cédulas, ni aun así se hubiera consumando el delito dado que las cédulas requerían del pase del Virrey y era del todo evidente que éste se daría cuenta –como se dio en los hechos de inmediato– de que eran falsas las cédulas. El nuevo matiz que ahora se presenta es el del fin perseguido por el falsificador del sello, firmas y cédulas del rey, así como la posición social del falsificador y, también, las posibilidades reales que tenía de salir airoso de su crimen, pues en sus propias palabras:

Supongo lo segundo, que aunque mi parte hubiera falsificado las referidas cédulas para descubrir la mayor o menor gravedad de su traición se ha de atender el fin que pudo tener para cometerla, y éste, considerando su humilde esfera, a lo más que podía aspirar era a lograr algún provecho o utilidad, no a maquinar alguna conjuración contra la Real Persona de S. M., ni aún irrogarle daño alguno considerable. Y no teniendo mi parte exercicio militar ni político, cómo se podían recelar los inconvenientes y gravísimos perjuicios que refiere la Real Cédula (cuyo testimonio se presentó) haber dimanado de la falsedad de Dn. Fernando Guzmán, y a la verdad que no se percibe el que de las cédulas que se atribuyen a mi parte pudieran sobrevenir las pernisiosas conseqüencias que se discurren contra la Real Persona, sus Estados, Haberes y Patrimonios Reales, porque no consta que llegare a llenar alguna de ellas, ni aunque se hubiere llenado podía llegar a tener efecto, y la razón es evidente: por ser indispensable el pase del Exmo. Sr. Virrey de esta Nueva España, cuya superior perspicacia, inteligencia y manejo, había de advertir la sospecha de la falsedad de dichas cédulas, como lo hizo luego que llegaron a sus manos, según lo que se percibe del testimonio a foxas una, en que se refiere haberle parecido a su Excelencia que dichas cédulas eran falsificadas, no sólo por la sospecha que producía la misma letra, sino también por lo extraño e irregular de estar en blanco y para llenar a vista de lo cual no se puede decir que las referidas cédulas pudieran surtir efecto alguno, todas las veces que al solicitar el pase de ellas había de tropezar la advertencia de su falsedad (ff. 736-773).

6. Colofón

Algunas de las consecuencias que podemos derivar del caso expuesto son las siguientes:

  • Los abundantes estudios que hay sobre el tema de las falsificación de cédulas reales en la América hispana, así como sobre la cantidad de falsificadores de textos – especialmente los conocidos como títulos primordiales de las comunidades de indios – por una parte, y por la otra la llamativa escasez de estudios sobre la falsificación del sello real, así como de las firmas del propio monarca y de sus ministros.
  • Las pocas –por no decir nulas– referencia que se citan en los manuales de historia del derecho y en las monografías sobre derecho, procedimiento y justicia penal para la etapa de la monarquía hispana, ya fuera referente a uno u otro lado del Atlántico.
  • El inevitable choque de jurisdicciones entre el poder temporal y el espiritual que se generaría cada vez que se presentaran este tipo de crímenes de lesa majestad dada la acendrada cultura en la sociedad de la época de buscar siempre el amparo de la inmunidad eclesiástica.
  • Las consecuencias, también inevitables, que producían dichos choques jurisdiccionales en palabras de Tomás y Valiente según se destaca en el epígrafe de este trabajo.
  • La ostensible participación, por demás sospechosa, de clérigos o de allegados y familiares de los mismos en la comisión de esta clase de ilícitos.
  • La impotencia del poder temporal de imponer un castigo ejemplar a este tipo de criminales, aún con la decidida voluntad de hacerlo del propio Virrey –y no de uno cualquiera sino de uno de los más admirados de ellos, el marqués de Casa Fuerte– con el apoyo en pleno de la Real Audiencia de México, del Consejo de Indias y del propio monarca, al chocar de frente contra la Iglesia.
  • El pantanoso terreno en que se convertía el ring en que se enfrascaban los juristas teóricos que abanderaban la causa tanto del poder temporal como del espiritual, dada la cantidad y variedad de fuentes esgrimidas a su favor, todas ellas contundentes desde su respectiva perspectiva no obstante resultar diametralmente opuestas, tanto por lo que respecta a los antecedentes históricos, como a la normatividad, la doctrina de los juristas, la jurisprudencia y las correspondientes costumbres locales.
  • La cantidad sorprendente de matices que se llegaba a dar, por cada uno de los bandos contendientes, tanto a los hechos como a los argumentos involucrados, así como el rosario de asuntos colaterales e intereses que se iba acumulando a cada paso, lo que al final hacia que ya no quedara claro a nadie ni el meollo del pleito ni quiénes eran los verdaderos contendientes y afectados por el mismo.
  • El gran valor de este tipo de casos para adentrarse en el ámbito del derecho, de la justicia y de la cultura jurídica del antiguo régimen, así como para comprender el funcionamiento tanto del aparato de poder -del temporal como del espiritual-, como de la propia sociedad de la época a partir de sus actores, cultura, mentalidad, ideas, valores, conflictos, usos y costumbres.

Fundamental resulta de ubicar el caso en el tiempo y el espacio, sobre todo en una cultura esencialmente casuística, así como conocer quién comete el ilícito, por qué motivos, en qué circunstancias, a quiénes involucra y a quiénes afecta, cómo reacciona la autoridad, distinguiendo entre la temporal y la espiritual, la local y la central, la indiana y la peninsular, y también cuál es la reacción de la sociedad.

Todo lo anterior debido a que los ilícitos no se presentan en estado químicamente puro, tal y como lo plantean las normas legales y la doctrina, sino todo lo contrario, e incluso la norma en muchas ocasiones resulta casuismo puro.

En las Indias no se presentaba asunto de alguna relevancia que no desembocara irremediablemente en controversia jurisdiccional.

Cabe insistir en la conveniencia de partir de la casuística para el estudio del derecho y de las instituciones jurídicas del antiguo régimen, más que de la legislación o la doctrina, o de las obras de los historiadores del derecho contemporáneos, pues como en este caso se comprueba, poco y confuso es lo que se hubiera obtenido de un acercamiento de este tipo para el estudio del tema de la falsificación del sello real, de las reales cédulas y de las firmas del monarca y sus ministros.

Resulta evidente la cantidad de contratiempos que generaban factores como las enormes distancias que mediaban entre la Corte y sus posesiones ultramarinas, los accidentes geográficos que dificultaban tanto las comunicaciones por tierra, y todo el tiempo que se perdía por motivos en muchos casos insignificantes.

A lo anterior cabe añadir las circunstancias particulares que se presentaban tanto en el lugar de los acontecimientos como en el corazón del imperio.

Este tipo de casos resultan relevantes para replantear lo que la historiografía tradicional ha venido repitiendo sobre actores, lugares y tiempos determinados, en este caso particular se constata que los tiempos del marqués de Casa Fuerte como virrey de la Nueva España no fueron todo lo bucólicos que se ha supuesto.

Por último no deja de sorprender la pasmosa ingenuidad con que caían los estafados, estando algunos de ellos tan familiarizados con la burocracia real como es el caso de escribanos públicos, regidores de ayuntamientos de capitales importantes como la Ciudad de México y Puebla, e incluso familiares del Santo Oficio.

7. Anexos

7.1. Estructura del expediente

A) Sección relativa al rey y al Consejo de Indias en Sevilla, fechada en 1731 (ff. 1-5)

Expediente sobre la causa seguida contra diferentes sujetos en razón de la falsificación de algunas reales cédulas. Año de 1731. Audiencia de Méjico. Secretaría de Nueva España. Secular (f. 1).

Real Cédula: En Sevilla, a 2 de Febrero de 1731. Al Virrey de Nueva España diciéndole se espera la noticia de lo que resultare en vista de las diligencias en que se quedaba entendiendo sobre el haber llegado a sus manos cinco cédulas falsificadas (f. 2-5).

B) Expediente con las averiguaciones realizadas por parte del oidor de la Audiencia de México y las declaraciones de todos los testigos. (Libro manuscrito de 31 folios numerados por las dos caras, y que corresponde a las actuaciones realizadas en la ciudad de México por el oidor Aguirre en compañía del escribano Joseph Manuel de Paz (ff. 6-69).

Al principio del expediente se incluyen dos de las cédulas falsificadas. (ff. 7-11)

Cabeza del proceso (ff. 12-14).

Interrogatorio al primer testigo, Martín de Echartena, que las obtuvo de Nicolás Ambrosio de Urías y de inmediato las entregó al Virrey (ff. 15-16).

Declaración de Nicolás Ambrosio de Urías, quien dice haber recibido las cédulas en blanco para obtener su pase de parte de Blas de la Peña (ff. 16-17).

Declaración de Blas de la Peña y Villas, quien las recibió de Antonio Plazarte, vecino del Puerto de Santa María y actualmente residente de Veracruz, y que se las remitió desde Puebla el 31 de diciembre de 1729 (ff. 18-19).

Interrogatorio a Pedro de Batemburg, sobrino de Antonio Plazarte, quien le entregó las cédulas falsas de su tío a Blas de la Peña (f. 20).

El oidor Aguirre solicita al Alcalde Mayor de Jalapa aprehender a Antonio Plazarte, confiscarle todos los papeles y bienes y custodiado remitirle a la ciudad de México en donde se le toma declaración: comerciante del Puerto de Santa María residiendo en la Nueva España desde 1724, y que recibió las cédulas en blanco de fray Juan Rodríguez, provincial de Santo Domingo en Puebla, a través de fray Manuel de Santo Tomás (f. 21-25).

Carta del padre maestro Rodríguez a Antonio Plazarte solicitándole que con las cédulas falsas le consiguiera un buen acomodo (ff. 26-28).

Declaración de Antonio Plazarte sobre las cartas recibidas (ff. 28-30).

Declaración de Francisco Javier, negro jamaiquino, esclavo de Plazarte de 12 años de edad (ff. 30-31).

Declaración de fray Manuel de Santo Thomas, Prior del Convento de Santo Domingo en Puebla, en donde se sigue cocinando el fraude de las cédulas falsas. (ff. 31-36)

Declaración de Nicolás Ambrosio de Uría, por constar que recibió 6 pliegos de Blas de la Peña y que sólo entregó 5 a Martín de Echartena (ff. 36-37).

Joseph de Esquivel mantenía correspondencia con Plazarte (ff. 37-39).

Surge de la nada Juan de Dios Arévalo reclamando como suyas las cédulas en blanco; se le pone preso y se catea su domicilio (ff. 39-43).

Arévalo se fuga de la cárcel (f. 44).

Declaración del Padre Maestro Fray Juan Rodríguez (ff. 44-47).

Declaración de Cristóbal Martínez de Castro, Familiar del Santo Oficio en Puebla, a quien Arévalo le entregó una de las reales cédulas falsas (f. 47).

Se menciona la carta que Arévalo remitió a Barahona, el falsario que había sido enviado a las Filipinas por falsificar la firma del virrey Marqués de Valero (f. 49).

Se asegura que en el convento de Santo Domingo de Puebla se vendían cédulas reales en blanco para completar al gusto (f. 51).

Se despacha de México a Puebla al escribano público Juan Antonio de Alegría, que asiste al provincial de hermandad Miguel Velázquez Lorea, para aprehender a los reos Arévalo y Murguía (f. 52).

Declaración del yerno de Cristóbal Martínez de Castro, Juan Francisco Sol de Villa (ff. 52-54).

El fiscal del crimen manda que Arévalo sea extraído del convento, donde informó el justicia mayor que se había refugiado (ff. 55-56).

Llega preso a la ciudad de México Martínez de Castro y rinde declaración (ff. 56-61).

Inicia el intento de extraer a Arévalo del convento (f. 61-64).

El provisor exige al justicia mayor caución juratoria (f. 65).

Cuando el oidor se entera de que el provisor exige caución juratoria ordena pasar los autos a la sala del crimen, lo que se remite por voto consultivo al real acuerdo por orden de su excelencia –el Virrey-, y es cuando se ordena que el oidor Francisco de Aguirre continuase con la causa, con el apoyo de la real sala del crimen, y éste ordena al justicia mayor que requiriese de nueva cuenta al provisor para la entrega de Arévalo. Se cita una real cédula de 1713 que tiene que ver con la inmunidad eclesiástica y los delitos exceptuados (f. 66-67).

El justicia mayor de Puebla hace los 3 exhortos, y ni aun así el provisor quiere entregar a Arévalo; el fiscal del crimen interpone recurso de fuerza y la Audiencia declara que no ha lugar (f. 68).

C) Alegato jurídico del fiscal de la sala del crimen, Ambrosio Melgarejo (23 folios impresos por los dos lados, ff. 70-119)

El título es Sobre no deber gozar de inmunidad Juan de Dios Arévalo. Su alegato lo divide en 6 argumentos.

Enlista los fundamentos que va a abordar en su alegato jurídico (f. 72).

Presentación de los hechos (f. 74).

Delito de Lesa Majestad (f. 91).

Falsificación sello (f. 99).

D) Testimonio de los autos hechos por el juez eclesiástico de Puebla sobre la extracción de sagrado de Juan de Dios Arévalo, fechado el 21 de julio de 1730. (Libro manuscrito numerado sólo por el anverso hasta la página 16 - 32 en total -, ff. 120-152).

Pasa el oidor a Puebla el 4 de abril (f. 137).

Excomuniones (f. 139).

Es excomulgado el oidor y acompañantes (f. 141).

Se encuentra a Arévalo al interior del convento (f. 144).

El Señor Oydor y demás Ministros que se hallaban excomulgados pidieron absolución el dicho día cinco de abril, concediéndoseles y fueron absueltos (f. 145).

 La Audiencia deniega el recurso de fuerza que solicitaba el fiscal del crimen (f. 151).

E) Alegato impreso de José Joaquín Flores Moreno, promotor fiscal del arzobispado, a nombre del provisor y vicario general del obispado de Puebla (Impreso de 85 páginas, ff. 153-242).

Carátula del libro del promotor fiscal (f. 154).

¿Delito de los exceptuados? (f. 160).

Desahogo del cuarto punto, esto es lo relacionado con la falsificación del sello. Consta de 189 parágrafos en los que desarrolla 5 cuestiones: la 4ª es la que dedica al tema de la falsificación del sello, parágrafos 109-179 (ff. 207-237).

F) El Obispo de la Puebla de los Ángeles remite a V. M. un testimonio de autos y papel en derecho tocante a un caso de inmunidad que a ocurrido en aquella Diócesis (ff. 243-245).

G) Parecer del Señor Lic. D. Phelipe Tineo, del Consejo de S. M., Fiscal Protector de los Naturales de este Reyno de Nueva España. (Son 4 folios impresos por las dos caras, en donde simplemente da su visto bueno al alegato del provisor del arzobispado, ff. 246-251).

H) El fiscal del crimen de la Audiencia de México da cuenta a S. M. de cómo la Audiencia negó el recurso de fuerza por él interpuesto (ff. 252-255).

I) Siguen las actuaciones en la Ciudad de México. (Libro manuscrito con folios numerado sólo por el anverso, llega hasta la página 74 -148 en total -, ff. 256-405).

Testimonio de los Autos fechos sobre la averiguación de la falcedad de varias firmas del rey Nro. Señor (que Dios guarde), de su Real Sello, la refrenda y firmas de el Señor Don Andrés de Corovarrutia y Zúpide su Secretario, y las de los Señores Governador y Ministros del Real y Supremo Consejo de las Yndias, Registrador y Chanciller, finxidas todas en pliegos blancos sellados con sellos falsos contrahechos del año de 1721. Vino con carta de Don Ambrosio Melgarejo, Fiscal de lo Criminal de la Audiencia de México de 21 de Julio de 1730 presentada con memorial de Juan de Valderrama en 10 de Abril de 1731 con esta señal.

Sello real (f. 295).

Hojas sueltas(ff. 405-406).

J) Siguen las actuaciones en la Ciudad de México. (Libro manuscrito escrito por ambas caras, no incluye numeración, ff. 407-431).

Ahora es el Virrey marqués de Casafuerte el que da cuenta a la Corte de los acontecimientos.

El Virrey de Nueva España da quenta a V. M. con testimonio relativo de los autos que se han hecho sobre haber llegado a sus manos cinco Cédulas falsificadas en blanco; expone las diligencias que se han hecho en solicitud de los delinqüentes; los que quedan presos por la implicación en este delicto, y que habiéndose averiguado los principales factores de él que son Don Juan de Dios de Arévalo, y Don Antonio Murguía, se refugiaron en sagrado, Arévalo después de haber hecho fuga de la prisión; y dice se está solicitando su extracción de las yglesias en que se hallan, que ha defendido el eclesiástico, a cuio fin pasa a la Puebla el Oidor Comisario que ha entendido en la causa para sacarlos, respecto a no valerles la inmunidad por ser delicto de los exceptuados, y que de lo que resultare y determinare dará quenta en otra ocasión (f. 407).

K) Antonio, Obispo de Puebla, escribe a Jerónimo de Ustáriz, miembro de la Junta de Comercio y Moneda del Consejo de Indias, para hacer llegar el expediente por su conducto a dicho Consejo (f. 431).

Hojas sueltas(ff. 432-434).

L) Informe del Consejo de Indias al monarca. (Libro manuscrito escrito por las dos caras que no incluye numeración, ff. 435-453).

M) Grueso libro manuscrito proveniente de Puebla que contiene el resto de la información. (Se encuentra numerado sólo por el anverso y llega a la página 160 - 320 en total -, ff. 454-773).

Ahora lo que se presenta es la versión de los hechos vista desde el obispado de Puebla: El formato es como una crónica de los acontecimientos que día a día se iban presentando.

Toda la primera parte está fechada en Puebla y es la versión de los hechos y las actuaciones que allá se realizaron: Testimonio de Autos que se han seguido sobre la extracción de Juan de Dios de Arévalo hasta su transporte a la cárcel eclesiástica, y declaración de no hacer fuerza el Señor Provisor de la Puebla en conocer y proceder. Y de los seguidos sobre el punto de ynmunidad hasta el día 22 de Julio de 1730, presentado con carta del obispo de la Puebla de los Ángeles de 11 de Agosto de 1730 por Don Pedro de Viban en 5 de Abril de 1731 con esta señal. Por Joseph de Iturralde, provisor y vicario del obispado de Puebla (ff. 454-630).

Excomunión al oidor (ff. 547-548).

Vuelve el proceso a la ciudad de México el 24 de mayo de 1730, y lo que sigue tiene lugar en México (ff. 630-639).

La Audiencia resuelve que no hubo fuerza de parte del provisor y devuelven los a Puebla (f. 639).

Comienza en Puebla la extensión de poderes para seguir con el juicio (f. 640).

El fiscal del crimen Melgarejo otorga poderes a Joseph Sánchez de Ibáñez, abogado de Puebla, para que en su nombre dé seguimiento al proceso en aquella ciudad relativo a que Árevalo no debía de gozar de inmunidad eclesiástica, 26 de junio de 1730 (ff. 643-648).

Joseph Manuel de Paz, escribano de cámara de la Audiencia de México, da fe de la versión de los hechos (ff. 649-654).

El oidor de México gira oficio a Francisco Antonio de Bustamante, justicia mayor de Puebla, para que siga interrogando a los posibles involucrados en la falsificación del sello real, empezando por el padre Juan Rodríguez, y ahí es cuando de pronto se aparece, motu proprio, Arévalo; esta sección se centra ya directamente en el caso de Arévalo y se da cuenta de cómo fue que él mismo se presentó a reclamar las cédulas ante el escribano público de Puebla, Joseph Xaureguí de Bárcena. (ff. 654-661)

Ahora el que declara es el padre maestro Juan Rodríguez, de la Orden de Predicadores, también en Puebla (ff. 661-665).

Otra declaración de Arévalo (ff. 665-668).

Ahora le toca declarar a Cristóbal Martínez de Castro, el familiar de la Inquisición (ff. 668-670).

Otra declaración de Arévalo. Se examinan los papeles encontrados en casa de Arévalo y luego se manda carear a Arévalo para que reconozca los papeles encontrados (ff. 670-671).

Descripción de las cédulas falsas (ff. 672-679).

La fuga de las Casas Reales de Puebla (f. 677).

Declaración de Miguel Zerón, el escribano y regidor de Puebla que estuvo inmiscuido en todo esto (ff. 678-683).

Mención a ser el oficio del falsificador el de maestro platero (f. 681).

Declaración de Cristóbal Martínez de Castro, el familiar del Santo Oficio (ff. 683-690).

Inicia la diligencia con la que dan con el sello real enterrado (f. 691).

Descripción del sello (ff. 692-693).

Dictamen civil del licenciado Joseph Sánchez de Ibañez, gestor en Puebla del Fiscal del Crimen Melgarejo, etapa en la que Arévalo se encuentra ya preso en el Palacio Episcopal de Puebla (ff. 695-727).

Se le acusa a Arévalo de alevoso y traidor (f. 710).

Cita la bula de 1725 que declara exentos de la inmunidad a los falsarios de moneda, con lo que pasa a demostrar que aquello de in personam princips no se refiere, por lo menos a partir de entonces, a atentados en contra del monarca, sino que al abrir las excepciones a la falsificación de moneda se entiende que también lo hace a la del sello (f. 723).

Arévalo nombra abogado defensor a Antonio de Oliva y Ayllón, quien se escusa pues está siguiendo procedimientos contra él (728-732).

Defensa del abogado de Juan de Dios Arévalo, Julián Ortiz de Osuna y Luque: a partir de la f. 748 aborda el tema de la falsificación del real sello, y su argumento estriba en que fue Murguía el que enterró el sello en el jardín de Arévalo y el que lo denunció, por lo que el sospechoso más bien lo es el propio Murguía (ff. 736-772).

7.2. Lista de Actores

Amante de Arévalo. Por denuncia de Murguía se inspecciona su casa y se encuentran moldes de plomo y letras de imprenta.

Ambrosio Melgarejo. Ambrosio Tomás de Santaella y Melgarejo (c. 1690 - Diciembre 9, 1741), nacido en Cuba parte a España en 1710 para labrar su futuro y el 14 de septiembre de 1711 es nombrado fiscal de la Audiencia de Guatemala; el 19 de junio de 1723 asciende a fiscal del crimen de la Audiencia de México, y 10 años después pasa a ocupar la plaza de fiscal de lo civil de dicha Audiencia, y luego, el 15 de septiembre de 1738, la de oidor en la misma Audiencia, cargo que conservará hasta su muerte. Fue el encargado del juicio de residencia que se le tomó al Marqués de Valero – el antecesor de Casa Fuerte – al fin de su gestión, y estuvo a cargo de la visita de tribunales que se llevó a cabo en la Nueva España a principios de la década de los treinta (Burkholder y Chandler, 1982: 315-316).

Andrés González Badillo. Oficial del Sello y Registro de Indias por real decreto de 20 de enero de 1717 (Gómez Gómez, 2008).

Andrés de Elcorobarrutia. Al frente de la Secretaría de la Nueva España en el Consejo de Indias a partir de las reformas de 1717; antes había sido secretario del Consejo de Hacienda.

Andrés del Pez. Presidente del Consejo de Indias a partir del 20 de enero de 1717.

Antonio Cano. Prebendado de la Iglesia Catedral de Puebla.

Antonio Murguía. Escribano de Puebla de quien fray Manuel Rodríguez recibe las cédulas falsas en diciembre de 1729 en pago de un adeudo.

Antonio de Bustamante. Presbítero, Provisor Fiscal del Obispado de Puebla.

Antonio de Olivares y Ayllón. Procurador de la Audiencia ordinaria de Puebla, primer abogado nombrado por Arévalo que se escusa por seguir causas en su contra.

Antonio de Pedroza. Miembro del Consejo de Indias.

Antonio de Platzarte. Comerciante del Puerto de Santa María residente en Veracruz de quien recibe a su vez las cédulas Blas de la Peña, detenido en Jalapa.

Blas de la Peña. De quien recibe las cédulas falsas Nicolás de Uria.

Cristóbal Martínez de Castro. Mercader de Puebla y familiar del Santo Oficio, quien recibe otra cédula falsa de Juan de Arévalo para saldar una cuenta pendiente.

Diego de Neyra. Escribano que reconoce la letra de Miguel Cerón Zapata en las cédulas falsas.

Diego Portillo, fray. Religioso del convento de San Antonio de Puebla.

Diego de Rojas. Miembro del Consejo de Indias.

Diego de Zúñiga. Miembro del Consejo de Indias.

Fernando Verdies Montenegro. Miembro del Consejo de Indias.

Francisco Antonio de Bustamante. Abogado de la Real Audiencia de Nueva España, Justicia Mayor de Puebla, es el enlace del oidor para llevar a cabo las pesquisas en aquella entidad.

Francisco Xavier de Higuera. Ministro de Vara de la asistencia del justicia mayor, con el que descubren el sello enterrado.

Gaspar Antonio Méndez de Cisneros. Juez de Testamentos y Capellanías del Obispado de Puebla y prebendado de la Iglesia Catedral.

Gonzalo Machado. Miembro del Consejo de Indias.

Ignacio Navarrete, fray. Religioso del convento de San Antonio de Puebla.

Ignacio de Eguren. Alguacil Mayor Fiscal del obispado de Puebla, encargado de la custodia de Arévalo en el palacio episcopal de Puebla.

Ignacio del Portillo, fray. Definidor del convento de San Antonio de Puebla.

Isidro González de Jareda. Alguacil sobornado que deja escapar de las Casas Reales de Puebla a Juan de Dios Arévalo.

Jerónimo de Ustáriz. Llegó a formar parte de los Consejos de Castilla y de Indias con Felipe V, para 1730 fungía como Ministro de la Junta de Comercio y Moneda.

José Patiño. Secretario de Estado y del Despacho Universal de Hacienda, Marina e Indias.

Joseph Fernández Veytia Linage. Oidor de la Audiencia de México.

Joseph Gutiérrez de la Peña. Oidor de la Audiencia de México.

Joseph Hernández de Priego. Escribano de Su Majestad, Público de Entradas de Cárcel Pública de Puebla.

Joseph Rendón Palomino. Cura de San Andrés Chalchicomula y tío del falsario Juan Arévalo, quien supuestamente negoció y obtuvo las cédulas en cuestión de España.

Joseph Sánchez. Theniente de. Joseph Antonio de Anaya, Escribano de Cámara del Rey.

Joseph Sánchez de Ibáñez. Abogado de la Real Audiencia, vecino de Puebla, quien solicita se declare la no inmunidad de Arévalo.

Joseph Francisco de Aguirre. José Francisco Aguirre y Negro y Estrada Martínez de Murana. Oidor de México y juez de la causa principal, Alcalde de Corte en turno, nace en el País Vasco a fines del s. XVII, y el 9 de septiembre de 1708 se le nombra Teniente Asesor y Auditor de Guerra en la gobernación de Yucatán; el 30 de diciembre de 1716 pasa a ocupar la misma plaza en La Habana; el 25 de abril se le nombra Oidor de la Audiencia de Santo Domingo, y el 18 de diciembre de 1723 Alcalde del Crimen de la Audiencia de México; el 25 de febrero de 1725 Oidor en la misma Audiencia. Su matrimonio con una novohispana lo convierte en uno de los hombres más ricos del virreinato.[9]

Joseph Antonio de Anaya. Escribano de Cámara del Rey.

Joseph de Careaga. Escribano de la Audiencia de México.

Joseph de Esquivel. De Puebla, quien supuestamente tuvo contacto epistolar con Antonio Plazarte y con el padre maestro fray Juan Rodríguez.

Joseph de Iturralde Aranguren. Abogado de los Reales Consejos, Provisor y Vicario General del Obispado de Puebla.

Joseph de Molletones, fray. Religioso del convento de San Antonio de Puebla.

Joseph Manuel de Paz. Escribano Público y teniente de uno de los oficios de Cámara de la Audiencia de Nueva España, fue el encargado de hacer los autos de la primera etapa del proceso.

Joseph de Xaúregui Bárcena. Escribano real y público presente en el convento de San Antonio durante el forcejeo con el justicia mayor de Puebla por extraer a Arévalo.

Juan de Dios Arévalo. El falsificador, origen de todo este escándalo, quien entrega las cédulas falsas a Antonio Murguía como pago de una deuda de 900 pesos contraída por su difunto tío el cura de Chalchicomula. Se fuga de las Casas Reales de Puebla y se refugia en el Convento de San Antonio.

Juan Bárcena, fray. Religioso del convento de San Antonio de Puebla.

Juan López, fray. Religioso del convento de San Antonio de Puebla.

Juan Patiño. Otro escribano que da cuenta de la habilidad de Cerón para imitar firmas, quien por diversión imitaba la del duque de Alburquerque (virrey de 1653 a 1660).

Juan Francisco Sol de Villa. Vecino de Tuxtla y yerno de Cristóbal Martínez de Castro, quien recibe la cédula falsa de manos de éste para que buscara acomodo en México. Sol de Villa advierte a su suegro sobre lo delicado del caso y éste entrega la cédula falsa al justicia mayor de Puebla.

Juan Antonio de Alegría. Escribano público que asiste en México al Provincial de la Hermandad, Miguel Velázquez Lorea, a quien se le despacha a Puebla para aprehender a Arévalo y a Murguía.

Juan de Benavides. Escribano real en el convento de San Antonio de Puebla.

Juan Joseph de Lara, fray. Religioso del convento de San Antonio de Puebla.

Juan Antonio de Lardizábal y Elorza. Obispo de Puebla.

Juan de Oliban Rebolledo. Oidor de la Audiencia de México.

Julián Ortíz de Osuna y Luque. Procurador de los Juzgados eclesiásticos de Puebla, quien viene a reemplazar a Antonio de Olivares en la defensa de Arévalo.

Lucas de Revilla. Escribano real y público presente en el convento de San Antonio durante el forcejeo con el justicia mayor de Puebla por extraer a Arévalo.

Luis Ambrosio Alarcón. Miembro del Consejo de Indias.

Manuel Isidro Campusano. El abogado defensor de Arévalo, presbítero del obispado de Puebla, en mancuerna con Julián Ortíz de Osuna y Luque.

Manuel Rodríguez, fray. Padre provincial de la orden de Santo Domingo, de quien Platzarte recibió las cédulas falsas para saldar una deuda pendiente.

Manuel de Silva. Miembro del Consejo de Indias.

Marqués de Belzunze. Miembro del Consejo de Indias.

Marqués de Casafuerte. Juan de Acuña y Bejarano, limeño, Virrey de la Nueva España de octubre de 1722 a su muerte ocurrida en marzo de 1734.

Marqués de Montemayor. Miembro del Consejo de Indias.

Martín de Echartena. Quien entrega al virrey las cédulas falsas.

Matheo Ibáñez. Miembro del Consejo de Indias.

Melchor Martínez del Campo. Chanciller de la Audiencia de México.

Miguel Cabrera. Escribano público a quien también fray Manuel Rodríguez le entregó una cédula falsa para ver si la podía vender.

Miguel Cerón Zapata. Fue regidor de la Ciudad de México y escribano de cabildo, es quien redacta las cédulas falsas.

Miguel Velázquez Lorea. Provincial de la Hermandad.

Nicolás Pariado, fray. Religioso del convento de San Antonio de Puebla.

Nicolás de Lizardi. Guardián del convento de Puebla donde estaba refugiado Arévalo (p. 61).

Nicolás de Uria. El que le presenta las cédulas a Martín de Echartena para ver si podían utilizarse.

Olachea, Lic. La primera persona a la que Arévalo le muestra en Puebla las reales cédulas falsas, quien las valúa entre 12 y 14 mil pesos puestas en la Ciudad de México.

Pedro González. Ministro de Vara de la asistencia del justicia mayor con el que descubren el sello enterrado, fue él quien dio con el sello.

Prudencio Antonio Palacios. El fiscal de lo civil de la Audiencia de México.

7.3. Real Cédula sobre falsificación del real sello

En su escrito el promotor fiscal del obispado de Puebla incluye el texto de la siguiente Real Cédula, cuya importancia es, por una parte, que es de tiempos del propio Felipe V, y por la otra que aunque se refiere directamente a situaciones concernientes a las posesiones trasatlánticas del monarca, no tuvo lugar la falsificación del sello y documentos reales en América sino en la propia Europa, aprovechándose el falsificador del caos reinante en España como consecuencia de la guerra de sucesión. Al respecto resulta por demás llamativo el hecho de que no se incluya – ni se conozca – ninguna real cédula que se refiera expresamente a la falsificación del real sello en ultramar, lo que hace de esta cédula una pieza única sobre la temática.

El Rey. Por quanto el Duque de Osuna me ha dado quenta de que durante todo el tiempo de la guerra se ha mantenido en Londres un español que dice ser de Segobia y llamarse Don Hernando de Guzmán, de quien últimamente se ha descubierto la maña de contrahacer y falsear no sólo mi Real firma y sello, sino las de todos mis Ministros, haciendo diferentes instrumentos y patentes de varios grados, que han sido recibidos en las tropas de Inglaterra y diversos pasaportes y despachos falsos para pasar a las Indias navíos, con los quales han ido y sido admitidos en ellas por espacio de quatro años sin el menor embarazo.

Remitiendo asimismo para mas clara comprobación uno de los pasaportes que se ha podido recoger, en el qual está supuesta mi Real firma y la de mi secretario de guerra, don Juan de Elizondo, certificado también del Marqués de Bonaci, enviado de su Magestad Christianísima en esta Corte, cuyo contenido se reduce a conceder facultad a un navío inglés con el nombre en blanco y el de su capitán, dejando hueco para llenar su porte, a fin de que pudiese ir libremente de Inglaterra a qualquier puerto de las Indias, con todo género de mercaderías y tejido, pagando los derechos establecidos según su calidad, y sacando un retorno, frutos y géneros de ellas, de los que tuviese por más convenientes para volverse con ellos a Inglaterra.

Y conviniendo a mi servicio aplicar el más cuidados desvelo a evitar la continuación de semejante daño, sin reservar la más leve diligencia para aprehender y asegurar este falsario, el qual, según los posteriores avisos, había salido de Inglaterra y pasado a la provincia de Holanda, reconociéndose todos los papeles y recaudos supuestos para que no se dé cumplimiento a ninguna, y dada providencia para que en adelante no puedan acaecer semejantes introducciones de navíos extranjeros en los puertos de las Indias, ni que en ellos pasen a esos Reyno ni vengan de ellos vasallos míos.

Por tanto, por la presente, mando a mis Virreyes, Audiencias, Gobernadores de los puertos, Oficiales Reales, y a todos y qualesquier Ministros de ambos Reyno del Perú y Nueva España, que pongan el mayor cuidado y atención a que si llegare algún navío con pasaporte de las circunstancias expresadas y otras que den indicio de ser falso, aprehendan el bajel, sus pertrechos y carga, poniendo en la más segura prisión toda la gente de su equipaje, a quienes tomarán las más estrechas declaraciones, formando autos de los quales se tomarán copia por duplicado en la primera ocasión a mi Consejo de las Indias, teniendo entendido de que estoy en la más segura confianza de que el celo de Ministros y Gobernadores en las Indias no habrán faltado a su obligación admitiendo tales navíos con semejantes supuestos falsos pasaportes y despachos, respecto de estar prevenido por las leyes de la Recopilación no se pueda dar cumplimiento a ningún despacho expedido por qualquiera de mis tribunales, no llevando la sobrecarta que es precisa de mi Consejo de las Indias, cuia regla como tan importante la deben haber igualmente todos mis Ministros en las Indias, y si se hubiere invertido en el defecto más leve, sería un cargo que ocasionaría mi total desagrado.

A que se añade el que necesariamente, si hubiera llegado algún navío con semejante falsa licencia, no podrá dejar de conocerse su incertidumbre por estar tan fuera de las reglas que se practican en mis despachos, cuando yo hubiera de conceder por ellos estos permisos que sólo la certificación que esta supuesta de el enviado del Excelentísimo Rey Christianísimo, mi señor y abuelo, era bastante e reconocer la falsedad, porque no habrá exemplar de que en ninguno, para esos Reynos, se encuentre este requisito, cuyas dudas, motivos y circunstancias persuaden el que no habrá tenido efecto la admisión de navío alguno sin haber vulnerado mis leyes y órdenes, en cuyo caso haría que el actor experimentase los efectos de mi severidad.

Y para en adelante declaro que los Ministros que incurrieren en el referido hecho han de ser privados de sus empleos, perdido sus bienes, presos y traídos a estos Reynos, donde se execute con ellos el más serio castigo.

Y no siendo de mayor desagrado mío el que no se cumplan exactamente las órdenes que tengo dadas, prohibiendo el comercio con ninguna nación, mando que de debajo de las mismas penas, no se permita entrar por ningún puerto, caleta, costa ni surgidero Navío alguno extranjero.

Y que el Gobernador o Ministro que lo supiere directa o indirectamente esté obligado a pasar luego a prender el navío y asegurar los reos enviándolos con sus causas a estos Reynos en los primeros navíos españoles que hubiere o se ofrecieren, y que los efectos y mercaderías se inventaríen con gran pureza y se lleven a la plaza con asistencia de la justicia y con sus proprios inventarios, pieza por pieza, se quemen, de que se ha de enviar a mis Reales manos testimonio authéntico, con toda distinción.

Y declaro y es mi voluntad prohibir, como por la presente prohíbo, que ningún vasallo mío pueda embarcarse para estos Reynos ni pasar a los de las Indias en navío extranjero, pues como tengo mandado, no se ha de recibir ninguno en los puertos de las Indias, y si se embarcaren por alguna caleta o surgidero furtivamente, desde luego los declaro por extañados de mis dominios, y que se pase a la confiscación de sus bienes.

Todo lo cual mando se observe precisa y puntualmente debajo de las penas que van referidas, haciendo se publique por bando cuanto va expresado, punto por punto, poniendo edicto en todas las ciudades, villas y lugares de nuestra jurisdicción, para que sea notorio a todos y ninguno alegue de ignorancia, de que remitiréis testimonio haciendo también la más exacta pesquisa para saber si ha pasado a ese territorio el falsario Don Fernando de Guzmán, a fin de aprehender su persona y remitirla a España en la primera ocasión.

Y fío de vuestras obligaciones y amor a mi servicio vos dedicaréis con toda actividad y vigilancia al cumplimiento de esta i Real deliberación. Fecho en Madrid, a trece de Noviembre de mil setecientos y trece. Yo el Rey. Señalado con quatro rúbricas de los Señores del Real y Supremo Consejo de las Yndias. Por mandado del Rey Nuestro Señor. Don Diego de Morales Velasco (ff. 529-535).

7.4. Texto de la excomunión hecha al Oidor y compañía

A pesar de que las excomuniones se habían vuelto algo así como el pan nuestro de cada día en el antiguo régimen para el poder espiritual mantener a raya al poder temporal, aun así no es frecuente conocer el texto de una excomunión ordenada por un obispo en contra de un oidor.

El Provisor y Vicario General de este Obispado de la Puebla, etc. Por el presente todos los fieles Christianos tengan por públicos excomulgados al Sr. Licenciado Don Joseph Francisco de Aguirre, del Consejo de S. M., su Oidor en la Real Audiencia de este Reyno; al Señor Licenciado Don Francisco Antonio de Bustamante, Justicia Mayor de esta Ciudad; y a Don Joseph de Escalante y Mendoza, Alguacil Mayor; a Don Francisco Márquez de Cabrera, Sargento Mayor, y a Don Joseph Manuel de Paz, escribano de dicho Señor Oidor; a Don Diego de Neiva, y a Don Joseph de Xauregui Bárcena, Escribanos Públicos de esta Ciudad.

Al dicho Señor Oidor por haber violado y quebrantado el Sagrado del Convento de Señor San Antonio de esta Ciudad, abriendo violentamente la puerta de su huerta para extraer con violencia a Juan de Dios Arévalo, que se dice refugiado en dicho Sagrado, y a los demás arriba nominados por auxiliantes al dicho quebrantamiento.

Y para que conste, mando se fixe este rotulón en la tablilla y lugar público de esta Santa Yglesia Cathedral, de donde ninguna persona lo quite, rompa ni borre, pena de excomunión mayor.

Dado y despachado en este Palacio Episcopal a quatro días del mes de Abril del año de mil setecientos y treinta, como a las seis horas y media de la tarde.

Licenciado Iturralde. Por mandado del Señor Provisor, Francisco Berttan, Escribano Público (f. 591).

7.4. Imágenes del sello, cédulas y firmas

A continuación se muestran las imágenes del sello, cédulas y firmas falsificadas, así como un estudio del escudo de armas de Felipe V para poderlo contrastar con la copia falsa que del mismo se hizo en la Nueva España.[10]

firma de Ecorobarrutia

Firma de Ecorobarrutia

firma de Andrés de Pez

Firma de Andrés de Pez

firma de Andrés González

Firma de Andrés González

firma de Diego de Roxas

Firma de Diego de Roxas

firma de Manuel Vadillo

Firma de Manuel Vadillo

sello falso

Sello falso

sello falso claro

Sello falso claro

sello falso claro2

Sello falso claro

sello falso color

Sello falso con color

sello Felipe V

Sello de Felipe V

sello falso

Sello falso

8. Bibliografía

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[1] Al respecto ver cita epígrafe.

[2] Un concepto que, junto con John Elliott, comparten otros autores como Gaudin (2013).

[3] Al respecto véase Fernández Sotelo y Gayol (2012: 337).

[4]Para los interesados en el tema se recomienda la consulta de las obras de Fernández Albaladejo (2001) Albareda Salvadó (2010) y Lynch (1991).

[5] Para todo lo concerniente a las reformas tanto en el Consejo de Indias como en la Secretaría del Despacho en tiempos de Felipe V puede consultarse con mucho provecho la obra ya citada de Margarita Gómez Gómez (2008).

[6] Los dígitos que se incluyen al final de las citas hacen referencia al lugar que ocupan dentro del conjunto de las 773 imágenes que del documento resultaron en la digitalización realizada por el propio AGI del expediente. Una vez que se hagan las consultas pertinentes se verá si es posible subir al portal oficial del proyecto del Sello y Registro de Indias -grupo.us.es/selloindias/index.php– la versión digital del expediente para facilitar su consulta a los interesados.

[7] Sinónimo de alevoso, traidor, pérfido, desleal.

[8] Sinónimo de alevosía, traición, perfidia, felonía, deslealtad.

[9] Para los integrantes de la Audiencia de México consultar Burkholder y Chandler (1982: 5).

[10] Agradezco la amabilidad de Manuel Romero Tallafigo, integrante del grupo SEyRE el haberme facilitado su estudio sobre el escudo de armas de Felipe V.