Número 22. Mayo-Agosto 2014

La Cancillería Real en la Audiencia de Santo Domingo. Uso y posesión del sello y el registro en el siglo XVI

The Royal Chancery in the Audience of Santo Domingo. Use and possession of stamp and logbook in the sixteenth century

Margarita Gómez Gómez

Departamento de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas.
Universidad de Sevilla.
mggomez[at]us.es

El presente estudio analiza el papel jugado por el sello real y el documento escrito en el complejo gobierno de La Española durante el siglo XVI. Su utilización como estrategia de poder por las diversas autoridades que se sucedieron en la isla y los problemas que su tenencia suscitó desde la llegada de Cristóbal Colón, muestran la importancia y el valor otorgado al sello como símbolo representativo de la jurisdicción del monarca.


Fecha de recepción: 6/2/2014

Fecha de aceptación: 8/4/2014


Palabras clave: Diplomática | Sello real | Audiencia y Chancillería de Santo Domingo | Cristóbal Colón | Diego Colón


Para citar este artículo: Gómez Gómez, Margarita (2014). La Cancillería Real en la Audiencia de Santo Domingo. Uso y posesión del sello y el registro en el siglo XVI. Revista de Humanidades [en línea], n. 22, artículo 2, ISSN 2340-8995. Disponible en http://www.revistadehumanidades.com/articulos/52-la-cancilleria-real-en-la-audiencia-de-santo-domingo-uso-y-posesion-del-sello-y-el-registro-en-el-siglo-xvi [Consulta: Martes, 23 de Julio de 2019].


DOI: http://dx.doi.org/10.5944/rdh.22.2014.14289


Abstract: This study analyzes the role played by the royal seal and the written document in the complex Spanish government during the sixteenth century. Its use as a power strategy by the various authorities that succeeded on the island and the problems that its use produced from the arrival of Christopher Columbus show the importance and the value given to the seal as a representative symbol of the jurisdiction of the monarch.


Keywords: Diplomatic | Royal Seal | Chancery Court of Santo Domingo | Christopher Columbus | Diego Colón

Sumario

1. Introducción. 2. El sello real en Indias. 3. Diego Colón y el establecimiento del Juzgado de Apelación de La Española. 4. El restablecimiento de la Audiencia en 1520 y las nuevas competencias documentales. 5. La Audiencia y Chancillería de Santo Domingo: usos y prácticas en la expedición de documentos reales. 6. El oficio de chanciller y registrador en Santo Domingo. 7. Recapitulación. 8. Bibliografía.

Artículo

1. Introducción

Santo Domingo fue el primer lugar de las Indias donde se custodió y usó un sello real del monarca como símbolo e imagen de la autoridad real. La Isla Española fue también el primer territorio de ultramar donde se constituyó un tribunal con capacidad reconocida por los reyes para administrar su justicia y representar la jurisdicción real en su nombre. En Santo Domingo se protagonizaron los primeros enfrentamientos entre los propios representantes regios por el ejercicio del poder y, en consecuencia, donde por primera vez en Indias se experimentó la significación que la posesión o carencia del sello y la capacidad de poder expedir documentos reales podía tener en la resolución de conflictos y en la imposición de determinadas voluntades.

Siendo, pues, Santo Domingo la pionera en tantos aspectos, parece lógico que este volumen dedicado en su conjunto al estudio del uso y función del sello y registro en Indias, comience precisamente por el análisis de su posesión en la Isla Española y los problemas que su tenencia pudo ocasionar o, por el contrario, resolver.

Como se verá a continuación, la primera persona que gozó el privilegio de usar el sello real en las Indias fue Cristóbal Colón, a quien los monarcas concedieron tal distinción muy pronto, ya en 1493, antes de iniciar su segundo viaje.

La compleja situación de la Isla, con las pretensiones jurisdiccionales de la familia Colón y la lucha con la monarquía y sus representantes, generaron una infinidad de conflictos de gobierno y de justicia que tuvieron importantes consecuencias en todos los órdenes, incluyendo el documental. Va a ser en estos conflictos documentales en los que me voy a detener, teniendo presente que todas las autoridades e instituciones que gobernaron la isla a lo largo del siglo XVI, quisieron hacer uso de las máximas capacidades documentales, intentando expedir documentos como si se trataran del mismo monarca y, sobre todo, acaparando de forma más o menos autorizada el uso del sello real y la intitulación regia, reflejo de la más alta consideración y responsabilidad real.

Para la mentalidad jurídica de la época, el que una autoridad o institución fuese reconocida con la facultad de expedir documentos intitulados por los reyes y validados con su sello, se concebía como signo del mayor honor y confianza regia, como la mayor prueba de supremacía y autoridad, equiparable a la ejercida por el mismo rey. Del mismo modo que se puede hablar de dos tipos de instituciones según estén capacitadas para actuar como el mismo rey o bien, tan sólo, en nombre del rey, se puede también distinguir entre instituciones capacitadas para expedir documentos como el rey mismo y otras capaces, sólo, de hablar de palabra y por escrito en nombre del rey. Esta jerarquía institucional se reflejó en una diversidad de tipos documentales de mayor o menor calidad, que constituyeron el más claro indicio público y medible del poder otorgado a los diversos representantes regios. De este modo, solo las autoridades consideradas supremas podían expedir documentos intitulados por el rey y validados con su sello. El resto, o incluso las supremas en determinados asuntos, debían intitular y validar los documentos por sí mismas, bajo su propio nombre y signos (Gómez, 2008: 37-38). Estas diferentes competencias documentales, muchas veces inadvertidas, fueron concebidas como una fácil y patente forma de medir el nivel y calidad del poder que las mismas instituciones podían ejercer.

La correlación existente entre capacidad jurídica y capacidad documental explica muchos enfrentamientos y alteraciones provocadas por diversas autoridades e instituciones que, en su intento por acaparar la jurisdicción regia, trataron de monopolizar la puesta por escrito de unos u otros documentos y, muy especialmente, el principal signo de validación del monarca y símbolo de la real persona, el sello real. Las disputas y altercados provocados por el control de los documentos supremos, en definitiva, por el control de la voz pública del monarca, se produjeron en todos los lugares donde se establecieron instituciones también supremas, comenzando por la ciudad de Santo Domingo. La exhibición pública que las autoridades solían hacer de los poderes documentales concedidos o usurpados a otros, así como las frecuentes destrucciones o, por el contrario, expedición masiva de documentos, manifiestan con claridad el grado de reconocimiento que las capacidades documentales detentadas por aquellos que querían hacerse respetar, gozaba en la sociedad.

2. El sello real en Indias

La primera persona que detentó el privilegio de poner por escrito en las Indias la jurisdicción real fue Cristóbal Colón, a quién ya en 1493, antes de iniciar su segundo viaje, los Reyes Católicos le concedieron el privilegio de poder expedir documentos no sólo bajo su propio nombre, sino también bajo la intitulación regia:

“pero es nuestra merçed e voluntad que las cartas e prouisiones que dierdes sean e se espidan e libren en nuestro nonbre diziendo: Don Fernando e doña Ysabel, por la graçia de Dios rey e reyna de Castilla, de León, etc.”[1].

La capacidad otorgada a Cristóbal Colón de poder expedir Reales Provisiones, llevaba aparejada la concesión del uso y custodia de la matriz del sello regio, principal signo de validación de los documentos reales y símbolo representativo de la persona del monarca:

“e sean selladas con nuestro sello que nos vos mandamos dar para las dichas yslas e tierra firme”[2].

Se inicia, desde entonces, la multiplicación simbólica de la persona real, la ubicuidad jurídica de la monarquía castellana que tan significativa resultará para el gobierno en la distancia (Clavero, 1995 y 2006; Garriga, 1994 y 2006a; Gómez, 2008). Sin duda, se pretendía ampliar la autoridad del monarca, extendiendo su jurisdicción mediante la actuación de representantes autorizados para utilizar el máximo símbolo de la justicia del rey y, como consecuencia, igualados en autoridad a los mismos monarcas. Así lo declaran los propios Reyes Católicos por Real Provisión de 16 de agosto de 1494, por lo que mandaban a todos los que residieran en las Indias que “fagáis y conpláis todo lo quél de nuestra parte vos mandare, como si Nos en persona vos lo mandásemos” (Pérez de Tudela, 1994: t. II, 665-666).

Los monarcas permitieron a Cristóbal Colón el nombramiento de lugartenientes para que en caso de ausencia mantuviera la representatividad regia, así como la expedición de los documentos necesarios para la gobernación del territorio:

“Por quanto en el poder que mandamos dar e dimos a vos, don Christóbal Colóm, nuestro almirante de las yslas e tierra firme que se han descubierto e se han de descubrir en el mar oçéano a la parte de las Yndias e nuestro visorrey e governador de las dichas yslas e tierra firme, se contiene que vos ayáys de librar las cartas e prouisyones patentes que se ouieren de faser y espedir en las dichas yslas e tierra firme en nuestro nonbre, por Don Fernando e Dña. Ysabel, etc., las quales han de yr selladas con nuestro sello que para ello vos mandamos que lleuásedes. E podría acaesçer que vos non estuuiésedes en las dischas yslas e tierra firme porque convernía que fuésedes a descubrir otras yslas e tierra firme o a faser otras cosas... de cuya causa avréys de dexar en vuestro lugar alguna persona que entienda e prouea en las cosas de las dichas yslas e tierra firme en vuestra absençia, el qual non podría entender nin proueer en ello dando las dichas nuestras cartas e prouysiones en nuestro nonbre syn aver para ello nuestro poder e abtoridad. Por ende, por la presente, damos poder e facultad a la persona que en vuestra absençia vos nonbráredes para quedar en las dichas yslas e tierra firme para que pueda librar y expedir los negoçios e causas que allí ocurrieren, dando las dichas cartas e prouisyones en nuestro nonbre e sellándolas con nuestro sello...” (Pérez de Tudela, 1994: t. I, 405-406; Pérez Bustamante, 1951: 109-110).

El sello entregado a Colón fue un duplicado del sello mayor de Castilla, el mismo que se utilizaba por esos años en la Corte y uno de los más antiguos conocidos que incorpora a las armas reales, la ciudad y el emblema de Granada tras su conquista. (Arribas Arranz, 1941: 129-130; Gómez, 2008: 73). Faltaban aún varios años para que se estableciera una cancillería y un sello específico y distinto para Indias, lo que no ocurrió hasta 1514, cuando el monarca distinguió la expedición de los documentos indianos con un sello específicamente creado para ello (Gómez, 2008: 81).

El privilegio otorgado a Cristóbal Colón fue muy pronto utilizado en Santo Domingo. En la actualidad se conservan al menos dos documentos expedidos por el Almirante haciendo uso de la intitulación y los sellos del monarca. Uno de ellos es una Real Provisión otorgada en la ciudad de Santo Domingo, el 3 de agosto de 1499, por la que se otorgaba en perpetuidad a Pedro Salcedo la venta en exclusiva de jabón en La Española[3]. El otro, una Carta Real de Merced expedida en La Concepción, también en La Española, el 29 de enero del año 1500, concediendo a Juan Pestaña la tesorería de la Casa de la Moneda de la isla Española de por vida (Pérez de Tudela, 1994: t. II, 1173-1175).

Aunque no se ha podido localizar ningún testimonio fehaciente donde se indique lo que ocurrió con el sello real que los Reyes Católicos entregaron a Cristóbal Colón una vez que éste cayó en desgracia, todo parece indicar que quedó en posesión de aquellos que heredaron sus títulos y, con ellos, su pretensión de gobernar con supremacía los territorios descubiertos. Como se verá a continuación, las disputas mantenidas en este sentido por Diego Colón fueron constantes y la importancia otorgada a las capacidades documentales, fundamentales para tratar de imponer su supremacía frente a las instituciones establecidas por la Corona en aquellos territorios.

3. Diego Colón y el establecimiento del Juzgado de Apelación de la Española

En 1511, el rey Fernando el Católico, en un intentó de resolver los graves problemas de gobierno protagonizados en La Española, estableció el primer Juzgado de Apelación en las Indias (García Menéndez, 1981; Aranda, 2007; Julián, 2009, Historia, 2013). Por Real Provisión de 5 de octubre, la reina Doña Juana nombraba a los licenciados Marcelo Villalobos, Juan Ortiz de Matienzo y Lucas Vázquez de Ayllón, jueces de apelación de las Indias[4]. Ese mismo día, otra Real Provisión otorgaba sus ordenanzas, disponiendo con mucha claridad cuáles eran sus funciones y también cómo debían ser puestas por escrito (Sánchez-Arcilla, 1992: 65-69). Es de destacar que este Juzgado de Apelación recibió ya en estas primeras ordenanzas la mayor prerrogativa documental que el rey podía otorgar, es decir, la capacidad de poder expedir documentos haciendo uso de la mayestática y poderosa intitulación real y validarlos con el sello regio que, según se dispone, le será enviado:

“Otrosý, hordeno y mando, que los dichos Juezes ayan de despachar e despachen las cartas executorias que dieren e otras cartas que son postrimeras en que se fenescen los pleytos e cabsas que ante ellos estouieren pendientes, por Don Fernando e Doña Juana, e que vayan selladas con nuestro sello, que mandaremos poner en las dichas Yndias” (Arranz, 2007: 359; Sánchez-Arcilla, 1992: 65-69).

Las ordenanzas establecen cuándo y cómo debía hacerse uso de tan importantes competencias documentales. Los jueces de Apelación debían reservar el uso de la intitulación y sello del monarca para casos de justicia, “en que se fenescen los pleytos e cabsas”, se dice. El resto de los negocios que debieran escriturar, deberían ponerse por escrito bajo la propia intitulación y signos del Juzgado, expidiéndolos en nombre del rey, pero no como el mismo rey:

“e que las otras cartas e mandamientos que los dichos mis juezes dieren, que no fueren de la calidad sobredicha, se despachen poniendo a la cabeça de las dichas cartas e mandamientos: “Nos los Juezes del Abdiencia e Jusgado que está e resyde en las Indias, etc.”

Y añade:

“E esto mismo mandamos que faga el nuestro almirante que es o fuere de las dichas Yndias, sin embargo de cualquier costumbre que fasta aquí aya tenido de librarlo e ponerlo de otra manera”.

En efecto, el almirante Diego Colón, gobernador de La Española desde 1508, acababa de ser beneficiado con la conocida como sentencia de Sevilla, pronunciada el 5 de mayo de ese mismo año 1511 en su litigio con la Corona (Muro Orejón, 1967: 205-209). Según se declara, el Almirante, en calidad de virrey y gobernador, podía expedir Reales Provisiones como los mismos reyes:

“con tanto que las provisiones que por el dicho almirante y por sus subçesores se libraren e despacharen ayan de yr agora por don Fernando e doña Juana e, después de los días del Rey e Reyna nuestros señores, por el nombre del Rey e Reyna que por tiempo fueren en estos reynos de Castilla”[5].

Del mismo modo, Diego Colón y sus tenientes estaban capacitados para expedir documentos bajo su propia intitulación:

“y las provisiones y mandamientos que por los tenientes alcaldes e otros oficiales de justiçia, ansý del dicho almirante como de sus subçesores, se libraren o firmaren, o qualquier execuçión de justicia que en las dichas yslas se haga, digan yo fulano teniente o alcalde de tal lugar o ysla por el almirante tal visorrey o governador de la tal ysla o yslas por el rey don Fernando e Reyna doña Juana nuestros señores, y después de sus días por tal Rey o Reyna que por tiempo fueren”[6].

Se inicia así uno de los principales litigios documentales protagonizados en las Indias: la posesión del sello y su uso compartido entre la familia Colón y la Audiencia como principal tribunal representativo de la persona del monarca (García Gallo, 1972a; 1972b; 1987).

Durante años, Diego Colón se negó a reconocer las capacidades otorgadas a los jueces de apelación, protagonizando multitud de incidentes que manifestaban su indignación por lo que consideraba una usurpación a los privilegios que le acababan de ser reconocidos y a su propia condición de virrey.

El 23 de febrero de 1512, el monarca despacha varias Reales Cédulas dando instrucciones precisas sobre el modo en que se debía llevar a cabo el gobierno conjunto de la isla. El monarca se dirige al Almirante y a los jueces de apelación, pero se muestra especialmente enérgico cuando escribe tan sólo al primero (Arranz, 1982). Se insiste en la necesidad de mantener una estrecha correspondencia con la Península con el fin de que el monarca se encuentre informado de todo. Del mismo modo, la celebración de reuniones periódicas entre el virrey, los jueces de apelación y el resto de los oficiales reales de la isla parece indispensable, debiendo tratarse en común los asuntos y tomando las decisiones de manera conjunta. Según se dice, los negocios debían ser presentados “por memorial” por el lic. Lucas Vázquez de Ayllón, quien de este modo alcanzaba un mayor protagonismo[7]. Este sistema de gobierno fue conocido en la época como “consulta” (Arranz, 1982: 378-392; Lucena, 1982: 197) y se basaba en la adopción de acuerdos mediante votación, controlados y escritos en un libro abierto específicamente para ello:

“Y porque quantos más son los que miran los negocios quando todos tiene el cuidado dellos…, syenpre se ven mejor los negocios que quando se ven por pocos … y platycando sobre las cosas no puede sino mucho aprovechar… … Y avnque en todas las partes del mundo la mayor pérdida que en él ay es el tiempo, mucho más en gran manera lo es en esas partes, como todos muy bien sabéis, y por eso avéys de entender en todas las cosas con toda celeridad e que no aya ninguna dilaçión en ellas y para que esto se haga devéys dar la mejor horden que pudierdes, y para esto, demás de lo que allá ordenardes, encada vno de vuestros ayuntamientos, debe aver vn solicitador y devéys de tener en cada vno dellos vn libro de acuerdo donde se asyente todo lo que se acordare como acá se haze en las Abdiencias de nuestra Corte y en las Chancillerías”[8].

A pesar de las órdenes dadas por el mismo monarca, los problemas de competencia entre las distintas instancias de poder en la isla no cesaron en los meses siguientes, provocando graves incidentes. Tan insostenible fue la situación que el monarca se vio en la necesidad de recurrir al Consejo real, por entonces asentado en Burgos. Una Real Cédula, fechada el 24 de septiembre de 1512, puso en conocimiento del tribunal los graves problemas de autoridad que se sucedían en la isla, pidiéndoles consejo[9]. Según se dice, Diego Colón no sólo no reconocía a los jueces de apelación, sino que los desautorizaba de forma constante y los contradecía en sus provisiones:

“E agora nos an escripto de la dicha Ysla Española cómo luego que llegaron los dichos juezes, el Almirante les puso contradicción en un negoçio que el vno de ellos proveyó por estar los otros dos dolientes, como veréis por la relación del dicho negocio que vos mando enviar, firmado de Lope Conchillos, mi secretario, y porque si lo suso dicho no se atajase e remediase luego, podrían entre los dichos juezes y el dicho almirante y sus alcaldes mayores acaesçer otras cosas de más escándalo y escripven que sería muy necesario para lo atajar, alargarlo más en los dichos juezes de Apelación el poder e instrucción que llevaron”[10].

Sin duda, el monarca se estaba planteando la posibilidad de ampliar la jurisdicción y poder del Juzgado de Apelación como medio de terminar con la actitud del Almirante, estableciendo una auténtica Audiencia y Chancillería. Por suerte, se conservan todos los documentos que generó esta consulta al Consejo, incluida la relación que, como se dice en el texto antes citado, remitiría el secretario Lope de Conchillos. Esta relación, titulada “las cosas que su alteza ha de mandar ver en el Consejo”, resulta de gran interés, pues muestra la enumeración de los negocios que se consideraban de especial atención para resolver los problemas jurisdiccionales de la isla. En su quinto punto se narra cómo han escrito desde la isla proponiendo como medio de resolver la situación, el nombramiento de un presidente que acompañe a los jueces de apelación, que así mismo deberían convertirse en oidores. Estas son sus expresivas palabras:

“y para que se haga justicia en aquellas partes como en España y para que crean que el rey e la reyna, nuestros señores, son sus señores naturales y no el Almirante, como hasta aquí lo han creído allá algunos, y aún llegó la cosa que un día se predicó por un fraile en el púlpito de la iglesia que su alteza mande que con aquellos juezes aya un presidente y quel presidente y ellos tengan el mismo poder y autoridad para allá que tiene el presidente e oidores de Valladolid para Castilla y que como se llaman agora juezes, se llamen oidores y esto parece a los de allá que es muy necesario, así por la mucha distancia que ay de donde residen e han de residir los reyes de Castilla, señores de aquellas yslas, como por tener tan recio competidor como aquella Audiencia tiene en el almirante” [11].

Desde este momento, la solución a los problemas de competencias en el gobierno de la Isla pasará por el establecimiento de una auténtica Audiencia y Chancillería con capacidad para actuar de palabra y por escrito como el mismo monarca (Ruiz Guiñazú, 1916: 59). El tema resulta de gran interés, especialmente porque un poco más adelante Lope de Conchillos añade el correlato que este cambio institucional tendría en las competencias documentales propias de la Audiencia: “También parece que luego les debe su magestad mandar que despachen todas las provisiones por Don Fernando y Doña Juana”[12].

Se conserva el borrador o minuta del parecer dado por el Consejo a los distintos asuntos relacionados por el secretario. El texto se encuentra plagado de tachaduras y añadidos, lo que permite conocer cuáles fueron los principales puntos de debate, las posibles opciones que se barajaron en el seno del tribunal y cómo se adoptó finalmente por una opción determinada. Es así como se puede saber que, en un primer momento, el Consejo apostó por las ventajas de elevar a auténtica Chancillería el Juzgado de Apelación, nombrándose para ello presidente y oidores “y que tuviesen el poder que tienen el presidente y oidores de las Audiencias de Valladolid y Granada, salvo en lo que toca a las apelaciones…”[13]. Sin embargo, este texto fue tachado, para escribir otro mucho más sutil, por el que, si bien se mantenía la posibilidad de nombrar presidente y oidores, se puntualizaba con claridad que seguirían ejerciendo su jurisdicción según las instrucciones dadas al Juzgado:

“V.A. podrá poner presidente y oidores que tengan la jurisdicción en las dichas yslas, según y como se contiene en la instrucción que llevaron los juezes de Apelación que allá fueron”[14].

Tampoco se olvidaron los consejeros de las consecuencias documentales aparejadas a estos cambios, aunque añaden la necesidad de controlar el sello y el registro:

“Nos parece que sy ha de aver Audiencia en forma de presidente y oidores, que V.A. puede mandar que, aviéndola, libre por Don Fernando y Doña Juana, y con sello y registro”[15].

No parece, sin embargo, que este proyecto prosperara por el momento. La situación se mantuvo exactamente igual hasta la suspensión de Diego Colón y del Juzgado de Apelación con la llegada de los padres jerónimos en 1516 y del licenciado Alonso Zuazo como juez de residencia (Ruiz Guiñazú, 1916: 58; García Menéndez, 1981: 147).

En cualquier caso, se debe tener presente que el Almirante también tenía buenos apoyos que justificaban su forma de gobierno y, por supuesto, también sus capacidades jurídicas y documentales. Un memorial anónimo a favor de sus prerrogativas, expresa muy bien esta idea, tras explicar los amplios poderes y máxima jurisdicción otorgada por los reyes al Almirante:

“Manifiesta cosa es que los príncipes exerçen los actos de jurisdiçión e gobernación y justicia por vicarios y ministros, especial en aquellas partes do no se puede hallar su real persona presente y como esto oviessen de hazer en las Yndias, eligieron para ello al Almirante, dándole aquella juridiçión, autoridad y poder en general y particular que darse puede… por quanto le hicieron virrey e gobernador, que son las dos superiores dinidades que debaxo de la real se hallan…, dándole asimismo forma a la manera y uso de los dichos poderes y preeminencias, es a saber, que todo fuese hecho y espedido con el sello y nombre real”[16].

4. El restablecimiento de la Audiencia en 1520 y las nuevas competencias documentales

El 17 de mayo de 1520, una nueva sentencia a los pleitos colombinos modifica una vez más el sistema de gobierno de La Española y, con ello, la expedición de documentos reales en la isla. El Juzgado fue restablecido y por fin elevado a categoría de auténtica Audiencia, nombrándose a Pedro Suárez de Deza, presidente (Muro Romero, 1975: 76). Así se desprende de la carta que los jueces de apelación escribieron al monarca el 28 de agosto, comunicándole el recibo de una provisión por la que se les mandaba que volvieran a ejercer sus oficios, al tiempo que le agradecían “aver querido V.M. ennoblecer la dicha Abdiençia con mandar que en ella resyda presidente y más número de juezes”. Se le informa igualmente haber dado cumplimiento a la orden de recibir al licenciado Figueroa, juez de residencia, como juez de dicha Audiencia” [17]. Por su parte, Diego Colón fue reconocido como gobernador y virrey, aunque sujeto a la vigilancia del monarca y al juicio de residencia[18]. La segunda sentencia a los pleitos colombinos dispone con detalle cómo debía proceder el Almirante en su actuación documental, estando capacitado para expedir documentos intitulados por los reyes, si bien nada se dice en esta ocasión del sello:

"Iten, declaramos e mandamos que todas las Provisiones que se expidieren e despacharen por el dicho Almirante que oviere de despachar como nuestro visorrey, se espidan e despachen en nuestro nonbre o de nuestros subcesores por agora o por el tienpo futuro e que las provisiones que se despacharen por los alcaldes e oficiales del dicho Almirante o qualquier executor de justicia que en las dichas yslas por ellos se haga, digan, yo fulano teniente o alcalde de tal lugar o ysla por el almirante e visorrey y governador por el rey don Carlos, emperador semper augusto e por la reina doña Johana nuestros señores, et después de sus días por tal rey e reina que por tienpo fuere, como dicho es“[19].

La nueva sentencia, sin embargo, no resolvió los problemas de competencia, tal vez por su propia indeterminación. Una vez más, el virrey no reconoció las facultades de la nueva Audiencia, ni sus capacidades, en especial, las relativas a las apelaciones y a los llamados casos de Corte.

Los testimonios conservados que narran los constantes problemas protagonizados en la isla por estos años son muy abundantes y graves. Diego Colón fue acusado muy pronto, en 1521, de mantener una Audiencia paralela en su casa, junto al licenciado Figueroa, antiguo juez de residencia, quien actuaba como jurista asesor para determinar en los casos que estimara conveniente, especialmente los de Corte (Lucerna, 1982: 218). Mediante esta Audiencia colombina se llegaron a decidir aspectos de gobierno y de justicia, sin permitir apelar a la Audiencia real. Actuaban con total impunidad, expidiendo Reales Provisiones bajo la intitulación y el sello regio, lo que no le correspondía. El Almirante y el licenciado Figueroa contravenían las disposiciones reales, no se reunían nunca con los jueces, como estaba determinado para hacer “consulta”, ni entregaban los procesos cuando los oidores lo pedían, contradiciéndolos públicamente y, con ello, desautorizando la justicia real.

El detonante de esta compleja situación lo provocó el mismo Diego Colón, quien el 11 de octubre de 1521 publicó un pregón por el que declaraba su supremacía respecto a la jurisdicción de la Audiencia y la desautorizaba públicamente. Según el Virrey, la determinación de los casos de Corte era algo propio de su competencia, por lo que contradecía pregones anteriores declarados por la misma Audiencia[20].

Lucas Vázquez de Ayllón, en un interesante memorial dirigido al monarca, expuso con detalle lo ocurrido, así como las posibles soluciones que a su juicio se podrían adoptar[21]. Este texto tiene especial interés para lo que aquí se estudia, pues detalla importantes cuestiones documentales, reflejo, una vez más de los debates jurisdiccionales mantenidos en la isla. El oidor acusa al Virrey de actuar en “a modo de rey”, proveyendo y despachando todo lo que estimaba oportuno, pensando que como virrey podía hacerlo, al encontrarse el monarca ausente. Esta asunción de la personalidad jurídica del monarca sin estar autorizado para ello va a provocar uno de los problemas de autoridad más graves en el gobierno de la Isla. Diego Colón adoptó la costumbre de escriturar su voluntad mediante la expedición de Reales Provisiones, pero también de Reales Cédulas, documentos caracterizados por iniciarse por una breve y escueta intitulación real, expresada de forma invariable con las palabras “El Rey” separadas del cuerpo del documento y por estar siempre firmadas por el mismo rey o, en caso excepcional, por sus gobernadores. Los monarcas nunca delegaron la expedición de Reales Cédulas a instituciones distantes a su Casa y Corte, pues necesariamente debían pasar por sus manos. La usurpación que Diego Colón hizo de este signo de identidad monárquico, provocó la ira del rey, concibiéndolo como un gran agravio que de forma tajante se debía castigar.

La cuestión no resultaba fácil de resolver, aunque todos coincidían en la necesidad de ponerle pronto remedio. Destaca en este sentido la larga propuesta presentada por el mismo licenciado Lucas Vázquez de Ayllón, para quien la solución pasaba necesariamente por tres cuestiones: la elaboración de nuevas ordenanzas conforme a las existentes para las Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada; el nombramiento efectivo de presidente, cargo vacante por fallecimiento de Pedro Suárez de Deza, y el aumento del número de oidores; y, por último, como no podía ser de otro modo, la entrega de un sello específico para la Audiencia y su correspondiente registro: “y asimismo que su magestad mande proveer de sello y registro, relator y porteros y de las otras cosas que las Abdiencias e Chancillerías destos reynos tienen”[22].

Las graves acusaciones presentadas en la Corte por Lucas Vázquez de Ayllón fueron confirmadas muy pronto en Santo Domingo, donde la Audiencia, en cumplimiento de una Real Provisión de 20 de marzo de 1523, inició las pesquisas conducentes a la averiguación de los hechos[23].

Según se desprende de las probanzas presentadas al Consejo, Diego Colón, efectivamente, aseguraba ser superior en todo a la Audiencia:

“Iten, todos los despachos de qualquier calidad e condición que sean en poco o en mucha cantidad, los despacha por don Carlos e con el sello real y otras veces poniendo encima el Rey, e dice que los tales despachos e que lo a ellos tocante e la Abdiencia en grado de apelación ny de fuerça, ny en otra manera alguna, no se puede entremeter a conocer ny oyr los querellados, diziendo que todo lo que provee e despacha es como lo que provee la persona de Su Magestad, e que no tiene superior alguno salvo que el que se syntiere agraviado puede suplicar ante él”[24].

Esta irregular práctica era ejecutada, además, tanto por Diego Colón como por sus tenientes, lo que provocó una situación inusual y anómala que irritó especialmente al monarca:

“Iten, pone el dicho almirante tenientes de virrey, los quales despachan por don Carlos e poniendo encima el Rey e asý dexó a doña María de Toledo, su muger, dándole poder e provisión por don Carlos para usar el dicho oficio e mandando a los governadores e justicias que por tal la tengan e ovedezcan y asý se ha fecho”[25].

Las averiguaciones llegaron incluso hasta los secretarios, escribanos y otros oficiales de la pluma que ponían por escrito y validaban los documentos fraudulentos. El 22 de octubre de 1523, el monarca ordena a la Audiencia que localice y haga parecer ante ellos a los escribanos y secretarios que refrendaron, suscribieron y sellaron los documentos y comprueben si tienen título real para ello. Los oficiales de la pluma implicados fueron: García de Aguilar, criado del Almirante, que refrendaba como secretario real los documentos expedidos por Diego Colón en calidad de virrey; Hernando de Berrio, escribano del número y del concejo, que refrendaba las provisiones de Diego Colón; por último, Toribio Rodríguez, quien firmaba al pie del sello de los documentos como hacen los cancilleres, lo que califica de “caso muy grave y de grandísimo atrevimiento”[26].

Se conserva la defensa que Diego Colón hizo ante el Consejo de las acusaciones planteadas. Curiosamente, considera que expedir los documentos bajo la intitulación regia no debe ser entendido como una falta de respeto, ni como una usurpación de la jurisdicción, sino todo lo contrario, pues todo lo que hace y ejecuta no es en su propio beneficio, sino en el del mismo monarca:

“y que expida las cartas con título de Rey y Reyna y las selle con su sello, do parece que le quisieron dar todo el uso de la jurisdicción, reservando solamente que no la usase como cosa propia salvo en su real nombre y ansí pues, que el almirante no la usa como suya sino en nombre de V. Alteza, no se puede decir que paresciera enagenar la supremacía de la corona real pues que todo se exercita en su nombre” (Colección: vol. VIII, 388-389).

Para Diego Colón, el oficio de virrey era, sin duda, superior al de la Audiencia, pues como su propio nombre indica, “quiere decir voz e fuerza de rey, es a saber, que haga y entienda en lo que por su mesma real persona entendería y haría” (Colección: vol. VIII, 388-389 Sánchez-Arcilla, 1992: 27).

El inicio de una nueva etapa, sin embargo, estaba apunto de llegar. La Real Provisión de 10 de junio de 1523 dirigida a las villas y ciudades de La Española, muestra muy bien un nuevo espíritu que se desarrollará plenamente tras el fallecimiento del Almirante, tres años después:

“Sepades que no (sic) havemos mandado agora nuevamente proveer presidente en la nuestra Audiencia Real que reside en esa isla e se ha fecho para ello nuevas hordenanças y reformado de otras cosas que a nuestro seruiçio y a la avtoridad de la dicha Avdiencia conviene, y porque a nuestro seruiçio y bien desas partes cumple que todo lo que la dicha Avdiencia proveyere e hiziere se guarde, cunpla y obedezca en todo y por todo, como si nos lo mandásemos y proveyésemos, fue acordado que deuíamos mandar dar esta nuestra carta en la dicha razón, por la qual vos mandamos a todos e a cada vno de vos como dicho es, a quien esta nuestra carta o su traslado signado fuere mostrada e della supierdes en qualquier manera, que cada e quando por los dichos nuestros presidente e oidores fuerdes llamados e requeridos acudáis a ellos e hagáis y cumpláis todo lo que de nuestra parte vos dixeren e mandaren… e le déys todo vuestro favor e ayuda que vos pidieren e mandaren”[27].

5. La Audiencia y Chancillería de Santo Domingo: usos y prácticas en la expedición de documentos reales

La reforma de la Audiencia de Santo Domingo en auténtica Audiencia y Chancillería estaba aún por llegar. De hecho, a pesar de los intentos previos analizados, no fue hasta la muerte de Diego Colón en 1526 cuando pudo hacerse realidad. Tradicionalmente se dice que esta renovación institucional se produjo por Real Provisión de 14 de septiembre de dicho año 1526, y reiteradamente se cita como texto de la fundación un fragmento publicado en la Recopilación de las Indias (Ruiz Guiñazú, 1916: 16, 36; Malagón, 1977: 20, 99; Sanchez-Arcilla, 1992: 28, 79; Aranda, 2007: 70):

"Mandamos que en la Ciudad de Santo Domingo de la isla Española, resida nuestra Audiencia y Chancillería Real, como está fundada, con un Presidente que sea Gobernador y Capitán General, cuatro oidores que también sean Alcaldes del Crimen; un Fiscal; un Alguacil mayor y una Teniente de Gran Chanciller y los demás Ministros y oficiales necesarios y tenga por distrito todas las Islas de Barlovento y de la Costa de Tierra firme y en ellas las gobernaciones de Venezuela, Nueva Andalucía, Río de el Hacha que es la gobernación de Santa Marta y de la Guayana o Provincia del Dorado, lo que por ahora le tocare y no más, partiendo términos por el mediodía, con las cuatro Audiencias del Nuevo Reino de Granada, Tierra firme, Guatemala y Nueva España, según las Costas que corren de la Mar del Norte; y el Presidente, Gobernador y Capitán General pueda ordenar y ordene lo que fuere conveniente en la causas militares y tocantes al buen gobierno de la dicha isla de Santo Domingo, según y como lo pueden y deben hacer lo demás nuestros Gobernadores y Capitanes Generales de las provincias de nuestras Indias y provea las Gobernaciones y demás oficios que vacaren en el distrito, entretanto que nos lo proveyéremos, y haga, ejerza y provea todas las demás cosas que fueren de Gobierno, y los Oidores de la dicha Audiencia no intervengan en ellas, ni el Presidente en las de justicia, y todos firmen lo que proveyeren, sentenciaren y despacharen los Oidores"[28].

Parece, sin embargo, que este fragmento no puede corresponderse con el de la fundación de la Audiencia y Chancillería de Santo Domingo, pues por estos años tan tempranos todavía no se había establecido siquiera la Audiencia y Chancillería de México y menos aún la de Panamá, Guatemala o la de Santa Fe, con las que, según el texto transcrito limitaba su distrito. En el libro registro correspondiente a Santo Domingo por esos años, se conservan varias Reales Cédulas y Provisiones expedidas el 14 de septiembre de 1526, sin embargo, el único que hace mención expresa a la consideración de Chancillería de la Audiencia de Santo Domingo es una larga Real Cédula en respuesta a varias cartas de los oidores y en cuyo punto 24, relativo a la determinación de los recursos de fuerza se dice lo siguiente:

“entretanto que se hacen las ordenanzas que para esa Audiençia se han de enviar, conoceréis destos casos como se conoce en las nuestras Audiencias de Valladolid e Granada, conforme a derecho sin estender más nuestras justicias de lo que de derecho y en las nuestras Audiencias se platica”[29].

En cualquier caso, lo cierto es que desde principios de 1525, el monarca se dirige en ocasiones a la institución como Audiencia y Chancillería (Paredes, 2012: 283) y el 28 de junio de 1527, Sebastián Ramírez de Fuenleal, oidor de la Chancillería de Granada y obispo de Santo Domingo, fue nombrado su presidente[30]. Su título de nombramiento no dice nada significativo respecto al cargo que iba a desempeñar en la renovada institución, ni tampoco respecto a sus competencias documentales. No será hasta el envío de unas nuevas ordenanzas el 4 de junio de 1528 cuando se pueda conocer en rigor las capacidades de la nueva institución[31]. En ellas se dispone taxativamente la equiparación de la institución a las Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada, estableciéndose que “libren y despachen todas las cartas y provisiones y cartas executorias que dieren con nuestro título y con nuestro sello y registro según e de la forma e manera que al presente se libre e despacha en las dichas nuestras Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada”[32].

Según se dispone, el nuevo tribunal contará con un nuevo cargo de chanciller, que deberá ajustarse en sus tasas al arancel que se disponga para ello, prohibiéndole sellar provisión alguna escrita en “letra procesada” y sellando sobre papel “y para esto sea la cera colorada, bien adobada, de guisa que no se pueda quitar el sello”[33]. Se establece también como responsabilidad del chanciller la adecuada conservación de los documentos y procesos en un armario “poniendo los de cada año sobre sí, y el escribano debe poner una tira sobre el proceso donde se diga entre quien pasó…” cubriéndolos de pergamino, “ y en otra parte se ponga otro armario donde se conserven todos los privilegios y pragmáticas y preeminencias de dicha “corte y chancillería”[34].

La Audiencia y Chancillería quedaba claramente constituida y en adelante, se puede suponer que la expedición de los documentos y la preeminencia del tribunal no volvería a cuestionarse ni a ponerse en entredicho. Sin embargo, aún no estaba todo convenientemente ordenado. Curiosamente, la Audiencia y Chancillería real de Santo Domingo se constituyó y funcionó durante años sin contar con sello real alguno que la amparase, una situación realmente inédita y compleja, de gran importancia para lo que aquí se estudia.

Desde la Baja Edad Media, las Audiencias y Chancillerías existentes en Castilla no podían actuar en justicia, ni constituirse, sin contar con la presencia simbólica del monarca representada en su sello (Gómez, 2008: 43). Son muchos los testimonios que atestiguan cómo tras el fallecimiento de un monarca las Audiencias y Chancillerías de Valladolid y Granada quedaban en suspenso, hasta que el sello del nuevo monarca era recibido. En ocasiones, para evitar los perjuicios que esta paralización podía provocar, se autorizaba a seguir usando el sello antiguo hasta que se abriera y enviase el nuevo, procediéndose entonces a la destrucción solemne del anterior. Ante el sello real tomaban juramento los miembros del tribunal y era su presencia lo que les autorizaba a actuar como el mismo rey (Garriga, 1994: 228-232; 2006a:151).

En Santo Domingo, sin embargo, esto no fue así. Como se verá, el sello tardó en llegar al menos cuatro años, lo cual no impidió a los oidores y su presidente a constituirse como Audiencia e incluso expedir Reales Provisiones intituladas por los reyes, aunque validadas sin su sello.

El testimonio más significativo localizado en este sentido data del 10 de marzo de 1529, fecha en la que la Audiencia y Chancillería se dirige al Emperador para informarle cómo habían recibido, publicado y obedecido las nuevas ordenanzas, pero también los inconvenientes que habían hallado para poder cumplirlas en su totalidad[35]. Al parecer, fue el propio Carlos I quien pidió al tribunal que expresara su opinión, teniendo presente que se trataba de una tierra nueva y podía ser posible que no pudieran aplicarse las mismas disposiciones que se utilizaban en Castilla.

El primer punto que argumentan no poder cumplir es el relativo a la ordenanza número dos, aquella precisamente que, como ya se ha comentado, capacitaba a la Audiencia a expedir documentos bajo la intitulación del monarca. El motivo que aducen para justificar tal incumplimiento es la carencia del sello real. Según dicen, aunque existían personas nombradas por el Gran Chanciller de las Indias, Mercurino Gattinara, para su uso y custodia, el sello no había llegado, lo que les obligaba a expedir los documentos reales sin sello, añadiendo una original y curiosa cláusula que anunciaba su ausencia:

“luego que las ordenanzas se publicaron hallamos acá personas que tenían facultad de vuestra mag. Para husar del registro y sello pero la persona que tiene cargo de dicho sello por el gran chanciller no tyene sello, que dize que no se ha enviado, y a esta cavsa, por cumplir la ordenança se a despachado y despacha en el real nombre de V. Mag. y a las espaldas de cada provisión refrenda el chanciller y registrador y se dize en cada provisión cómo no va sellada por no aver venido el sello”.

He podido localizar un traslado de Real Provisión expedida por la Audiencia y Chancillería y, en efecto, el documento se cierra con las firmas del teniente del canciller y registrador y la original fórmula que declara expedirse sin sello por no haber llegado todavía a la Isla:

“de lo cual mandamos dar la presente, firmada de los dichos presidente e oidores de la dicha nuestra Audiencia e refrendada de nuestro escribano della e señalada en las espaldas del nuestro registrador y chanciller por quanto hemos mandado ynbiar nuestro sello real la dicha nuestra Audiencia, el qual al presente no es llegado a ella”[36].

El Presidente y oidores piden que se remedie esta situación y se envíe el sello con la mayor brevedad posible:

“se mande a los oficiales de la Casa de la Contratación de Sevilla que ellos lo hagan hazer y nos lo envíen, que lo que costare se les enviará de los derechos del mismo sello”.

Al margen se puede leer la resolución dada por el Consejo:

“Que se haga vn sello y Sámano lo envíe”.

Entre los papeles del secretario Juan de Sámano no se halla referencia alguna relativa al cumplimiento inmediato de esta orden. De hecho, el 10 de abril de 1530, una nueva carta del presidente y oidores de la Audiencia informa que todavía no han recibido el sello y que se despacha sin él, manteniendo la oferta de costear su apertura. También ahora el acuerdo del Consejo fue positivo, si bien añade un importante requisito: “que los reciban con solemnidad”[37]. Al año siguiente, el 11 de agosto de 1531, otra carta remitida en esta ocasión por el antiguo presidente, Sebastián Ramírez de Fuenleal, informa al monarca de las especiales circunstancias de la Audiencia y Chancillería de Santo Domingo, mitad Consejo y mitad Chancillería, y la necesidad que tienen de sello, si bien, declara que cuando llegue será recibido con la solemnidad necesaria, pues ha dado instrucciones de cómo hacerlo antes de marcharse a México[38].

No me ha sido posible localizar testimonio fehaciente de cómo el sello fue recibido en Santo Domingo y qué ceremonias se le hicieron en la ciudad, sin embargo, se puede afirmar que había llegado antes del año 1534, pues con esa fecha, la Audiencia eleva al monarca un segundo escrito sobre la imposibilidad de cumplir ciertos puntos de la ordenanza de 1528 y en el texto ya no figura la imposibilidad de expedir documentos intitulados con el sello real, por lo que cabe deducir que éste ya había llegado[39].

Es posible que el sello fuera enviado en 1532, año en que también se remitió a México, segunda Audiencia y Chancillería indiana, fundada en 1527. Se conocen diversos testimonios indirectos del recibimiento del sello en esta segunda Audiencia y todos ellos evidencian la solemnidad con que el mismo fue recibido (Ruiz Guiñazú, 1916: 73). En realidad, las primeras noticias relativas a la apertura de un sello para ambas Audiencias, datan de dicho año 1532, coincidiendo con el nombramiento de Diego de los Cobos, hijo de Francisco de los Cobos, como canciller mayor de las Indias, en sustitución de Mercurio Gattinara, fallecido en 1530 (Gómez, 2008: 109-110). Francisco de los Cobos y el secretario Juan de Sámano fueron en realidad los protagonistas. El 12 de agosto de 1532, Francisco de los Cobos concedió poder a Juan de Sámano, secretario y amigo, para que en nombre de Diego de los Cobos iniciara el proceso de elección de las personas que en las Audiencias de Santo Domingo y México usarían del sello en nombre del nuevo canciller[40]. El 15 de diciembre, Juan de Sámano, en virtud del poder concedido, nombró a Rodrigo de Albornoz y Juan Alonso de Sosa, contador y tesorero de la Nueva España respectivamente, como lugartenientes del canciller, para que tomaran posesión del oficio, haciendo presentación de los títulos otorgados para ello y llevando a cabo el juramento necesario. Se especifica también que, una vez hecho esto, podrían “reçibir, hauer e cobrar de todas e qualesquier personas que han tenido cargo del dicho officio de chanciller en la dicha Audiencia e Chancillería de la Nueva España, todos los maravedís que hubiere rentado, desde el día que el dicho chanciller mayor falleció (se refiere a Gattinara) hasta el día que tomáredes e vos fuere dada la posesyón”.

Según esto, Antonio de León Pinelo tenía en parte razón cuando en su clásica obra sobre el Gran Chanciller de las Indias, afirmó que el primer sello que viajó a Santo Domingo fue el entregado a Juan Alonso de Sosa en 1532 , abierto y dirigido al mismo tiempo que a México (León Pinelo, 1952: 58-60). No tuvo presente, el tratadista, sin embargo, el primer sello real presente en las Indias, el custodiado por Cristóbal Colón, ni tampoco su uso, en muchas ocasiones indebido, por su hijo Diego y otras autoridades, como se ha tenido ocasión de ver (Cipriano, 1995: 201-207).

Las siguientes noticias que he podido localizar relativas al envío de un sello a la Audiencia y Chancillería de Santo Domingo datan ya de mediados de siglo, cuando con motivo de la abdicación de Carlos I en 1556, Felipe II asumió el trono, iniciándose con ello el proceso de rotura de los sellos antiguos y apertura de otros para el nuevo rey. Se conserva el documento original firmado por el oidor de la Audiencia de Santo Domingo, Basco Gutiérrez de Céspedes, por el que declara haber recibido del secretario Ochoa de Luyando, “un sello real que S. Mag., el Rey nuestro Señor, enbía a la dicha Abdiençia”, obligándose a llevarlo y entregarlo en su destino con el cuidado que se merecía[41]. Basco Gutiérrez de Céspedes, sin embargo, no llegó a salir de la Península, falleció en Llerena, en el viaje de camino hacia Sevilla y, aunque Felipe II dio órdenes inmediatas para que el sello fuera recogido, no se encuentran más noticias acerca de la remisión de éste u otro sello a la Audiencia de Santo Domingo a lo largo del siglo XVI (Gómez, 2008:129). De hecho, no va a ser hasta el siglo XVIII, en concreto en el año 1746, con motivo de la llegada al trono de Fernando VI, cuando se tenga constancia fehaciente de la ceremonia de recibimiento llevada a cabo en Santo Domingo con ocasión de la remisión de nuevos sellos a la isla (Herrera, 1984: 81-94; Cipriano, 1995: 204-207; Ugarte, 1998: II, 215-220). Tal vez sea ésta también la vez primera que en Santo Domingo se sacara testimonio ante escribano de las celebraciones llevadas a cabo con motivo de la recepción, al menos eso puede desprenderse de la respuesta que en 1787 la propia Audiencia y Chancillería de Santo Domingo dirigió a la recién creada de Caracas cuando, con motivo de la entrega de un nuevo sello para su establecimiento, solicitaron ayuda y asesoramiento en los actos y ceremonias que se debían organizar. Los secretarios de la Audiencia y Chancillería de Santo Domingo, respondieron, en cambio, no haber encontrado testimonio alguno anterior al realizado en tiempos de Fernando VI, que con tal motivo relacionan (Cipriano, 1995: 203; Armas, 1973: 272-273).

6. El oficio de chanciller y registrador en Santo Domingo

Si escasas y tardías son las noticias relativas a la entrada del sello real en Santo Domingo, más aún lo son, si cabe, las referentes a su tenencia y posesión efectiva en la Audiencia y Chancillería.

El cargo de canciller y de registrador mayor de las Indias en la primera mitad del siglo XVI fue un oficio honorífico otorgado por los monarcas a personalidades que podían nombrar a lugartenientes para su ejercicio (Gómez, 2008: 89-105). Aunque no se ha conservado el título específico de nombramiento, el primer canciller de las Indias fue el consejero Juan Rodríguez de Fonseca, quien tenía a su cargo el sello real de las Indias, creado según consta por su arancel, en 1514. Junto al canciller, el registrador mayor, quien tenía como obligación principal controlar mediante su copia en registro los documentos expedidos a Indias bajo la intitulación y sello del monarca. El primer registrador mayor de las Indias fue el secretario Lope de Conchillos, nombrado en 1515, a quien siguió en 1522 el también secretario Juan de Sámano (Gómez, 2012a). Desde entonces, el título recayó en diversas personalidades, que escogían y nombraban a los tenientes que en su nombre actuarían, tanto en la Península, como en Indias.

Los principales cancilleres y registradores de las Indias en estos primeros años fueron Mercurio Gattinara, nombrado canciller mayor de las Audiencias de Santo Domino y México, por título expedido el 22 de abril de 1528, ejerciéndolo hasta el año 1530 en que murió. Junto a él, el consejero Diego Beltrán, registrador mayor de las mismas Audiencias de Santo Domingo y México, por título expedido el mismo día, quien se mantuvo en el cargo hasta que fue destituido en 1542. Ya se ha comentado cómo en el año 1532, Diego de los Cobos, hijo menor de edad del secretario Francisco de los Cobos, recibió nuevo título de canciller de las Indias, siendo encargado de usar su oficio en el Consejo de Indias, Juan de Sámano.

Conociendo quienes eran los titulares de los oficios de canciller y registrador mayor de las Indias y el modo en que la monarquía entendió estos empleos, no he podido localizar ningún testimonio relativo al procedimiento de elección y nombramiento efectivo de aquellos que ejercieron el cargo en Santo Domingo en estos primeros años. Se sabe que existían personas nombradas por Mercurio Gattinara para ejercer el oficio, pues así lo afirma el presidente y los oidores de la propia Audiencia y Chancillería cuando, como se ha dicho, en 1529 acusan recibo de las nuevas ordenanzas, sin embargo, no se conocen sus nombres, ni cómo llegaron a recibir nombramiento. En algunos testimonios de Provisiones expedidas por la Audiencia y Chancillería de Santo Domingo figuran diversos nombres como tenientes del canciller, pero no existe continuidad alguna en este sentido, ni me ha sido posible encontrar más información sobre la calidad de los nombrados. Es el caso de Pedro de Vida, que figura firmando como canciller, junto a Diego Caballero, registrador y escribano de Cámara de la Audiencia, en un traslado de Real Provisión de la Audiencia y Chancillería fechada el 7 de octubre de 1536[42]. El 14 de junio de 1551 se expide otra Real Provisión en la que figura como canciller Diego Villanueva, siendo registrador el mismo Diego Caballero, quien también era contador de la isla[43]. Años más tarde, en 1566, otra Real Provisión muestra a un tal Pedro Serrano como canciller y como registrador a Agustín Arce de Quirós, natural de Santo Domingo que ejercía como escribano de Cámara en la Audiencia[44].

En realidad, no va a ser hasta la década de los setenta cuando se tenga mayor información acerca de la tenencia del sello en Santo Domingo. La primera persona de la que consta fehacientemente haber recibido título de canciller para la Audiencia fue Ruy Fernández de Fuenmayor, contador de La Española[45], quien lo recibió por nombramiento de Felipe II, tras la muerte del canciller Diego de los Cobos, marqués de Camarasa, según consta en la carta que le escribió el 2 de julio de 1577, dando cuenta del recibo del título[46]. Poco más se sabe de la actuación de este canciller, salvo que falleció pocos años más tarde, sin duda, antes del mes de marzo de 1579[47]. Por estos años, el oficio de canciller y registrador de las Audiencias de Indias había comenzado a ser vendido por la Corona a aquellos particulares que estaban dispuestos a pagar por su ejercicio (Gómez , p. 234-236). En la Audiencia de Santo Domingo el proceso se inicia en el año 1581 y se ejecutó tres años más tarde, en 1584, cuando fue vendido a Juan Beltrán Caycedo. El 9 de diciembre de 1581, el Consejo de Indias consulta a Felipe II haber encargado al fiscal y al secretario Ledesma, se informen de lo que podrían valer los oficios de canciller y registrador de las Audiencias de Santo Domingo, México y el mismo Consejo de Indias, para proceder a su venta. No han llegado hasta nosotros esos informes, pero sí la carta que el licenciado Rodrigo de Rivero, visitador de La Española escribió al rey el 13 de enero del año siguiente sobre la situación que encontró en la isla. Al referirse al estado en que se hallaban las casas reales y la propia Audiencia, dice lo siguiente:

“Las casas reales que son morada del presidente y se hace Audiencia en ellas y está la Caxa real es de muy poco aposento y no bueno, ai falta de aposento para la fundición del oro que hacen los oficiales de la hacienda real… y para que esté el sello real, que anda de casa en casa con la mundança de los chancilleres que le tienen en sus casas por la falta de aposento, para que el relator y escribanos de Cámara estén quando el presidente y oidores están en el Acuerdo, haciendo las sentencias y autos secretamente y escribiéndolos por su mano en aquel aposento conforme a los puntos y determinaciones de los pleitos que en los tales acuerdos fueren botando, y con que se lebante un cuarto de casa pegado con la misma caja en una calleja que confina con las mismas casas reales sería aposento bastante para todo”[48].

Por Real Cédula de 27 de mayo de 1582, el monarca ordena al visitador disponga lo necesario para que se señale un aposento adecuado y seguro para la custodia y uso del sello real. Se ordena también establecer un horario de asistencia diaria del canciller a la sala del sello, donde ejecutaría su oficio con la seguridad y decoro necesario[49].

El 11 de diciembre de 1584, una Real Cédula dirigida al presidente y oidores de la Chancillería de Santo Domingo, expresa la voluntad real de que el oficio de canciller se vendiese, y ordena que se disponga lo necesario para vender el empleo, entregando el sello a aquel que, siendo suficiente, más dinero ofreciere por él, con la condición de que en los tres años siguientes obtuviera confirmación real del nombramiento.

Se conserva testimonio de esta confirmación, solicitada por Juan Beltrán Caycedo, quien expresa haber comprado el oficio, vacante tras la muerte de Ruy Fernández de Fuenmayor, en 800 ducados. El canciller presentó copia del título expedido por la Audiencia y Chancillería de Santo Domingo el 19 de diciembre de 1586, donde se da cuenta de todo el proceso de venta, así como de la entrega que se le hizo del sello tras haber hecho el juramento necesario. La confirmación fue otorgada el 25 de marzo de 1587[50]. Juan Beltrán Caycedo ejerció como canciller durante toda su vida, siendo sustituido, en 1622, por Fernando de Villafañe Trejo, quien lo compró por 600 ducados, 200 menos que su antecesor[51].

Más escasos son los datos relativos al empleo de registrador. Se sabe que el 1 de junio de 1551, María de Austria, hija de Carlos I y reina consorte de Bohemia y Hungría, hizo merced del oficio de registrador de la Audiencia y Chancillería de Santo Domingo a Alonso Muriel, contino y repostero de camas de su Casa. El título, firmado de la princesa y los consejeros de Indias, y sellado con el sello imperial, se otorgó con la condición de que fuera servido por él mismo, sin poder delegar en terceras personas[52]. La imposibilidad que Alonso Muriel tuvo de desplazarse a Santo Domingo para ejercer el empleo fue la causa de que en la práctica éste fuera servido por personas diversas, fundamentalmente por Diego Caballero, contador y escribano de la Audiencia (Moreta, 1998: 45). En el año 1565, figura ejerciendo como registrador un tal Simón Bolivar, quien presentó información ante el Consejo de Indias para servir el empleo de escribano de Cámara en la misma Audiencia (Moreta, 1998: 45; Gomez, 2008: 289). El 19 de abril de 1584, sin embargo, Alonso Muriel consigue que el monarca cambie las condiciones de su nombramiento como registrador y, con mediación del Consejo de Indias, se le hizo merced de poder ejercerlo mediante tenientes, convenientemente examinados, debiendo confirmar su título ante el rey en los tres años siguientes[53]. El escogido fue Diego de Reinoso, vecino de la ciudad de Santo Domingo, quien recibió nombramiento para servir el empleo durante su vida, jurando el cargo ante el presidente y oidores de la Audiencia el 22 de marzo de 1588. Se conserva el testimonio de todo el proceso, que fue presentado ante el Consejo de Indias para solicitar la confirmación del oficio[54]. El 20 de abril de 1588, el Consejo acordó otorgar la confirmación, resolución que fue finalmente comunicada al agraciado mediante la expedición de una solemne Real Provisión expedida en San Lorenzo, el 24 de julio de 1589[55].

7. Recapitulación.

Esta es la última noticia localizada en relación al oficio de registrador de la Audiencia y Chancillería de Santo Domingo durante el siglo XVI. Como puede observarse, las noticias no son muchas ni muy ricas. Sin duda, la profunda crisis económica que sufrió la isla durante la segunda mitad del siglo XVI contribuyó al declive que en todos los órdenes experimentó La Española desde entonces. La Audiencia y Chancillería de Santo Domingo pasó de ser la primera y única Real Audiencia de las Indias a una de las más débiles (Rodríguez, 1999). A lo largo del siglo XVI, el sello real de las Indias fue multiplicado y otorgado a todas y cada una de las Audiencias que se fueron estableciendo en América y Filipinas (Garriga, 2004 y 2006b; Gómez, 2012b). Con ello, la presencia simbólica del monarca se reforzó y ejerció de manera compartida a lo largo de todo el territorio indiano.

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[1] La concesión fue dada en Barcelona el 28 de mayo de 1493, fecha en la que los monarcas confirman y sancionan los títulos de almirante, virrey y gobernador que le habían sido dados por las Capitulaciones de Santa Fe. (Pérez Bustamante, 1951: 46-47; Góngora, 1951: 43; García Gallo, 1972a: 606-608; Gómez, 2010)

[2] Ib.

[3] Archivo General de Indias, en adelante AGI, Patronato, 295, 40. (Pérez de Tudela, 1994: t. II, 1153-1156)

[4] AGI, Contratación, 5089, lib. 1, h. 115-116. (Arranz, 1982: t. I, 357-359; Rodríguez, 20011b).

[5] AGI, Patronato, 10, n. 1, r. 6

[6] Ib.

[7] AGI, Indiferente General, 418, lib. 3, h. 238-241 y 249-252. (Arranz, 1982: 378-392)

[8] AGI, Indiferente General, 418, lib. 3, h. 238-241 y 249-252. (Arranz, 1982: 378-392)

[9] AGI, Indiferente General, lib. 4, h. 23v.-24.

[10] Ib.

[11] AGI, Patronato, 174, r. 1

[12] Ib.

[13] Minuta de consulta del Consejo. (AGI, Patronato, 10, n. 1, r. 7)

[14] Ib.

[15] Ib.

[16] AGI, Patronato 295, n. 105

[17] AGI, Patronato174, r. 61

[18] AGI, Patronato, 295, n. 82. (Colección, vol. VIII, 331-40)

[19]  Ib., p. 334.

[20] Información realizada por el tesorero Miguel de Pasamonte ante el juez de residencia Cristóbal Lebrón. (AGI, Patronato, 9, n. 6). El pregón se publicó el 21 de septiembre de 1521 (AGI, Patronato10, n. 1, r. 12)

[21] “Las cosas sobre que a avido y ay debates y conpetençia de juridiçión entrel Abdiençia real y el Almirante…” (AGI, Patronato173, n. 2, r. 3)

[22] Ib.

[23] AGI, Indiferente General, 420, lib. 9, h. 106 r.-107 v.

[24] “Relación presentada por el fiscal de las cosas que se han innovado por el Almirante después que llegó a las Indias contra lo que se solía y acostumbraba hacer y contra lo que está proveído por el rey Católico y por S.M.”. Valladolid, 2 de septiembre de 1524. Edit. en Colección, vol. VIII, 361-376. Como muestra de alguna de estas Reales Provisiones véase la expedida en Santo Domingo, el 4 de marzo de 1521, nombrando arcediano de la Catedral de Santo Domingo a Álvaro de Castro (AGI, Patronato, 295, n. 85)

[25] Colección: vol. VIII, 369-370. También en el Archivo General de Indias se conserva una de estas anómalas Reales Cédulas, expedida el 20 de octubre de 1522 por Diego Colón en calidad de virrey, otorgando licencia a Juan de Villoria y Diego Caballero para rescatar en Tierra Firme. (AGI, Patronato, 295, n. 86)

[26] A.GI., Indiferente General, 420, lib. 9, n. 225-227

[27] AGI, Indiferente General, 420, lib. 9, h. 146. En una Real Provisión de la misma fecha sobre el problema de las apelaciones, se dice que aquellas que se interpusieran en casos de residencia de los jueces de residencia… hasta 600 pesos “vayan a la nuestra Audiencia y Chancillería que está y reside en la isla Española para que allí se vean…” (AGI, Indiferente General, 421, lib. 11, h. 343 v. Inserto en documento de 17 de noviembre de 1526)

[28] Recopilación de las Indias, 2, 15, 2. En el margen de la Recopilación se dice: “El emperador D. Carlos en Granada a 14 de setiembre de 1526 y en Monçón a 4 de junio de 1528. D. Felipe segundo en Madrid a 19 de abril de 1583 y en el Pardo a 30 e octubre de 1591. D. Felipe Tercero allí a 27 de febrero de 1620. D. Felipe IV en esta Recopilación”.

[29] AGI, Indiferente General, 421, lib. 11, h. 184

[30] AGI, Indiferente General, 421, lib. 12, h. 138 r.-139 r. (Sánchez-Arcilla, 1992: 28, 79; Ruiz Guiñazú, 1916: p. 56; Malagón, 1977: p. 20)

[31] AGI, Indiferente General, 421, lib. 13, h. 197v.-213v. (Colección, vol. IX: 309-339; Sánchez-Arcilla, 1992: 77-101)

[32] Ord. n. 2

[33] Ord. n. 24

[34] Ord. n. 31

[35] AGI, Patronato, 174, r. 52, 2, h. 282 r.

[36] Real Provisión expedida por la Audiencia y Chancillería en Santo Domingo, a 19 de abril de 1530. AGI, Santo Domingo, 7. (AGI, Santo Domingo, 7. En este mismo legajo hay otro traslado de Real Provisión fechada el 13 de enero de 1582 y ya sí que hay sello y firman como canciller Pedro d´Entrena y como registrador, Rodrigo Lucero)

[37] AGI, Santo Domingo, 49, r. 1, n. 4 (Rodríguez, 2007: 35)

[38] AGI, Santo Domingo, 93

[39] AGI, Santo Domingo, 49, r. 5, n. 36

[40] A.G.I, Patronato, 246, n. 2, r. 15.

[41]  AGI, Santo Domingo, 899, lib. 1, h. 87 r.

[42] AGI, Santo Domingo, 2681

[43] AGI, Santo Domingo, 2687

[44] AGI, Santo Domingo, 2681. Información y petición para ser nombrado escribano de Cámara de la Audiencia en 1566. (AGI, Santo Domingo, 28, n. 52)

[45] Ruy Fernández de Fuenmayor era natural de Soria y pertenecía a una familia hidalga, siendo pariente de Alonso de Fuenmayor, obispo de Santo Domingo y presidente de la Audiencia. Pasó a Indias en 1569 (AGI, Contratación, 5537, lib. 3, h. 364 v. , AGI, Santo Domingo, 28n. 62)

[46] Carta de Ruy Fernández de Fuenmayor al rey fechada el 2 de julio de 1577. (AGI, Santo Domingo, 50, r. 13, n.75)

[47] Consulta del Consejo de Indias al rey informando de su fallecimiento, motivo por el cual ha vacado el oficio de contador. (AGI Indiferente General, 739, n. 149)

[48] Carta de 13 de enero de 1582 (AGI, Santo Domingo, 70). Al margen, un acuerdo del Consejo ordena que se señale aposento para que esté el sello y no se saque de ella, determinando horas específicas para que el canciller acuda a la sala del sello a sellar.

[49] AGI, Santo Domingo, 868, lib. 3, h. 109 r.

[50] AGI, Santo Domingo, 29, nº 34

[51] AGI, Santo Domingo, n. 9

[52] AGI, Santo Domingo, 29, n. 38. En el año 1551, María de Austria expidió otros títulos de registradores para diversas Audiencias de Indias (Gómez, 2008: 234)

[53] Se conserva la consulta que el Consejo de Indias elevó al monarca el 21 de marzo de 1584. (AGI, Indiferente General, 740, n. 236)

[54] AGI, Santo Domingo, 29, n. 38

[55] AGI, Santo Domingo, 900, lib. 5, h. 93r.