Número 22. Mayo-Agosto 2014

El sello real como conflicto: apropiación y mal uso de la imagen del monarca en la Audiencia y Chancillería de Santa Fe (siglo XVI)

The Royal Seal as a Conflict: Misappropriation and Bad Use of the Monarch´s Image at the Audience and Chancellery of Santa Fe (XVI Century)

Jorge Pérez Cañete

Universidad de Sevilla.
Georgios88[at]hotmail.com

El importante papel que el sello real tenía, tanto como representante de la figura del monarca como para su uso de validación y garantía, queda perfectamente reflejado en aquellos momentos de la historia en los que se produjeron levantamientos o movimientos de revuelta contra la Corona por parte de los españoles afincados en el Nuevo Mundo. A través del análisis de diversos acontecimientos ocurridos durante el S. XVI en la Audiencia del Nuevo Reino de Granada quiero poner en valor el significado que el sello real tenía en estos territorios. La documentación localizada en el Archivo General de Indias, completada con crónicas de la época y una rica bibliografía me han ayudado a comprender y transmitir las sensaciones que en esta época provocaba la figura del sello real.


Fecha de recepción: 28/1/2014

Fecha de aceptación: 6/3/2014


Palabras clave: Sello real | Real Audiencia y Chancillería de Santa Fe | Lope de Aguirre | Representación del rey | Nuevo Reino de Granada


Para citar este artículo: Pérez Cañete, Jorge (2014). El sello real como conflicto: apropiación y mal uso de la imagen del monarca en la Audiencia y Chancillería de Santa Fe (siglo XVI). Revista de Humanidades [en línea], n. 22, artículo 4, ISSN 2340-8995. Disponible en http://www.revistadehumanidades.com/articulos/51-el-sello-real-como-conflicto-apropiacion-y-mal-uso-de-la-imagen-del-monarca-en-la-audiencia-y-chancilleria-de-santa-fe-siglo-xvi [Consulta: Lunes, 16 de Diciembre de 2019].


DOI: http://dx.doi.org/10.5944/rdh.22.2014.14291


Abstract: The important role that the royal seal had, as much as a representative of the monarch´s leading figure as for its validation and guarantee use, is perfectly reflected on those moments of the history when uprisings or riots against the Crown took place by the Spanish population of the New World. By means of the analysis of diverse events that took place during the XVI Century at the Audience of the New Kingdom of Granada I want to demonstrate the importance of the royal seal on those territories. The documents preserved in the Archivo General de Indias, completed with chronicles of the time and a rich bibliography have helped me to understand and transmit the feelings that rose at this time around the figure of the royal seal.


Keywords: Royal Seal | Royal Audience and Chancellery of Santa Fe | Lope de Aguirre | Representation of the King | New Kingdom of Granada

Sumario

1. Lope de Aguirre: primera amenaza contra la autoridad real. 2. La visita de Juan Bautista Monzón: lucha entre oidores y el rey. 3. La amenaza al sello de Francisco de Auncibay. 4. Conclusiones. 5. Bibliografía.

Artículo

“Ordenamos y mandamos a las Audiencias que pongan particular cuidado en la guardia y custodia de nuestro Sello Real, y que esté con autoridad y decencia y en la parte que está dispuesto, por el riesgo que de lo contrario puede resultar” (Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, libro II, título XXI, ley II)

Este texto recogido de la Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias resume espléndidamente el fin que se pretende alcanzar con este artículo, que no es otro que analizar la importancia y el valor efectivo que gozaba en el Antiguo Régimen la posesión del sello real. Para ello resulta de gran interés conocer los permanentes intentos de apropiación del sello por parte de aquellos que debida o indebidamente pretendieron asumir la plena jurisdicción regia e imponer su autoridad en un territorio recién conquistado.

Mi investigación se centra en la institución que detentaba la posesión del sello en el Nuevo Reino de Granada, la Real Audiencia y Chancillería de Santa Fe[1], depositaria y administradora de la jurisdicción del rey[2]. Su fundación tuvo lugar el 21 de mayo de 1547 y se le envió el sello por Real Cédula de 7 de julio de 1549 (Gómez, 2008: 230). Antes del nombramiento de los oidores y la concesión del distrito a la nueva Audiencia[3], por Real Cédula de 28 de marzo de 1549, el rey otorga licencia al platero Pedro Miguel para abrir un sello de las armas reales destinado a la nueva institución:

“Por la presente doy liçencia e facultad a vos, Pero Miguel, platero, para que podays hazer y hagays vn sello real que por parte del Marqués de Camarasa, nuestro Chanciller del Consejo de las Yndias e de las Audiencias dellas os ha sido dado cargo que hagays para el Audiencia Real que agora nuevamente avemos proveido en la provincia del Nuevo Reino de Granada...”[4]

El mismo día, ordena a Diego de los Cobos, Chanciller del Consejo y de las Audiencias de las Indias, que se ocupe de enviar el nuevo sello y de nombrar a una persona de confianza que ocupe el puesto de teniente de canciller[5].

Dentro del proceso de creación de una nueva Audiencia, la apertura de un nuevo sello estaba rodeada de gran solemnidad y cuidado. Esta fastuosidad resultaba necesaria por lo que conllevaba, ya que con él no solo se iban a validar los documentos más solemnes expedidos por la Audiencia, Reales Provisiones y Reales Cédulas, sino que además iba a representar al propio monarca. El acto de envío y recibimiento estaba perfectamente establecido, con una ceremonia de recepción tal y como si fuera el mismo monarca el que llegaba a la ciudad:

“... con esta os mandamos enviar nuestro sello real para que con él se sellen las provisiones que en esa Audiencia se despacharen y por que como saueis quando el dicho nuestro sello real entra en qualquiera de las nuestras Audiencias Reales destos reynos, entra con la autoridad que si nuestra persona real entrase y así es justo y conviene que se haga en esta tierra...”[6]

Toda esta pompa que rodeaba al sello formaba parte de una estrategia de legitimación encaminada a hacer presente la figura del monarca en la ausencia y que así fuera reconocido por la sociedad. Así, cuando a la población se le presentaba un documento validado con el sello real, lo respetaban y veneraban, lo besaban y lo ponían sobre sus cabezas en señal de obediencia, tal y como si el propio rey estuviera presente, entendiendo que su contenido era voz emanada directamente del monarca.

Tal y como defiende Clavero (2006: 121), la Audiencia y el sello se convertían en el propio monarca, encarnaban su figura y se le trataba tal y como se trataba al propio rey:

“… no se entendía que la Audiencia y Chancillería representase a la Monarquía, sino que era ella misma, la Monarquía encarnada viva y entera en institución…”

El autor habla de una clonación regia entre Monarquía y Audiencia, gozando de las mismas competencias, ni más ni menos. Esta clonación estaba representada principalmente por la tenencia del sello, signo que hacía gráficamente presente al monarca mismo, el monarca mismo en logotipo (Clavero, 2006: 121 y 126). Por ello, la custodia del sello, era tan importante, debía ser protegido en todo momento, tal y como se hacía con el rey.

Esta concepción del sello facilitó a los gobernantes indianos la labor de legislar, gobernar e impartir justicia en América. Ello explica que en los levantamientos y sublevaciones contra el poder establecido, el sello fuera un objetivo fundamental. El maltrato al sello y a la documentación fue muy frecuente en América, lo que suponía desacato y rebeldía hacia la figura del monarca o sus principales representantes. Estos malos usos refuerzan la idea central de este proyecto, la importancia que tuvo el sello real en el gobierno indiano y la necesidad de tener un control total sobre él para evitar complicaciones[7].

En una época tan convulsa como fue la segunda mitad del siglo XVI, en un territorio recientemente conquistado, en el que las instituciones aún no se habían asentado[8], la capacidad que proporcionaba la posesión y uso del sello para validar documentos y expedirlos como si del propio monarca se tratara, otorgaba un gran poder a aquellas personas e instituciones que gozaban de ese privilegio, muy necesario por otra parte, debido a la imposibilidad del monarca de duplicarse y estar presente en todo el territorio del Imperio.

Precisamente, en esa inestabilidad eran muy frecuentes las irregularidades y las arbitrariedades; la población dependía de la buena fe de los gobernantes para no sufrir injusticias. Es por ello por lo que se produjeron numerosas situaciones en las que la población, no solo los indígenas y mestizos, sino también los propios españoles, sufrieron abusos por parte de los gobernantes, provocando frecuentes levantamientos de los pobladores del nuevo continente.

Durante mi investigación en los fondos de la Audiencia de Santa Fe conservados en el Archivo General de Indias he localizado varios casos en los que se ocasionaron levantamientos o conatos de levantamientos contra el orden establecido por la monarquía española y en los que se produjo una reacción similar relacionada con la guardia y custodia del sello real. Para esta ocasión he seleccionado los tres casos que parecen más significativos para el objeto que aquí se estudia, me refiero al conocido levantamiento de Lope de Aguirre, ocurrido en 1561; a continuación se tratarán los problemas encontrados por el licenciado Juan Bautista Monzón durante la visita realizada a la Audiencia del Nuevo Reino de Granada; por último me detendré en el episodio protagonizado por Francisco Auncibay y Bohórquez, oidor de la Audiencia de Santa Fe, a raíz de la visita del dicho Juan Bautista Monzón.

1. Lope de Aguirre: primera amenaza contra la autoridad real.

El caso más conocido de insurrección fue el protagonizado por el vizcaíno Lope de Aguirre en 1561. La abundante bibliografía existente sobre los acontecimientos que rodearon esta rebelión me libera de adentrarme en profundidad en el propio suceso, refiriéndome a ellos simplemente para relacionarlo con el verdadero objetivo de este artículo, el papel del sello real como objeto de deseo de todos aquellos que han intentado de una u otra manera hacerse con el poder y levantarse contra la Corona[9].

La fuente principal para narrar este acontecimiento debe ser, sin duda, la relación del descubrimiento del río Marañón que se encuentra en el Archivo General de Indias[10]. En ella se cuentan los principales motivos que tuvo el virrey de Perú para iniciar esta expedición, que no eran otros que sacar de la inactividad a la multitud de caballeros e hijosdalgo que andaban perdidos en aquellas tierras sin ocupación tras finalizar las guerras civiles peruanas. El otro argumento era el provecho que supondría para la Corona el descubrimiento y poblamiento de una zona tan rica y próspera, tal y como la había descrito Francisco de Orellana a su vuelta a la Península.

La expedición conocida como de los Marañones, tenía como objetivo poblar las tierras de Omagua y encontrar el Dorado. Andrés Hurtado de Mendoza, primer Marqués de Cañete y recientemente nombrado virrey de Perú, encargó al conquistador español Pedro de Ursua encabezar esta expedición siguiendo la ribera del Río Marañón. Partieron el 27 de septiembre de 1560 con 300 españoles, esclavos negros y 500 sirvientes indios, embarcados en dos bergantines, nueve barcazas llanas, en las que cabían 40 caballos en cada una y unas cuantas balsas y canoas[11]. Entre estos españoles se encontraba el vizcaíno Lope de Aguirre.

El malestar de los expedicionarios con las decisiones que tomaba el gobernador se hizo patente muy pronto. El hambre que pasaron por el mal cálculo de las provisiones, los constantes enfrentamientos con los indígenas y las tensiones que se levantaban dentro del grupo, provocadas muchas veces por los interesados en cambiar el orden de las cosas, llevaron a que, tras diversos acontecimientos que sirvieron como detonantes, se produjera una rebelión dentro de la expedición:

“Con que algunos de los malintencionados y que llevaban concertado entre sí el alzamiento, comenzaron a echar fama de que todos iban engañados, pues habían caminado ya mas de setecientas leguas y ni habían hallado las provincias ricas que buscaban, ni rastro de ellas, ni aún rumbo por donde las pudiesen buscar. Y que así sería más acertado, antes que acabasen de perecer todos, tomar la vuelta del propio río y volverse al Perú, pues no tenían ya sobre qué fundar esperanzas de cosa buena” (Aguado, 1918: 310).

El cabecilla de la rebelión fue el vizcaíno Lope de Aguirre, quien, tras dar muerte a Pedro de Ursua el 1 de enero de 1561, nombró con el título de general a don Fernando de Guzmán, alférez general y uno de los más cercanos a Ursua, al que pronto eliminaría de su camino para hacerse él mismo con el mando. Estos hechos pueden considerarse el primer levantamiento conocido contra la Corona española en tierras americanas[12]. Las intenciones de Lope de Aguirre no eran otras que continuar su camino río abajo hasta salir al mar y volver a Perú por la ruta del norte, pasando por Nombre de Dios en Panamá y descender hasta el Callao[13], donde tenía pensado seguir su rebelión y deponer los poderes implantados por la Corona española en busca de la libertad.

Para explicar los motivos de su rebeldía y comunicar sus intenciones, Aguirre envía una carta al monarca donde expresaba su desacuerdo con el poder que éste ejercía sobre sus vasallos a través de virreyes, oidores, gobernadores, etc, que actuaban respaldados por la fuerza y representación que les daba el sello real en aquellas tierras tan alejadas de la metrópoli:

“Avísote, rey español, adonde cumple haya toda justicia y rectitud, para tan buenos vasallos como en estas tierras tienes, aunque yo, por no poder sufrir más la crueldades que usan estos tus oidores, visorey y gobernadores, he salido de hecho con mis compañeros, cuyos nombres después te dire, de tu obediencia, y desnaturándonos de nuestras tierras, que es España, y hacerte en estas partes la más cruda guerra que nuestras fuerzas pudieren sustentar y sufrir; y esto, cree, rey y señor, nos ha hecho hacer el no poder sufrir los grandes pechos, premios y castigos injustos que nos dan estos tus ministros que, por remediar a sus hijos y criados, nos han usurpado y robado nuestra fama, vida y honra, que es lástima, ¡oh rey! y el mal tratamiento que se nos ha hecho”[14].

Aguirre, definido por muchos como un hombre duro, ambicioso y vengativo, expresa en contadas ocasiones su decepción ante la ingratitud mostrada por el monarca para con aquellos que tanto le habían dado poniendo sus vidas en peligro:

“Mira, mira, rey español, que no seas cruel a tus vasallos, ni ingrato, pues estando tu padre y tú en los reinos de Castilla, sin ninguna zozobra, te han dado tus vasallos, a costa de su sangre y hacienda, tantos reinos y señoríos como en estas partes tienes. Y mira, rey y señor, que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés destas partes donde no aventuraste nada, sin que primero los que en ello han trabajado sean gratificados”[15].

Por estos motivos manifiesta su desobediencia al rey y la desnaturalización del Reino de España. Establece una jerarquía propia de cargos militares y civiles, encabezados por el nuevo príncipe Fernando de Guzmán, quien, para comunicar sus órdenes a sus capitanes, llegó a dar provisiones intituladas al modo de los reyes: “Don Fernando, por la gracia de Dios, príncipe del Perú, Tierra Firme y Chile…”[16]. Aguirre y sus Marañones, cansados de servir a unas autoridades que solo pensaban en enriquecerse y que maltrataban a la población con sus injusticias y arbitrariedades, renuncian a ser vasallos de Felipe II y rechazan la jurisdicción que éste pudiera tener sobre ellos, suplantándola conscientemente al designar como príncipe al dicho Fernando de Guzmán.

Al proclamarse en rebeldía, se sucedieron numerosos episodios de violencia contra los agentes representantes del rey en aquellos territorios por los que fueron pasando. Se abastecían de mercancías y medios de transporte y continuaban su camino, siempre dejando claras sus intenciones revolucionarias en contra de la metrópoli.

La amenaza que supuso para la Corona esta rebelión del tirano Lope de Aguirre, como se le nombra en la documentación y en la abundante bibliografía sobre sus hazañas, tuvo graves consecuencias en los territorios por los que pasaba. Las constantes noticias sobre sus actuaciones lo convirtieron en alguien temido por los españoles.

En septiembre de 1561 (Plaza, 1850: 203) se recibieron noticias en la Audiencia y Chancillería de Santa Fe provenientes del justicia mayor de Mérida, Bravo de Molina, ratificadas con las comunicaciones del licenciado Pablo Collado, gobernador de Venezuela, sobre la insurrección del español Lope de Aguirre, las fuerzas de que disponía y los temores existentes sobre sus intenciones para emprender alguna invasión contra la Nueva Granada para seguir luego su camino a Perú[17].

En Santa Fe se esperaban lo peor de esta rebelión[18], sus consecuencias podían ser fatales si no se ponía remedio y por ello se estaban preparando para la llegada de Aguirre y poder defender no solo a la población, sino a las instituciones que en ella residían y sobre todo al sello real. La alarma creada puso en guardia a la Audiencia que comenzó a organizar la defensa de la ciudad.

Además de las tropas permanentes que existían, se hizo una leva general de mil quinientos hombres, entre españoles e indios y se nombró por unanimidad para el mando del ejército al mariscal Gonzalo Jiménez de Quesada. De segundo de la expedición fue nombrado el maestre de campo Hernan Venegas Carrillo, de capitanes de infantería el maestre de campo Juan Ruíz de Oriuela y Antón Olalla y de caballería Juan Céspedes por la capital y Gonzalo Suárez Rendón por la provincia de Tunja, haciéndose las demás elecciones de oficiales inferiores.

La posibilidad de que Aguirre llegara a la Audiencia y se apropiara del sello suponía tanto como raptar al propio monarca; su representación en aquella Audiencia debía quedar tan protegida como si fuera el mismo monarca el que corriera el peligro que Lope de Aguirre suponía. Una de las primeras medidas adoptadas para defender la autoridad real fue la creación de una guardia del sello real, así denominada, encargada de defenderlo incluso con sus vidas.

“…e como se decía que el dicho Lope de Aguirre quería venir a este reino con la gente, sus alidados que consigo traya, e como para le desbaratar se an hecho e mandado hacer por nuestro presidente e oydores de la nuestra Audiencia e Chancellería Real del Nuevo Reino de Granada muchos aparatos de guerra y entre otros se a nombrado capitanes de la ynfantería a gente de a caballo del dicho Nuevo Reino e porque conviene que aya un capitán de la guarda de nuestro real sello de la dicha nuestra Audiencia…”[19]

Se ubicaría en el edificio de la Real Audiencia, lugar donde se custodiaba el sello, y estaría bajo el mando de un capitán, nombrado para ello exclusivamente. Para este cargo se eligió a Gonzalo Rodríguez de Ledesma, que por aquel tiempo ocupaba el puesto de factor de la real hacienda del Nuevo Reino de Granada (Simón, 1987: 409). En el expediente posterior en el que pide un salario por sus méritos, se adjunta el titulo por el que se le nombraba capitán de la guardia del sello real[20]. Al titular de este cargo se le mandaba que reclutase veinte soldados de confianza para que se ubicaran permanentemente en las casas de la Audiencia para proteger a ésta y al sello[21]:

“…e vos mandamus que tomeys e tengais veynte soldados, buena gente escogida e con ellos rondeis e guardeis la dicha nuestra audiencia y el dicho nuestro sello real e guardeis e cumplais la ynstrucción que por los dichos nuestro presidente e oydores os fuere dada en todo y por todo como en ella se contiene…”[22]

Realmente, entre los objetivos de Aguirre no estaba la captura del sello de Santa Fe. Su paso por el Nuevo Reino de Granada era obligado para llegar hasta Perú, pero sus actuaciones durante la insurrección indicaban que era una posibilidad. Durante todo el camino que recorrió en su periplo venía mostrando su deslealtad al rey y a todo aquello que lo representaba.

Un ejemplo de ello fue su entrada en la villa del Espíritu Santo, en la Isla Margarita, donde tomó como prisioneros al gobernador, al alcalde y otras autoridades. Al encontrar en el castillo el arca de las tres llaves en la que se guardaban los documentos reales, bulas y papeles de hacienda y justicia, además de oro y piedras preciosas, procedió al robo de las joyas y a la quema en público de todos los documentos que garantizaban el poder de las autoridades, en una nueva demostración de rebeldía contra la corona española (Fulgencio, 1977: 190).

El final de la expedición de los marañones es conocida por todos. Acorralado en Barquisimeto (Venezuela) por las tropas reales y traicionado por sus propios soldados, fue fusilado por dos de sus arcabuceros poco antes de que el ejército del rey entrara en su campamento[23]. En lo que respecta a nuestra narración, nunca llegó a la ciudad de Santa Fe y no fue necesaria la defensa de la ciudad y de sus símbolos de poder, pero en este caso vemos un ejemplo claro de como el sello real se convirtió en el símbolo de la corona al que se pretendió controlar y salvaguardar para evitar problemas mayores en este tipo de insurrecciones.

2. La visita de Juan Bautista Monzón: lucha entre oidores y rey.

Esta misma reacción se produjo en los acontecimientos que rodearon la visita encargada a Juan Bautista Monzón, oidor de la Audiencia Real de Los Reyes en Perú, que por el año de 1578 se encontraba en la Península. Fruto de la denuncia de Diego de Torres, cacique de Turmeque, el día 20 de octubre de dicho año, Felipe II manda una Real Provisión a Juan Bautista Monzón, encargándole la realización de una visita en la Audiencia de Santa Fe sobre su presidente y oidores, y sobre todos los oficiales de dicha Audiencia. El mismo día empezaron a expedir cédulas para que Monzón pudiera realizar la visita, dándole poderes para comenzar las investigaciones que fueran necesarias. Podía destituir de sus cargos a los miembros de la Audiencia en caso de que resultaran culpables y se le daba la suficiente autoridad para que nadie pudiera interfirir en la visita.

Debía investigar los excesos cometidos en la provincia de Santa Fe y la de Tunja, especialmente el fraude llevado a cabo contra la Hacienda Real al marcar oro sin pagar quintos reales, además de robar la marca real y haberla utilizado para marcar azófar (latón) y oro falso como bueno[24]. Los abusos cometidos por los caciques sobre los indios también fueron denunciados por Diego de Torres al monarca en su memorial, y Monzón debía investigar también sobre ello[25].

Con la llegada al Nuevo Reino del visitador junto al denunciante se aceleraron los acontecimientos. Los caciques y la Audiencia no iban a permitir que se les acusara ante la Corona de irregularidades y para evitar la realización de la visita culparon a Diego de Torres de apoyar a los indios en un levantamiento contra los encomenderos.

El rey, sabiendo que podían tomar represalias contra Torres a su llegada, expidió una Cédula Real de amparo[26] y otras dos cédulas en las que se ordenaba devolverle el cacicazgo y respetarlo hasta que se resolviera el conflicto[27].

Aquí comenzaron las irregularidades de las autoridades de Santa Fe. Desoyendo las órdenes que el monarca daba a través de sus cédulas de amparo, encarcelaron a Diego de Torres mientras se averiguaban sus intenciones y encargaron a dos comisionados la requisa de armas a los sospechosos de levantamiento. A la Audiencia llegaron diversas cartas procedentes del cabildo de Tunja en las que se hablaba de la posibilidad de sublevación, las habladurías existentes aseguraban que las intenciones de Diego de Torres eran entrar en Santa Fe con 4.000 indios.

La situación era injusta y el propio preso, en una petición de 30 de abril de 1580, reclamaba que tras cincuenta días de prisión aún no se le habían hecho cargos, ni siquiera se le había tomado declaración. Las acusaciones hasta ese momento procedían de rumores, incluso se le acusaba de haber leído la historia de nuestro anterior protagonista, Lope de Aguirre, cosa que él no niega, pero alega que lo hizo por curiosidad y no para tomar ejemplo (Galvez, 1974: 63). Cuando ya la Audiencia le tomó declaración, lo dejaron en libertad pero sin que pudiera salir de Santa Fe.

Por otro lado, los oidores, ante las sospechas del visitador, hacían todo lo posible para retrasar la ejecución de la visita. Monzón, para poder continuar con sus investigaciones sin más trabas, se vio obligado a remover de sus puestos a varios oidores, entre los cuales estaba el licenciado Francisco Auncibay, al que mandó como oidor a la Audiencia de Quito (Galvez, 1974: 67). Sin embargo, negando la legitimidad de las facultades que el rey había dado al visitador, la Audiencia no se dio por enterada y siguió con su actitud beligerante. Monzón decidió informar al monarca, mandando a la Península al propio protagonista del conflicto, Diego de Torres, único en quien podía confiar.

La Audiencia, temerosa de las consecuencias que este viaje pudiera ocasionarle, vuelve a acusar a Torres de traición a la Corona al empujar a los indios a levantarse. Para evitar su viaje envían una orden de arresto y le requisan todos los documentos que portaba como prueba de los abusos de la Audiencia.

En febrero de 1581 huyó de la cárcel ayudado por el alguacil, recluyéndose en su tierra varios años. Se comunicaba con el visitador a través de cartas, pero tenían que tener mucha precaución, ya que la Audiencia tenía una red de hombres apostados por todos los caminos que registraban e incautaban cofres y baúles y confiscaban todas las cartas.

Este caso es un claro ejemplo de abusos de poder, de arbitrariedades y malos usos dados al sello y a la documentación validada con éste. Las autoridades actuaban al margen de lo que el rey había mandado a través de las cédulas y provisiones que dio al visitador y que le habilitaban para establecer sus propios criterios incluso por encima de la Audiencia. Secuestraban documentación, registraban baúles para requisar cartas, y muchos más abusos para evitar que el visitador actuara en su contra. Incluso se consideraba delito el envío de cartas al rey para informarle de lo que estaba sucediendo (Galvez, 1974: 77).

Para aumentar el acoso al visitador y a Diego de Torres, la Audiencia también puso a funcionar la máquina coercitiva, poniendo al frente de las operaciones al capitán Diego de Ospina, que se dedicó a buscar por todas las poblaciones cercanas testimonios en contra de Diego de Torres, muchos de los cuales los recabó gracias a las amenazas o a la promesa de favores.

Los acontecimientos llevaron a Monzón a suspender de su cargo al presidente de la Audiencia, Lope Díez de Armendariz. Monzón era consciente de la situación que existía en el Nuevo Reino de Granada, una tierra recientemente conquistada y en la que aún no habían cuajado los valores que la metrópolis quería para los nuevos territorios. Los motivos de la suspensión, expuestos por Monzón en una carta dirigida al monarca el 5 de octubre de 1580, dejan entrever los verdaderos problemas de estas tierras:

“…y habiéndosele notificado la suspensión, por la respuesta que dio sobra la justicia para haberlo suspendido, pero como jamás la ha habido en esta tierra, creció su delito a tal atrevimiento que dieron provisión con título y sello de V.M. para que no se obedeciese lo que yo había proveido por las provisiones que de V.M. tengo. Yo me he entretenido hasta dar aviso a V.M. Conviene que se haga un castigo ejemplar porque si estos delitos no se castigan, ni V.M. tendrá justicia ni hacienda en esta tierra, ni en las Indias se podrá visitar ninguna Audiencia porque los demás harán lo que ha hecho ésta tan en deservicio de V.M.” (Mayorga, 1991: 214 cita a Rojas, 1965: 182-184).

Resulta muy interesante el contenido del texto, donde se refleja claramente la situación de la justicia en aquella Audiencia. Las autoridades corruptas, hacían y deshacían a su antojo, legitimadas por el poder que les concedía el uso del sello en nombre del rey. Toda la estrategia de legitimación del poder real creada a través de sus símbolos, en este caso el sello, controlado por la Audiencia, era utilizada por ésta para desobedecer las órdenes procedentes del monarca. Expedían documentos reales validados con el sello para desautorizar los documentos expedidos por el propio monarca en la península. Este ejemplo fortalece la idea que se pretende defender en este estudio, la importancia que tenía la posesión del sello, ya que posibilitaba la expedición de documentos en nombre del rey que tenían tal fuerza que incluso anulaban los que éste mandaba desde la Península. La lejanía de los territorios provoca este descontrol, estas arbitrariedades en todos los ámbitos no solo en la justicia, sino también en la hacienda, como refleja el visitador en su carta arriba citada “ni V.M. tendrá justicia ni hacienda en esta tierra”.

Recordemos que Felipe II había expedido cédulas en las que delimitaba el poder que Monzón podía ejercer durante su visita, dándole libertad para destituir de sus cargos a todos los oidores y oficiales de la Audiencia. Diego de Torres cuenta en una carta enviada al rey el contenido de la reunión que la Audiencia y el resto de visitados mantuvieron nada más llegar Monzón a Santa Fe. En ella el presidente establece hasta donde llegaba el poder de cada uno. La Audiencia ordena un auto de prevención en el que se autoexceptuaba de poder ser visitada, quedándose fuera de la jurisdicción del visitador y de las cédulas y mandatos que traía del monarca. La Audiencia actúa de manera autónoma y se impone por encima de la jurisdicción real.

Las propias autoridades de provincias colindantes se hacían eco de la tensión entre Monzón y la Audiencia, poniendo en conocimiento del rey la situación. Así, el gobernador de Cartagena, Pedro Fernández del Busto manda una carta al monarca el 20 de marzo de 1581 en la que le cuenta cómo cada vez que el visitador mandaba alguna cosa en virtud de sus comisiones, la Audiencia, a través de cédulas firmadas en nombre del rey, despachaba comisiones para evitar el cumplimiento de lo ordenado por Monzón (Mayorga, 1991: 215).

El monarca, conocedor de la situación, quiso reforzar la autoridad de su visitador y envió órdenes en las que obligaba a la Audiencia a obedecer las disposiciones de Monzón:

“...nos habemos tenido por desservido y porque conviene que semejantes desordenes no pasen adelante y que en lo que toca al cumplimiento de nuestros mandamientos todos tomen ejemplo en vosotros, os mandamos que en el entretanto que proveemos en ello el remedio que se requiere que será en brevedad, os correspondais muy bien con el dicho visitador y obedezcais las provisiones y cédulas nuestras que llevó y se le han enviado y en todo lo deseéis libremente usar de sus comisiones...”[28]

Los acontecimientos en el Nuevo Reino hicieron que la Audiencia tomara medidas, más de apariencia que reales. Ante la necesidad de desacreditar a Diego de Torres y al visitador para protegerse ellos mismos, les acusaron nuevamente de traición al monarca al querer entrar en la ciudad con un ejercito de indios[29]. La Audiencia ordenó requisar todas las armas de la provincia, y decidió prepararse para esta sublevación, nombrando nuevamente al capitán Diego de Ospina responsable de la operación. Tal y como sucedió con el levantamiento de Lope de Aguirre, una de las primeras reacciones de la Audiencia fue su propia protección, tanto de sus casas como del sello, creando nuevamente una guardia y nombrando un capitán al frente, al dicho Diego de Ospina (Ordoñez, 1942: 216), cuyas funciones eran reclutar a 50 hombres de confianza, custodiar el sello y obedecer los autos y mandamientos que recibiera de la Audiencia (Mayorga, 1991: 217).

El rey, al conocer estas noticias, a través de una Real Cédula, reprende al presidente y oidores de la Audiencia por esta actuación:

“...Presidente e oydores de la nuestra Audiencia Real que reside en la ciudad de Santa Fe del Nuevo Reino de Granada, los recaudos e informaciones que enviasees con el licenciado Juan Rodríguez de Mora, nuestro oydor de esa Audiencia se han visto en el nuestro Consejo Real de las Indias y aunque se había tenido noticia de algunas de las cosas que ayá han sucedido después que comenzó a tomaros visita el licenciado de Monçon, nunca se presumió ni entendió que de vuestra parte se hubiera procedido con tan poca consideración, aunque como referís el dicho visitador hubiera excedido de sus comisiones, las cuales devieredes obedecer sin dar lugar a las diferencias pasadas pues se dexaba entender los inconvenientes que de ello se habían de seguir y que sus excesos no se os habían de imputar ni culpa de lo que no la tuviesedes y ansi desto como de haber proveido capitán y soldados que tuviesen en guarda nuestro sello real...” [30]

Felipe II ordenó en la misma cédula a la Audiencia que cesara en esta actitud, disolviera la guardia del sello, despidiera al capitán y devolviera su custodia al chanciller, tal y como es costumbre. El rey no podía consentir que se desautorizasen sus órdenes ni se pusiera en duda el poder de sus visitadores:

“...y despedireis luego el dicho capitán y soldados dexando nuestro real sello en esas casas reales en poder del nuestro chanciller como se acostumbra que al dicho licenciado se le ordena y lo que ha de hazer y procurareis escusar disensiones y diferencias porque demás de que sería de mucho inconveniente el no hazello así, mandaremos castigar con rigor a los que fueren causa de impedir la común concordia y execución de nuestra justicia.”

Vemos como nuevamente se utiliza el sello como símbolo de poder. Quien custodie y detente la capacidad de utilizar el sello, tendrá también la capacidad de imponerse sobre el resto de la sociedad a través de su uso no solo como validador de documentos, sino como representante de la figura del monarca.

Esta doble autoridad hacía que la población estuviera desconcertada, pues no sabía a quien tenía que obedecer, al visitador, legitimado por la provisiones y cédulas emanadas del rey, o a la Audiencia, poseedora del sello real y con facultades para disponer como si del propio rey se tratara[31].

La Audiencia vuelve a enfrentarse con el rey y tras acusar a Monzón de apoyar la rebelión encabezada por Torres, el 22 de septiembre de 1581 decreta su prisión y el secuestro de todos los documentos generados durante la visita, que se guardarían en un arca con tres llaves para que el visitador no tuviera sospecha de fraude. Asimismo, toda la correspondencia de Monzón se interceptaría y a él se le mandaría preso a España junto con el pleito de Torres.

El citado día, el fiscal Miguel de Orozco se presentó en casa de Monzón junto a diez hombres, portando una Provisión emanada de la Audiencia en la que se ordenaba su arresto:

“... pues con título y sello de v.m. prendieron con voz de traydor al visitador sus visitados por sus propios delictos y excesos, tiraniçando el real servicio de v.m. con su real título y sello...”[32]

Monzón se resiste y se encierra en su cuarto, gritando desde la ventana a la gente de la calle que la Audiencia estaba actuando con una Provisión falsa, alegando que los visitadores estaban por encima de presidentes, oidores y audiencias y que, por tanto, estaban traicionando al monarca. La Audiencia, gracias a las constantes acusaciones que había hecho sobre el visitador, había logrado desacreditarlo, convirtiendo las Reales Provisiones que el rey le concedió en papel mojado y considerándolas ya derogadas (Galvez, 1974: 88-90).

Encontramos aquí un grave conflicto que pone en duda la legitimidad de los documentos expedidos por el rey y los expedidos por la Audiencia. La Provisión utilizada por la Audiencia para arrestar a Monzón fue expedida como fruto del ejercicio de sus competencias, al representar la jurisdicción real en este territorio, pero a su vez estaba actuando en contra de la fuente de la que emana esta jurisdicción, al contraponerse al mandato del rey que en repetidas ocasiones les había recordado su deber de obedecer a Monzón. Recordemos que Monzón había suspendido a los oidores y al presidente de la Audiencia de sus cargos, pero ellos, incapaces de resolver el asunto de manera favorable, siguieron ejerciendo sus funciones y utilizando todos los medios que estuvieran en sus manos para conseguir sus objetivos, compitiendo incluso con el propio monarca.

La solución al conflicto tuvo que venir desde la Península. Ya antes de la entrada en prisión de Monzón, el monarca había encargado en carta de 3 de septiembre de 1581, desde Lisboa, que Juan Prieto de Orellana continuara con la interrumpida visita de Monzón y que averiguara todos los excesos cometidos por la Audiencia, en especial la marca de oro sin quintar. El monarca entendía que Monzón ya no podía proseguir con la visita, pues él mismo estaba ya implicado en muchos asuntos, y aunque no lo hacía culpable, necesitaba una figura externa y con mayor autoridad que el actual visitador. Orellana también llevaba el encargo de investigar las acusaciones que se hacían sobre Monzón.

El Consejo de Indias propuso a Felipe II suspender de sus cargos a todos los implicados en la visita[33]. Esta decisión respaldada por el monarca facilitaría la labor del nuevo visitador, quien liberó a Monzón nada más llegar a Santa Fe y escuchó la defensa que Diego de Torres hizo de los acontecimientos, entendiendo rápidamente que el levantamiento del cacique no había sido más que pura imaginación de la Audiencia y del Arzobispo del Nuevo Reino, fray Luis de Zapata (Mayorga, 1991: 224-225).

El 11 de septiembre de 1584 el rey pide a través de una Cédula a Prieto de Orellana que, en caso de haber terminado la visita, regresara a España para dar cuenta de ella y en caso contrario que la finalizara con celeridad y volviera en la misma flota en que llegaron estas cédulas. En el expediente de la visita que realiza Juan Prieto de Orellana a la Real Audiencia del Nuevo Reino de Granada podemos encontrar la solución que se le da a todo este conflicto[34].

El principal encargo que llevaba Orellana era investigar de manera muy concienzuda los problemas que el oidor Francisco Auncibay había provocado. Esto nos enlaza con el tercer caso, relacionado estrechamente con el anterior, al hacer referencia a la situación creada a raíz del nombramiento del dicho Francisco Auncibay como oidor de la Audiencia de Quito, tras su cuestionada etapa como oidor de la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, donde fue el principal responsable de algunos de los abusos sucedidos antes y durante la visita de Monzón.

3. La amenaza al sello de Francisco de Auncibay.

En el caso anterior hemos comprobado la insuficiente eficacia que tenían algunas visitas y residencias para resolver los conflictos en el Nuevo Mundo. Cuando el rey encargaba la realización de una visita, esperaba que su juez fuera respetado por las autoridades indianas y que le facilitaran su trabajo, no cediendo a las presiones, amenazas o sobornos de los visitados. Cuando Monzón llega a Santa Fe para iniciar su visita le informan de que Auncibay ya había sido residenciado por Juan Rodríguez de Mora sobre los años que ejerció en la Audiencia de Santa Fe. Pero al comprobar que esta residencia no había transcurrido como debiera, el visitador informa al Consejo de Indias que durante el proceso realmente fue defendido por el juez, sin dar lugar a que los testigos expresaran sus razones contra él. Mucho tuvieron que ver en ello las gratificaciones que tanto Rodríguez de Mora como su mujer recibieron del propio Auncibay, consistentes en oro y piedras preciosas (Mayorga, 1991: 211).

Las acusaciones contra el oidor fueron muchas[35], pero la que más trascendencia tuvo para el monarca fue la relacionada con la provisión de un auto para que se pudiera marcar el oro corriente del reino sin pagar los derechos a su majestad, como ya describimos en el relato de la visita de Monzón. Otra acusación de la que salió indemne fue haber estuprado a doña María de Vergara, hija de Diego de Vergara[36].

A raíz de la sustitución de Monzón por el nuevo visitador, Prieto de Orellana, se reabren los casos que atañían a Auncibay, quien estaba ya ejerciendo como oidor en Quito. El primer paso que Orellana da al respecto es la suspensión de Auncibay de su oficio como oidor, de todos sus derechos como tal y su sueldo, ordenando al canciller y registro de la Audiencia de Quito, Diego de Fuenmayor, que no despachase ninguna provisión firmada de la mano de este oidor.

En principio no era posible que un visitador de la Audiencia de Santa Fe pudiera suspender a un oidor de la de Quito, pero para ello contaban con una Real Cédula del rey expedida el 14 de enero de 1579 dirigida a Monzón en la que se le habilitaba para que pudiera suspender de su oficio incluso a los oidores que, habiendo cometido delitos en la Audiencia de Santa Fe, ya no estuvieran en ella como oidores, como era el caso de Auncibay. Esta Cédula se hace extensiva a las capacidades que el rey concede a Orellana al sustituir como visitador a Monzón.

En virtud de esta Real Cédula, se produjo la suspensión de Auncibay, notificándosela el 9 de enero de 1583. En ella se le ordenó volver al Nuevo Reino de Granada para responder por sus delitos. Tras dos años de un largo proceso en el que Auncibay estuvo preso en Santa Fe[37], consigue la libertad sin cargos del delito de estupro y paga pecuniariamente el resto de las penas que se le impusieron. Una vez cumplido con la justicia, solicita regresar a su anterior oficio de oidor en Quito, para lo cual el visitador expidió un auto el 30 de abril de 1585 en el que le devolvía su puesto[38].

Este auto fue el detonante del conflicto posterior, ya que en la suspensión del oficio que se le hizo dos años antes, decía claramente que para recuperar su puesto necesitaba el permiso expreso del rey y del Consejo de Indias, es decir, que este auto no era suficiente, sino que necesitaba que su reincorporación se planteara y estudiara en la Península y reconocieran su legitimidad nuevamente como oidor de Quito.

Auncibay se vio legitimado por el visitador que le suspendió, autoridad representante del rey en las Indias y con plenos poderes. Por ello decidió hacer caso omiso a ese requisito y emprendió viaje desde Santa Fe hasta San Francisco de Quito para recuperar su puesto de oidor.

Con la trayectoria que conocemos de este personaje durante su periodo como oidor en Santa Fe, no es de extrañar que sus actuaciones en Quito fueran parecidas, tal y como demuestra la reacción de Pedro Venegas de Cañaveral, oidor único de la Audiencia de Quito y de muchos otros oficiales y vecinos de esta ciudad. Desde el momento en el que avisó de su vuelta, llegaron noticias de las verdaderas intenciones de Auncibay y de su negativa a obedecer lo que dispusiera Cañaveral. Éste entendía que no era suficiente el auto del visitador Orellana para que Auncibay recuperase su puesto y dispuso que se le avisara antes de llegar a Quito y se detuviese hasta que no enviara los nuevos documentos que probarán su reincorporación, que no debían ser de otra procedencia que de su majestad y del Consejo de las Indias.

Las noticias que llegaban a Quito describían a un Auncibay ya erigido como oidor desde el mismo momento en que cruzó la frontera y entró en la ciudad de Popayan[39]. Desde la Audiencia de Quito, intentando evitar problemas en un territorio apaciguado, mandaron como emisarios al corregidor Francisco Suárez de Figueroa y al capitán Gaspar Suárez, para detenerle y solicitarle que antes de llegar a Quito enviase los documentos que justifican su vuelta.

Auncibay no cede a las presiones de los emisarios y desde la Audiencia se decide tomar medidas más drásticas para evitar levantamientos, mandando al alcalde Juan Rodríguez de la Fuente y al licenciado Galvez, relator de la Audiencia, junto a los hombres necesarios para detenerle y encarcelarlo.

Antes de que Auncibay llegara a Quito, se produce un cruce de cartas entre éste y Cañaveral pidiéndose el uno al otro que ceda en sus pretensiones. Ambos también dirigen cartas al rey y virrey para informarles de la situación; incluso Auncibay dirige una carta a los oficiales de la Audiencia en la que pide que ningún oficial, secretario de cámara, sellador, chanciller y registro librasen ni despachasen Provisión alguna sin su firma hasta que se determinase su causa. Se produjo una investigación en la que varios testigos denunciaron los motivos por los que estaban enemistados con Auncibay y éste esgrimío las razones jurídicas por las que pensaba que la suspensión que recaía sobre él no era válida, denunciando que la Cédula de suspensión tenía defectos de jurisdicción y que carecía de las fórmulas habituales de las cédulas.

La desobediencia de Auncibay a las ordenes del oidor Cañaveral y a la autoridad real es tal que no tiene reparos en utilizar la fuerza. Cuando el receptor de la Audiencia, Cristobal de Reinoso, se cruzó con él en el camino para notificarle una Real Provisión expedida por Cañaveral en la que le pedía que se detuviera cuanto antes en su avance, Auncibay no dejó que terminase de leerla y le exigió que se apartase, quitándole la Real Provisión, poniéndola sobre su cabeza como respeto al rey, pero guardándosela en el pecho en actitud desafiante. Reinoso le pidió que se la devolviera para asentar en ella la notificación y poder leerle el auto que estaba recogido en el reverso en el que se mandaba a Reinoso que en caso de que Auncibay no obedeciese, pidiese al corregidor de la zona que lo arrestase. Auncibay respondió que él mismo leería el auto, pero que al estar fuera del sello del rey no tenía ninguna validez. Tras guardar la Real Provisión en su pecho avanzó, quitando la vara de justicia que llevaba Luis de Chaves, corregidor del partido de Otavalo que acompañaba al receptor. Al quitarle también su espada, le hirió en un dedo. Este acontecimiento provocó gran revuelo y temor en la Audiencia, puesto que Auncibay acababa de demostrar que no le importaba utilizar la fuerza para conseguir sus objetivos.

Tras este encuentro, Auncibay continuó su camino, acompañado de unos veinte hombres, llevando la vara de justicia en alto, como símbolo de que él era quien la debía de portar, junto con su antiguo título de oidor, expedido por el monarca, al que adjuntaba el auto que Orellana le dio para levantarle su suspensión. Tras evitar que lo arrestasen enfrentándose a los emisarios, entró en la ciudad por caminos secundarios acompañado de su séquito para recluirse temporalmente en el monasterio de San Agustín.

Las actuaciones de Auncibay hasta su llegada a Quito estaban causando gran alboroto entre la población y la Audiencia no podía consentirlo, de ahí sus intentos de detenerle antes de entrar en la ciudad. Pero como ya lo había hecho, vieron la necesidad de poner remedios más drásticos. Las noticias que llegaron desde las poblaciones cercanas por las que Auncibay fue pasando desvelaban unas intenciones muy dañinas para un territorio que estaba pacificado y controlado por la Audiencia. Se decía que Auncibay, al no contar con el apoyo de las autoridades de Quito, pretendía entrar en la ciudad un domingo a la hora de la misa, cuando la gente estuviera desprevenida y asaltar las casas reales de la Audiencia, entrar en la sala del acuerdo y secuestrar el sello real, para poder erigirse en oidor, tal y como le legitimaban los documentos que portaba.

“... dieron noticia al dicho señor licenciado Pedro Venegas del Cañaveral, que desta ciudad avían escrito algunas personas al dicho licenciado Francisco de Auncibay, que se viniese con la más prisa que pudiese y se entrase en las casas reales y se entrase en la cámara del acuerdo y se hiciese fuerte con el sello real e que allí le acudirían...”[40]

Varios testigos coinciden con esta versión[41]. La ciudad estaba dividida en dos bandos y los que apoyaban al agresor estaban dispuestos a que entrara incluso por la fuerza o a salir con él de la ciudad de Quito con el sello y hacer Audiencia en Anaquito, ciudad cercana, donde, con el apoyo de la mayoría de los letrados impartirían justicia en nombre del rey[42].

Ante estas amenazantes noticias, Cañaveral no tenía más remedio que defender la Audiencia y el sello real, para lo que mandó que se reclutara a gente de guarda para defender las casas reales y custodiar convenientemente el sello, evitando su secuestro por parte de Auncibay.

“... y entendido esto por el dicho señor oidor (Cañaveral), por evitar el daño que dello se seguiría, mandó poner gente de guarda en las casas reales para guardar el sello...”[43]

Muchos vecinos acudieron con su caballo y armas a defender la legitimidad de las autoridades. Además la Audiencia mandó soldados al monasterio de San Agustín para cercar a Auncibay y en cuanto fuera posible lo apresaran.

La resolución del caso no tiene más importancia que el triunfo de Cañaveral, consiguiendo que Auncibay abandonara la ciudad, aunque sabemos que al tiempo le llegaron los recaudos reales necesarios y pudo entrar en Quito como oidor, esta vez si, con el beneplácito de todos.

En este suceso se muestra una vez más la rebeldía de ciertas autoridades ante las órdenes del monarca, directas o indirectas. Vemos como utilizaban la fuerza para conseguir sus objetivos y comprobamos la defensa acérrima que las autoridades hacían de aquellos símbolos que los legitiman, en este caso el sello real, necesario no solo para validar las Provisiones y Cédulas Reales, sino también para simbolizar el poder que poseía quien lo controlaba.

4. Conclusiones

En los tres casos que hemos analizado se recurre a la creación de una guardia del sello real con un capitán al frente como medio más adecuado para defender aquel instrumento que legitimaba el poder de las autoridades y que, gracias a la estrategia seguida para ello, se había convertido en la personificación de la figura del rey en las Indias y cuya seguridad, por tanto, era primordial para que todo siguiera tal y como la Corona establecía.

A lo largo de este artículo se ha visto que la importancia del sello no solo queda demostrada por sus valores intrínsecos, sino también por la capacidad que daba a sus poseedores para imponer sus propios intereses, incumpliendo, incluso, las disposiciones establecidas por el monarca. Las diversas visitas que se realizaron durante estos siglos a la Audiencia del Nuevo Reino de Granada, están llenas de casos de desobediencia al rey, reflejada en la negación de las disposiciones que les llegaban en forma de Reales Provisiones y Reales Cédulas. Hemos comprobado cómo el maltrato del documento y del sello real fue algo común en las Audiencias indianas.

La capacidad que proporcionaba la posesión y uso del sello para validar documentos y expedirlos como si del propio monarca se tratara, otorgaba un gran poder a aquellas personas e instituciones que gozaban de ese privilegio[44], necesario por otra parte, debido a la incapacidad del monarca de duplicarse y estar presente en todo el territorio del imperio.

A lo largo de este estudio ha quedado demostrado que cualquiera que quisiera ejercer su autoridad, correcta o incorrectamente, debía ampararse en el poder que le otorgaba el sello y el documento. No había forma de ejercer poder alguno ni de ser respetado y obedecido sin contar con el sello regio. Precisamente esto es lo que explica tantas batallas por conseguir su custodia, llegando a secuestrarlo o falsificarlo, y esto explica la necesidad de defenderlo por parte de las autoridades indianas, para poder conseguir el fin último que se pretendía con ello, que la monarquía española pudiera gobernar en las Indias durante siglos gracias a la implantación de un aparato autoritario del que formó parte el símbolo que aquí estudiamos, el sello real.

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[1] Sobre la historia institucional de esta Audiencia es fundamental el trabajo de Mayorga (1991).

[2] Para conocer el origen, la evolución y las funciones de la institución audiencial podemos consultar García-Gallo (1972), García-Gallo (1987), Garriga (1994) y Martiré (2005).

[3] AGI, SANTA FE, 533, L. 1, 80v. El 17 de julio de 1549 el rey escribe a los gobernadores, justicias y jueces de las provincias de Santa Marta, Nuevo Reino de Granada, Popayan, Rio de San Juan y a los concejos, jueces, regidores, caballeros, escuderos, oficiales y hombres buenos de las ciudades y villas de las dichas provincias, informándoles de la instauración de la nueva Audiencia para esos territorios, delimitando así el distrito sobre el que iba a regir la Audiencia del Nuevo Reino de Granada.

[4] AGI, SANTA FE, 533, L. 1, 35r.

[5] AGI, SANTA FE, 533, L. 1, 35v.

[6] AGI, SANTA FE, 533, L. 1, 82r. La noticia del recibimiento del sello real en Santa Fe tal y como se manda en esta Real Cédula de 17 de julio de 1549 la conocemos a través de la narración sobre el asentamiento de la Audiencia que encontramos en AGI, PATRONATO, 197, R. 24. Las crónicas de la época también nos relatan este acontecimiento: Florez (1943); Fernández (1688: 470-471); Plaza (1850: 188).

 

[7] Agradezco a Margarita Gómez Gómez el haberme permitido consultar su trabajo de investigación aún inédito, titulado “El documento y el sello regio en Indias: su uso como estrategia de poder” donde analiza el mal uso dado al sello y a los documentos reales en diversas circunstancias. Dicha investigación fue presentado como conferencia al II Encuentro Científico de la Cátedra de Epigrafía y Numismática de la Universidad Complutense de Madrid, celebrado los días 6, 7, 8 y 9 de mayo de 2013 en el Archivo Histórico Nacional.

[8] La fundación de una nueva Audiencia para el Nuevo Reino de Granada se consideró necesaria debido a los múltiples problemas, tanto de distancia de estos territorios con respecto a la sede de la Audiencia de Santo Domingo, de la que hasta entonces dependían, como de abusos y malos tratos a la población por parte de los gobernantes, siendo muy necesaria la presencia más cercana de una institución no solo judicial sino gubernativa, como fue la Audiencia de Santa Fe. En sus primeros años de vida no se solucionaron estos problemas, con frecuentes residencias realizadas sobre los oidores, ni durante su desarrollo en todo el siglo XVI y XVII, realizándose seis visitas a lo largo de este periodo. Los propios representantes reales se quejaban al ser nombrados oidores en Santa Fe. En carta al Consejo de Indias, el oidor de la Audiencia de Guatemala, Tomás López, expresa su desacuerdo con el nuevo destino: “Yo he culpado y culpo mi fortuna y mala suerte que me trajo de una Audiencia tan quieta y sosegada y de una tierra donde tan bien está predicado el Evangelio y tan bien puesto a una Audiencia tan desasosegada, de suciedades y ruines negocios”. (Mayorga, 1991: 29).

[9] Sobre los sucesos que acaecieron durante la rebelión de Lope de Aguirre véase Simón (1987); Aguado (1918); Fulgencio (1977). Una recopilación de los textos claves de este suceso la podemos encontrar en Pastor (2011), donde los autores han recogido las principales relaciones realizadas por los coetáneos que acompañaron a Lope de Aguirre en esta expedición y que, siempre para eximirse de su culpabilidad en los sucesos, narraron los acontecimientos que ellos mismos presenciaron. Además incluye las cartas que escribió el tirano al rey Felipe II, al provincial fray Francisco Montesinos y a Pablo Collado, gobernador de Venezuela. También es muy completa la recopilación recogida en Mampel (1981).

[10] AGI, PATRONATO, 29, R. 13.

[11] AGI, PATRONATO, 29, R. 13, 2v-3r. Según se narra en la relación, los medios con los que contaba el recién nombrado gobernador no eran los apropiados para una expedición de ese calibre. La falta de dinero era un hándicap con el que tenía que luchar Pedro de Ursua. De los dos bergantines se dice que estaban podridos por ser de madera arruinada y tener ya muchos años de servicio. De las nueve barcazas, siete se quebraron al echarlas al agua.

[12] Este levantamiento es considerado por la mayor parte de la historiografía como el primer intento de búsqueda de libertad por parte de los habitantes de las indias españolas. Los documentos que apoyaron a Lope de Aguirre en su insurrección, se consideran por muchos el Acta Primera de la Independencia Americana. Fulgencio López plantea la cuestión de si realmente Lope de Aguirre, al protagonizar esta insurrección se proponía la conquista de Perú y la implantación de un estado independiente de España. Afirma el autor que la documentación existente, estudiada entre otros por Emilio Jos en su tesis y completada por los estudios de Julio Caro Baroja, nos llevan a pensar que realmente fue esa la idea del vizcaíno. (Fulgencio, 1977: 147).

[13] AGI, PATRONATO, 29, R. 13, 5v. Esta versión nos la confirma Fulgencio (1977: 152).

[14] AGI, PATRONATO, 29, R. 13, 20r. Carta enviada por Lope de Aguirre al rey Felipe II.

[15] AGI, PATRONATO, 29, R. 13, 21r.

[16] AGI, PATRONATO, 29, R. 13, 9r. Fulgencio (1977: 148).

[17] Del paso de Lope de Aguirre por tierras del Nuevo Reino de Granada existen numerosas evidencias documentales. Una de ella la encontramos en la Real Cédula con fecha de 2 de octubre de 1562 dirigida la gobernador de Cartagena para que proceda al apresamiento de los rebeldes de Lope de Aguirre, que han pasado a esa provincia. En dicha orden se pide que aprese a los rebeldes que huyeron cuando Lope de Aguirre fue ajusticiado en la provincia de Venezuela y no pudieron ser apresados, huyendo a la provincia de Cartagena y a otras colindantes. AGI, SANTA_FE, 987, L. 3, 231v-232. Aún en 1566 se sigue persiguiendo a estos rebeldes, como muestra el acuerdo tomado el 27 de marzo de dicho año por la Audiencia en el que se advertía a la población de las penas en que recaerían en caso de que acogiesen a estas personas en sus casas. (Ortega, 1947: 308 t.2).

[18] Encontramos numerosos ejemplos de como la población, ante la amenaza de Aguirre, se fue armando, como comprobaremos en la narración del conflicto de Diego de Torres y Monzón contra la Audiencia, durante el que se encuentran en muchas casas de vecinos armas que habían adquirido para su defensa desde que se produjo la sublevación de Lope de Aguirre (Galvez, 1974: 46).

[19] AGI, SANTA FE, 80, 478r-479v

[20] AGI, SANTA FE, 80, 478r-479v.

[21] Simón (1987: 411 t.2) cuenta como “… Todo el tiempo que duraron estas sospechas y temores del tirano en el Nuevo Reino hacían vela todas las noches más de treinta hombres armados al sello y casas reales de la Audiencia, teniendo esto a su cargo el capitán Ledesma, como hemos dicho.”

[22] AGI, SANTA FE, 80, 478r-479v

[23] El general al mando, Gutierrez de la Peña, llevaba cédulas de perdón, firmadas por el gobernador Pablo Collado en nombre del Rey, en las que se prometía a todos los hombres de Aguirre que se pasaran al bando real, que no encontrarían castigo por todos los delitos que habían cometido durante este tiempo. Esto hizo que gran parte de sus fieles lo traicionaran viéndose ya vencidos por las tropas del monarca (Simón, 1987: 459-460)

[24] En una Provisión de la Real Audiencia de Santafe de 5 de octubre de 1577 su presidente y oidores acordaron que se podía marcar el oro corriente sin pagar el quinto real. El motivo de esta medida no era otro que evitar que el oro que la propia Audiencia había robado a los indios fuera grabado con este impuesto, quedándose así con la totalidad y evitando los controles del monarca. Vemos otro ejemplo de cómo las autoridades indianas, en este caso la Real Audiencia, se beneficia de su capacidad para expedir Reales Provisiones sin conocimiento del monarca, validadas con su sello, para beneficiarse e ir, en este caso, en contra de los intereses del propio rey, ya que las pérdidas de la corona en esta operación algunos las elevan hasta los 200.000 pesos (Galvez, 1974: 17).

[25] Para conocer mejor la figura de Diego de Torres y el conflicto ocasionado entorno a su denuncia véase Rojas, 1965.

[26] AGI, ESCRIBANIA, 824 (A). Cédula de amparo a Diego de Torres, expedida en Madrid el 25 de junio de 1578.

[27] AGI, SANTA FE, 534, L. 5, 138r-v y 141r-v.

[28] AGI, INDIFERENTE, 582, L.1, F. 34r-34v.

[29] AGI, ESCRIBANIA, 826A, 826B Y 826C. Causa contra Diego de Torres por el levantamiento que intentó en el nuevo Reino de Granada y sus incidencias.

[30] AGI, INDIFERENTE, 582, L.1, F. 34r-34v.

[31] Esta división en partidos fue muy frecuente en la Audiencia de Santa Fe, como nos cuenta Mayorga (1991: 24), en los primeros años de funcionamiento ya se dio la misma situación entre los seguidores del oidor Francisco Briceño y el oidor Juan Montaño, mandando cartas al Rey desde ambos bandos para apoyar a su protegido y desacreditar al contrario.

[32] AGI, SANTA FE, 56A, N. 7. Carta de Luis Monzón escrita el 28 de diciembre de 1581, en la que pide clemencia al rey ante la injusticia y el maltrato que estaba sufriendo en prisión su tío Juan Bautista Monzón. En otra carta posterior del dicho Luis Monzón, fechada el 26 de abril de 1582 (AGI, SANTA FE, 56A, N. 8), vuelve a pedir clemencia al monarca, insertando la Real Provisión expedida por el único oidor que Monzón no había cesado de su cargo, el licenciado Zorrila, y sellada con el sello real, en la que se ordena la prisión del visitador y el secuestro de todos sus bienes y documentos.

[33] Muchas voces pedían al monarca que cuando se produjera una visita, la primera decisión a tomar debería ser la suspensión de todos aquellos cargos que iban a ser sometidos a visita, no interfiriendo así en la correcta evolución del proceso. Uno de los proponentes fue el provincial dominico Fray Pedro Pedrero en carta al Rey de 29 de noviembre de 1581. (Mayorga, 1991: 220).

[34] AGI, SANTA FE, 56A, N. 17.

[35] En el expediente de la visita realizada por Monzón y culminada por Prieto de Orellana se conservan las numerosas demandas que se presentaron contra Auncibay. AGI, ESCRIBANIA, 822A, 823A y 823B.

[36] AGI, ESCRIBANIA, 822A. Demanda puesta por Diego de Vergara, vecino de Santa Fé, contra Francisco de Auncibay, Pedro de Zorrilla, oidores, contra el licenciado Zorrilla, fiscal, y Pedro López sobre agravios.

[37] En carta de 25 de abril de 1583 dirigida a su majestad escrita desde la cárcel de Santa Fe, Auncibay pide clemencia al monarca ante los maltratos que está recibiendo por parte de las autoridades que lo están juzgando. AGI, SANTA FE, 16, R. 27, N. 194

[38] AGI, SANTA FE, 56A, N. 17, 23r-24v.

[39] Gómez (2008: 255) recoge el relato que Pedro Gutiérrez de Santa Clara nos hace de la llegada del sello a Lima en su Historia de las Guerras Civiles del Perú escrita en el año 1603. Procedente de la extinguida Audiencia de Panamá, el sello venía custodiado por el teniente de canciller Juan de León y algunos oidores, los cuales, por el camino iban haciendo Audiencia y revocaban órdenes dadas por el virrey. La actitud de Auncibay fue la misma. Él desde que entró en el territorio de la Audiencia de Quito tomó la vara e iba impartiendo justicia por los pueblos, haciendo caso omiso de las restricciones que su situación implicaban.

[40] AGI, SANTA FE, 56A, N. 17, 207v-208r. Declaración de Juan Rodríguez de la Fuente, alcalde ordinario, en las que cuentan como han escuchado por varias voces las intenciones que traía Auncibay sobre el rapto del sello.

[41] AGI, SANTA FE, 56A, N. 17, 202r-v. Declaración de Juan de Condoño, gobernador y capitán general de la gobernación de los Quijoscumares.

[42] AGI, SANTA FE, 56A, N. 17, 217r-v

[43] AGI, SANTA FE, 56A, N. 17, 208r.

[44] Un ejemplo de este poder nos lo muestra Gómez (2012), analizando el papel que jugaron los secretarios y escribanos en el gobierno de las Indias, a través de la figura de Juan de Sámano.