Número 20. Enero-Diciembre 2013

Represión en Sevilla: el tribunal de responsabilidades políticas (Fondo del Archivo Histórico Provincial de Sevilla)

Repression in Seville: the court of political responsibilities (Fund of the Historical Provincial Archive of Seville)

Antonio Rosa Félix

UNED. Centro Asociado de Sevilla (España).
ant_rofe[at]hotmail.com

El Archivo Histórico Provincial de Sevilla guarda un fondo de expedientes de Responsabilidades Políticas, procedentes del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Sanlúcar la Mayor. La Ley de Responsabilidades Políticas de 1939 aglutina la normativa que los generales golpistas aplicaron desde el verano de 1936. Había que arruinar al vencido y para ello se creó esta jurisdicción especial, una inversión en la represión para crear y mantener un régimen lleno de adeptos. En el mundo rural se quería recuperar la hegemonía de la oligarquía agraria y mantener la situación anterior a la reforma agraria.


Fecha de recepción: 17/1/2013

Fecha de aceptación: 2/4/2013


Palabras clave: Golpe de Estado, Incautación de bienes, Nuevo Estado, Reforma agraria, Represión, Responsabilidades Políticas.


Para citar este artículo: Rosa Félix, Antonio (2013). Represión en Sevilla: el tribunal de responsabilidades políticas (Fondo del Archivo Histórico Provincial de Sevilla). Revista de Humanidades [en línea], n. 20, artículo 5, ISSN 2340-8995. Disponible en http://www.revistadehumanidades.com/articulos/43-represion-en-sevilla-el-tribunal-de-responsabilidades-politicas-fondo-del-archivo-historico-provincial-de-sevilla [Consulta: Domingo, 8 de Diciembre de 2019].


DOI: http://dx.doi.org/10.5944/rdh.20.2013.12903


Abstract: The Historical Provincial Archive of Seville keeps a collection of files record of Political Responsibilities, proceeding from the Court of The First Instance and Sanlúcar's Instruction. The Law of Political Responsibilities of 1939 agglutinates the regulation that the general rebels applied from the summer of 1936. It was necessary to ruin the defeated one and for it this special jurisdiction, an investment was created in the repression to create and to support a regime full followers'. In the rural world one wanted to recover the hegemony of the agrarian oligarchy and to support the situation previous to the agrarian reform.


Keywords: Coup d'état, Seizure of goods, New State, Agrariam reform, Repression, Political responsibilities.

Sumario

1. Introducción. 2. 18 de Julio de 1936: Levantamiento. 3. Instrumentos de represión. 4. Tribunal de Responsabilidades Políticas. 5. Conclusiones. 6. Fuentes bibliográficas.

Artículo

1. Introducción [1]

Los vencidos durante la Guerra Civil padecieron una cruenta represión física. Ya se va conociendo algo de la ideológica y poco o nada se sabe de la represión económica. Es en este marco en el que se encuadra este trabajo: ver el origen de los expedientes encontradosymostrar la organización del Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas. La abundancia de publicaciones sobre la represión camufla la escasez de los realizados sobre las responsabilidades políticas, al ser escasos los escritos aparecidos sobre la represión económica e ideológica, casi todos en artículos para revistas científicas o comunicaciones presentadas a congresos o simposios de especialistas, en una historiografía local impulsada por instituciones públicas o universitarias.

Para ahondar en los diferentes aspectos que integran la represión desde el primer instante del Alzamiento militar, pues sin olvidar las obras de autores especializados[2] en este periodo, hay títulos como Víctimas de la Guerra Civil, coordinado por Santos Juliá y con colaboradores como Julián Casanova y Francisco Moreno y Vivir es sobrevivir de Conxita Mir[3], que junto a Franco: La represión como sistema, coordinado por Julio Aróstegui, suponen un salto cualitativo en la historiografía sobre la represión y un cambio en la mentalidad y metodología al acercarse al fenómeno de la posguerra (Rodrigo Sánchez, 2001:12). Pero sobre la represión en Sevilla hay dos trabajos, El Canal de los Presos, obra colectiva coordinada por Gonzalo Acosta[4], y Miseria y Represión en Sevilla, de Mª Victoria Fernández, que junto a la tesis doctoral de Concha Langa[5] sobre la influencia del diario ABC en la implantación del franquismo en Sevilla, son el germen de otras líneas de investigación.

Específicamente sobre las responsabilidades políticas hemos de acudir a las monografías escritas Manuel Álvaro Dueñas, fundamental su Por Ministerio de la Ley y Voluntad del Caudillo. La Jurisdicción Especial de Responsabilidades Políticas (1939-1945), Mónica Lanero y su trabajo sobre la política judicial del franquismo entre 1936 y 1945, junto a las actas de Jornadas y Congresos entre los que sobresale Justicia en guerra: Jornadas sobre la administración de justicia durante la Guerra Civil Española; instituciones y fuentes documentales[6], organizadas por el Archivo Histórico Nacional en Salamanca en noviembre de 1987. Sobre Andalucía existen escasas publicaciones y pueden relacionarse a partir del catálogo de una exposición sobre el Tribunal Especial de Almería, tres estudios en un congreso y una revista de archivística, en un entorno muy localista y cuatro aportaciones a una obra digital colectiva[7] y una publicación coral editada por el Centro de Estudios Andaluces y coordinado por Francisco Cobo Romero (2012), a los que se debe añadir la tarea conjunta de las Universidades andaluzas, coordinadas por la de Almería, que desde el año 2008 están consultando los fondos de los Tribunales Especiales de Responsabilidades Políticas.

2. 18 de Julio de 1936: Levantamiento

Sevilla era terreno abonado para las luchas entre las fuerzas conservadoras y revolucionarias, provocando duros choques que ponen a la ciudad en cabeza de los disturbios y cambios de gobernantes, desde posiciones radicales tras el advenimiento de la República. Los enfrentamientos entre los grupos proletarios y la fuerza de las derechas eran un gran problema. La victoria electoral del Frente Popular el 16 de febrero de 1936, con un 63% de los votos, frente al 36% de las derechas y el escaso 1% de la Falange, dio gran vitalidad al obrerismo, provocando su radicalización, haciendo insostenible la situación social entre el mes de febrero y los primeros días de julio (Braojos, 1990a: 169-172). En mayo de 1936 llega al gobierno civil Varela Rendueles, pero no conseguirá frenar la gestación del golpe de estado. Aunque Mola no tenía mucha fe en el triunfo, a última hora Queipo de Llano fue enviado a un seguro fracaso en Sevilla (Barrios, 1990:70).

El general llegó a Sevilla la mañana del sábado 18 de julio procedente de Huelva, al tanto que el comandante Cuesta comienza la movilización en la Base aérea de Tablada. El general Queipo de Llano y el comandante López Guerrero, reciben en el hotel Simón al torero El Algabeño y al comandante Álvarez Rementería, jefe de las milicias de Falange, que se ponen a sus órdenes. A mediodía Queipo y el comandante Cuesta Monereo se dirigen a Capitanía General, donde detienen al general Villa-Abrille y ordenan salir a las tropas para proclamar el estado de guerra con el más cruel bando de guerra jamás escuchado en España (Ortiz Villalba, 2006:97), redactado por Cuesta Monereo. El ejército se enfrenta en la Plaza Nueva a los Guardias de Asalto, mientras que falangistas y requetés se lanzan a la calle. Así, con el aislamiento del Gobierno Civil se produjo la victoria de los militares rebeldes.

En cuatro días los rebeldes se adueñan de la ciudad y de los pueblos más importantes de la provincia. Desde el exterminio en La Pañoleta por la Guardia Civil de unos mineros procedentes de Huelva, la mañana del domingo 19, los sucesos violentos se suceden: toma de barrios como Triana, Nervión o Ciudad Jardín; asalto al "Moscú sevillano" y San Bernardo; ocupación de Alcalá de Guadaira, San Juan de Aznalfarache, Carmona,... Se utilizan métodos violentos y alguno considerado mítico[8], siempre con los mismos personajes al frente, los comandantes Castejón y Cuesta Monereo o el recién nombrado alcalde Carranza. Sevilla quedó sometida a Queipo de Llano, no muy en consonancia con su republicanismo confeso y con la tradición izquierdista de la ciudad y su provincia. Simultáneamente, se produjo una fuerte represión para eliminar cualquier conato de conflictividad, pasando Sevilla a ser la base para la llegada de tropas desde África, intendencia y retaguardia de las columnas rebeldes, mientras que los líderes izquierdistas fueron eliminados, huyeron o acabaron encarcelados (Peral, 2005:227-228).

Tres duros generales ocupan desde julio de 1936 hasta la primera posguerra la Capitanía General Militar de Sevilla, Gonzalo Queipo de Llano, sustituido por Andrés Saliquet en julio de 1939, que a su vez sería sustituido en abril de 1942 por Francisco García-Escámez (Moreno, 1987: 76), y con ellos se multiplican los Juzgados Militares Eventuales, que se encargarán de los casos de responsabilidades políticas procedentes de los Consejos de Guerra Sumarísimos, con penas capitales y encausados que, si se libraban de éstas, eran enviados a la Prisión Provincial o a las prisiones habilitadas, a los campos de concentración e incluso dos barcos en el puerto de la ciudad. Muchos de estos presos eran campesinos de la Sierra Norte sevillana, de pueblos en los que hubo cierta resistencia durante el verano de 1936, a los que se aplicó un doble tipo de control, el político a través de la dictadura y el ideológico con las bases asentadas del nacionalcatolicismo. Junto a la represión física, Sevilla vivía inmersa en la cultura de la pobreza, con su racionamiento, estraperlo, hambre, miseria y una población perseguida, causando el que no se pudiera diferenciar al pobre y mendigo, a los que sin dudar se aplicaba la Ley de Vagos y Maleantes, del represaliado (Fernández, 2007: 21), pues los barrios pobres coincidían con los barrios obreros que se habían enfrentado al golpe militar.

3. Instrumentos de represión

Unas diezmadas Cortes se reunieron por última vezla noche del primero de febrero de 1939, aprobando negociar con los generales rebeldes una paz sin represalias, aunque la firma el día 9 del mismo mes de la Ley de Responsabilidades Políticas da una justa medida de la inutilidad de lo aprobado, muestra de lo que los derrotados podían esperar de los militares facciosos y de sus apoyos políticos y sociales, pues nadie en el Consejo de Defensa pensó que la jurisdicción militar era la pieza maestra del engranaje represivo, clave para controlar y eliminar cualquier conato de resistencia[9].

La guerra provocó que trabajadores y campesinos españoles vivieran bajo el signo del terror y el recuerdo de sus muertos (Rosado, 1979: 253-256). La Ley de Responsabilidades Políticas se instituyó para incautar los bienes de los adversarios, asegurando la ruina del vencido, mientras que para su familia sólo existiría la miseria, convirtiéndolos en los nuevos apestados (Núñez, 2009: 38-39), pues para ellos sólo existiría el plato único de Auxilio Social. Esta jurisdicción especial la aplicarán una serie de organismos: a) Juzgados Instructores Provinciales, encargados de la instrucción de los expedientes; b) Tribunales Regionales, que enjuician los hechos y ejecutan los fallos, y c) Tribunal Nacional, para la última instancia de determinados casos.

Pero el Nuevo Estado necesita una administración fiel, una economía adicta y una educación acorde con sus principios, por lo que se debía pasar por un proceso de depuración ideológica que comenzó con el Decreto de 5 de noviembre de 1936 y fue ampliado por el decreto de 10 de febrero de 1939 (Álvaro, 2009: 245), que fijaba la depuración de la Administración del Estado con tres objetivos: expulsar a los desafectos al régimen, asegurar una administración fiel y militante y colocar a los vencedores[10], sobre todo falangistas y Caballeros Mutilados de Guerra. Minuciosa fue también la depuración del magisterio, con el objetivo de terminar con el liberalismo y la democracia, así como con la coeducación, labor en la que fue de gran ayuda una Iglesia que buscaba recuperar su quebrantada potestad educativa sobre las élites y clases medias y la imposición de una estricta ética y moral. El franquismo no sólo atentó contra la integridad, libertad y la vida de los vencidos, sino que reprimió mentes y combatió ideologías (Ortiz Heras, 2005: 25), en plena conexión con el panorama fascista europeo, sembrando el miedo en una sociedad que quedará absolutamente bloqueada (Moreno, 1987:18).

Este predominio de la jurisdicción militar perfiló un nuevo papel del ejército como instrumento para la represión política, además de un Nuevo Estado que estimula la delación cuando premia al denunciante (Ortiz Heras, 2005:12-15). El fiscal o ponente era un elemento clave, con unos defensores militares sin formación jurídica, que veían al acusado por primera vez en el juicio y sentencias dictadas de antemano que eran ejecutadas de inmediato. La represión constituyó la base misma del régimen y éste sobrevivió en cuanto mantuvo afiladas sus armas represivas[11].

4. Tribunal de Responsabilidades Políticas

La Guerra Civil satisfará una vieja aspiración del militarismo político: que la jurisdicción castrense tuviera las competencias en delitos contra la Patria, exterminando al enemigo en la batalla y los consejos de guerra se encargarían de la retaguardia. Desde el golpe de estado la jurisdicción militar actuará a través de los bandos de guerra, consagrando la jurisdicción castrense sobre la ordinaria, acaparando competencias del Código Penal que serán enjuiciadas por los militares, incluyendo las no consideradas delictivas anteriormente y que ahora serán asimiladas al delito de rebelión militar, auxilio, adhesión o excitación a la rebelión, actos contrarios al nuevo régimen político (Lanero, 1996:319).

A los militares sublevados les regalaron un corpus legal que les permitirá ejercer una violencia ilimitada contra el desafecto al Nuevo Estado. Una carga de terror enfocado hacia los campesinos, obreros y demás elementos de las clases populares, junto a intelectuales y clases medias que deseaban transformar la sociedad a través de la modernización y europeización y que podían provocar que los cimientos de la clase tradicional y ultramontana se hundieran.

En Sevilla se constituyó un Tribunal Regional con jurisdicción sobre las provincias de Cádiz, Córdoba, Huelva y Sevilla, cada una de ellas con un Juzgado Instructor de Responsabilidades Políticas. Junto al Tribunal Regional se conformó un Juzgado Civil Especial para la instrucción de las diligencias ordenadas por el Regional. La Ley de 19 de febrero de 1942 modificó parte del procedimiento y traspasó sus competencias a la jurisdicción ordinaria. Todo lo anterior será suprimido por el Decreto de 13 de abril de 1945, que a su vez constituía una Comisión Liquidadora de los expedientes pendientes de resolución (Galdón y Zurita, 2007: 459-460).

La guerra se prolongaría al surgir los agravios y odios acumulados que pueden envenenar los más pequeños detalles de la vida diaria, siendo visible que el deseo de reconciliación era muy débil entre los vencedores. El perdedor deberá aceptar su destrucción, porque no será suficiente con encarcelar y depurar, también se le incautarán los bienes, serán alejados de sus ciudades, depurados en sus profesiones e inhabilitados para la vida social. Todo ello después de haber sido ejecutados o haberles sido aplicado el bando de guerra en cunetas o tapias de cementerios a muchos de ellos (Bizcarrondo, 2006: 18-20). Franco estaba invirtiendo en el terror.

4.1. Origen y conformación

La represión económica es aplicada desde el mismo verano de 1936, hasta que la Ley de Responsabilidades Políticas en 1939 unifique todas las anteriores. En enero de 1937 Franco firmó el decreto-ley que desarrollaba el Decreto 108 y creaba la estructura y el procedimiento para hacer efectivas las incautaciones de los bienes de los desafectos al Nuevo Estado. Cada provincia tenía su Comisión Provincial de Incautación de Bienes, presidida por el Gobernador Civil, junto a un magistrado de la Audiencia y un abogado del Estado. En Sevilla sus presidentes fueron los gobernadores civiles Pedro Parias, Pedro Gamero del Castillo y Eduardo Cadenas Camino. A partir de la denuncia de un jefe de puesto militar, el expediente lo instruía un juez de carrera o militar para declarar la responsabilidad y ordenar el embargo intentando evitar la ocultación de estos bienes incautados.

Pronto estas Comisiones se vieron desbordadas por el número de expedientes y los trabajos para la investigación, inventario, administración y enajenación de estos bienes (Álvaro, 2006: 66-68), de tal forma que la de Sevilla afirmaba que no pudo determinar el monto de los bienes incautados, pues la gran mayoría eran pequeñas parcelas rurales y muchas fincas urbanas, así como negocios sin valorar, por lo que no pudieron determinar su cuantía final (Álvaro, 2006: 69, nota 11). Pero, además, existía un obstáculo personalizado en la voluntad y resistencia de los generales a perder su control sobre la represión en las regiones bajo su mando. En octubre de 1937, desde la Comisión sevillana, se remite una memoria a la Central informando que las dos comisiones creadas por Queipo de Llano siguen funcionando[12], por lo que apenas pueden prestar servicio.

Ya desde comienzos de 1938 miembros del Cuartel General del Generalísimo son los que preparan la unificación de esta normativa represiva. Tras un primer proyecto falangista, la redacción final salió de la Vicepresidencia del Gobierno y será remitido a un consejo de Ministros con casi la mitad de sus miembros militares, junto a un fuerte componente falangista y de amistades personales, generando tensiones por el control de la nueva jurisdicción y evidenciará las diferencias políticas existentes (Álvaro, 2006: 84-89).

Son Tribunales mixtos que salen de la pugna entre militares y falangistas, aunque el Ejército tendrá la Presidencia de los Regionales y la titularidad de los Juzgados de Instrucción. El 5 de junio se publicó la Orden de la Vicepresidencia del Gobierno por la que se nombra al personal que constituirán estos Tribunales[13]. Era necesario legitimar al Nuevo Estado a través de las culpas contraídas por el anterior, eliminar ideologías o comportamientos disconformes con los vencedores, con una estrategia de aniquilación física y moral advertida en las diecisiete causas de responsabilidades políticas reflejadas en el articulado de la Ley y cualquier acto que fomentara la situación de anarquía que provocó el golpe militar, trasladando su retroactividad hasta el 1 de octubre de 1934, hasta la Revolución de octubre en Asturias, referente ideológico de la España reaccionaria y llevando las responsabilidades hasta los catorce años cuando la edad penal estaba en los dieciséis.

El expediente podía iniciarse a partir de una sentencia de la Jurisdicción Militar, por denuncia de persona individual o jurídica, por iniciativa del Tribunal de Responsabilidades Políticas o a propuesta de las autoridades civiles o militares, de la policía o Guardia Civil, así como por los remitidos por las Comisiones de Incautación de Bienes. Encontrados indicios de responsabilidad, el Instructor incoaba el expediente y ordenaba su anuncio en el BOP y el BOE, recabando informes sobre los antecedentes políticos, sociales y económicos a las Autoridades y al Cura párroco de la localidad de residencia del encausado. Lo escaso de los plazos hizo que llegaran pocos informes a los Tribunales, dando lugar a un procedimiento sin las mínimas garantías, creado para imponer penas económicas, ya que todo acusado es culpable mientras él mismo no demuestre su inocencia (Álvaro, 2006:330).

Las sanciones establecidas por la Ley eran limitativas de actividad, de libertad de residencia y económicas, pudiendo acumularse y siendo la única inexcusable la económica. Los hechos se calificaban como graves, menos graves y leves, mientras que la multa se fijaba según la gravedad de éstos, la posición económica-social del encausado y las cargas familiares que éste debía sostener. Si el inculpado fallece o desaparece, la multa recaerá sobre sus herederos, a menos que hayan mostrado una anterior y pública adhesión y prestado servicios destacables a favor del Movimiento.

4.2. Actuación del Tribunal Especial

En los cuadros estadísticos elaborados por Álvaro Dueñas encontramos los del Tribunal Regional de Sevilla, en los que se anotan 5800 expedientes incoados, resueltos 2522 y quedan pendientes 3278, con un porcentaje del 35,92% de los tramitados. Pero estaban encuadrados los Tribunales Provinciales de Cádiz, Córdoba y Huelva, pues sólo los datos del hispalense reflejan 1765 expedientes incautados, 634 terminados y 1131 pendientes, según datos hasta octubre de 1941, cuando Carrero Blanco ya estaba pensando en su reforma.

En el Archivo Histórico Provincial de Sevilla se conserva una muestra de las causas incoadas, procedentes del Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Sanlúcar la Mayor, que le fueron remitidos por el Juzgado Instructor Provincial. Están agrupados en nueve cajas/legajos que contienen 302 expedientes que afectan a 575 encausados, y entre ellos encontramos44 expedientes de Providencias Incompletas, 52 de la Comisión Provincial de Embargo de Bienes, 147 Sobreseimientos, 22 de Ejecutorias de Juzgado de Instrucción, 31 de Providencias Incompletasy4 procedentes del Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo. De los 575 encausados sólo se terminaron 53, lo que significa un 17,54%, por lo que encontramos 249 pendientes por diferentes motivos, entre ellos 22 expedientes de Ejecutorias de Juzgados de Instrucción y 31 de Providencias Incompletas. Hay que incorporar los sobreseimientos provisionales por diferentes motivos: 2 incursos, 1 por ser menor de edad e insolvente, 31 tras la reforma de la Ley en 1942 y 47 tras el decreto de supresión de esta Jurisdicción Especial en abril de 1945, a los que tendremos que añadir los 29 sobreseídos y archivados tras el indulto a la sanción económica pendiente en 1958, junto a los sobreseimientos dictados en los años sesenta por la Comisión Liquidadora.

4.2.1. Los encausados

El perfil medio del procesado es el de un hombre, con 41 años de edad, trabajador agrícola o manual y residente en el medio rural, de escasa o nula instrucción y tendencias político-sindicales de izquierdas. Y pocas mujeres entre los encausados, sólo 25 entre 575, mostrando el papel marginal de la mujer en la sociedad del momento, abocadas al papel de esposa, madre o hija de represaliados, porque la mujer del medio rural tiene menos oportunidades para lograr una conciencia política que en el medio urbano, ya que se dedica a las tareas del campo y debe atender a las necesidades de la casa y de la familia, sin tiempo para su cuidado intelectual (Egido, 2009:95-97).

La localidad de procedencia de los encausados se distribuye entre 71 de los pueblos de la provincia de Sevilla, entre los que destacan por el número de sus incoaciones: Aznalcóllar con19, Bollullos de la Mitación con 11, El Castillo de las Guardas con 6, Constantina con 7, Gerena con 12, Guadalcanal con 6, Lora del Río 17, Peñaflor 6, Pilas 8, El Ronquillo 6, Salteras 6, Sanlúcar la Mayor 12, Sevilla 45, etc. hasta completar la relación con las 21 localidades que sólo tienen 1 expediente. Son poblaciones agrupadas alrededor de Sanlúcar la Mayor, en el corredor de la carretera que une Huelva con Sevilla y desde ésta con la Sierra Norte a través de la Ruta de la Plata, vía que siguieron las columnas del Tte. Coronel Asensio y del Comandante Castejón en su camino hacia Extremadura.

La edad media de los procesados es de 41 años, realizado el cálculo sobre los 69 encausados de los que se refleja la edad en los expedientes. Agrupadas las edades en bloques coincidentes con las diferentes décadas cronológicas, encontramos en cada una los siguientes porcentajes sobre el total de los 69 enjuiciados: 2,89% en el tramo de menores de 19 y en el de mayores de 80; 15,94% en el tramo entre 20 y 29 años; 31,88% en el de 30 a 39; 14,59% en el de 40 a 49; 17,4% en el comprendido entre 50 y 59, y 7,25% para cada uno de los tramos entre 60 y 69 y el comprendido entre 70 y 79.

En los dos menores de 19 años encontramos los dos extremos de la represión, con Luciano Sánchez Fernández de 16 años de edad, que tras un consejo de guerra es liberado por ser menor o Luciano Sánchez Rodríguez[14], con 18 años, enjuiciado en el mismo consejo de guerra, al que se le aplica el bando de guerra y es condenado a muerte, siendo fusilado en las tapias del cementerio de Aznalcóllar. En el bloque opuesto tenemos los dos procesados mayores de 80 años, con José Roura Vilarest[15], un industrial catalán afincado en Londres y encausado por residir en el extranjero, declarado no incurso por haber recibido el Tribunal informes de que "era persona de orden" y de "colaborar económicamente a la restauración de la parroquia", mientras Encarnación González Luque es encausada tras fallecer[16], siendo sobreseída provisionalmente en 1945 por la Comisión Liquidadora.

El bloque más amplio es el comprendido entre los 20 y los 59 años, edades de la vida laboral, siendo significativa una relativa moderación del tramo entre los 20 y 29 años, periodo específico para el servicio de armas, sobre todo en tiempo de guerra y posguerra. Son once los encausados, con nueve expedientes procedentes de consejos de guerra y ocho de ellos cumpliendo condenas de prisión, más dos procedentes de la Comisión de Incautación de bienes. Se anotan penas que varían desde la condena perpetua de José Núñez Piña[17], preso en la Colonia de Trabajadores de Dos Hermanas, los 20 años de Lucas Porrúa Núñez que consuma en los Talleres Penitenciarios de Alcalá de Henares[18], los 3 años que cumple Manuel Gamero Muñoz en la prisión del Dueso en Santoña (Santander)[19] o los 3 años que Manuel López Dorado intenta evitar alistándose en las Milicias de Falange Española y marchando al frente de guerra[20].

El pretexto ideológico no fue el único móvil. Estuvo también la apropiación indebida, la detención del expoliado y su posterior condena (Abella, 2006: 427). Desde los expedientes percibimos como las tendencias socialistas, Partido Socialista y UGT, suman 27 encausados que junto a los 24 de tendencia anarquista, CNT y FAI aglutinan al 46,80% de los procesados, indicando su afiliación o simpatías ideológicas, un parcial de 51 represaliados sobre un total de 109, haciendo ver el poder que anarquistas y socialistas tenían en el campo andaluz desde 1931, cuando la CNT casi obligó a una reforma agraria en los grandes latifundios de Extremadura y Andalucía, cuyos propietarios colaboraron con los militares rebeldes, por temor a ese voto rural que asegura la mayoría parlamentaria al Frente Popular en febrero de 1936 (Malefakis, 1978: 27-42). Junto a ellos están los 15 procesados que muestran sus simpatías por el Frente Popular, 14 que suman entre el Partido Comunista y el Partido Social Revolucionario, de tendencia soviética, los 13 de Acción Republicana o "partido de Azaña", los 11 de Unión Republicana o "partido de Martínez Barrios", y los 5 del Partido Republicano Radical o "partido de Lerroux". Como el objeto de esta ley era la reparación de los daños morales y materiales provocados por el comportamiento político (Rodríguez, 2007:4), es por lo que en estas filias y militancias residieron los motivos por las que fueron declarados incursos en la larga lista de causas enumeradas en los primeros cuatro artículos de la Ley de 1939.

Entre estos encausados está referenciada la profesión de 85 de ellos, a los cuales se han asociado en seis grupos que aglutinan cada uno de ellos las diferentes especialidades: 1-Trabajadores manuales, 2- Clases medias y Negocios, 3- Trabajadores públicos, 4- los Titulados superiores y 5- Militares. El gran número de trabajadores agrarios, (34, lo que supone un 40% del total), con la denominación de jornalero, labrador, campesino, del campo... Resaltando la fuerza de la militancia política y sindical que apoyan a las ideologías de izquierdas en el suroeste español, aunque durante los primeros meses de la contienda el desorganizado campesinado andaluz apenas pudo hacer frente al Ejército rebelde y su brutal acción represiva, que domina la mayoría de las áreas urbanas andaluzas (Malefakis, 1978:48-51), apoyado por una oligarquía que quiere seguir manteniendo su hegemonía (Álvaro, 2006:47). En las demás agrupaciones de profesiones encontramos entre los titulados superiores un maestro nacional[21], que niega las acusaciones y presenta como alegaciones su enrolamiento en el Ejército salvador y haber sido condecorado en campaña; como en la clase media y de negocios encontramos un propietario catalán[22], con propiedades en Dos Hermanas y San Roque, y un director de oficina bancaria junto a un dueño de hotel vecinos de Las Palmas de Gran Canaria[23], así como en otros grupos encontramos los dos expedientes referidos al servicio con armas, un capitán de artillería[24] y un capitán de carabineros[25].

Elemento destacable es la existencia de lazos de parentesco entre los encausados, sobre todo entre los procedentes de testimonios de consejos de guerra, al ser constatable la presencia de coincidencias en los dos apellidos y localidades de residencia, siendo más difícil probar estos lazos cuando coincide sólo uno de los apellidos, más si éstos son muy comunes, a la vez que se hace notar la existencia de familias en las que varios de sus miembros fueron procesados y encausados. Al menos se han relacionado nueve parejas formadas por padre e hijo, otras siete por parejas de hermanos y un trío de hermanos.

4.2.2. El procedimiento

Los expedientes se inician por una denuncia de alguna autoridad o particular, a través del Tribunal Nacional o Regional de Responsabilidades Políticas o a consecuencia de sentencia de un Tribunal Militar. De los expedientes estudiados, 6 lo son por denuncia del Jefe Local de la Guardia Civil[26], 39 por sentencia de Tribunal Militar[27], 4 del Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo[28], 1 por Depuración del Magisterio debida a una denuncia anónima[29] y 41 por la Comisión de Incautación de Bienes[30], tras denuncia del comandante militar de la localidad correspondiente, mientras que sólo uno proviene de un denuncia de una institución, la Cámara de la Propiedad[31]. El Tribunal Regional ordenará al Juzgado la instrucción del expediente e informará al Tribunal Nacional, hasta que el Instructor concluya si el inculpado está incurso y enlazar los comportamientos políticos del acusado con la legitimación de su ejemplar castigo (Álvaro, 2006:63).

El Juez remite la notificación para su publicación a los boletines oficiales, para que quienes lo consideren puedan testimoniar sobre la conducta político-social y moral del inculpado y de sus bienes. Si éste hubiera fallecido, huido o desaparecido, la tramitación continuará, por lo que el acusado dispondrá de cinco días para comparecer ante el Juzgado y le sean leídos los cargos y concedidos otros cinco días para hacer alegaciones de descargo, al tiempo que el Instructor solicitará informes que deberán remitirse en cinco días, a las autoridades de la localidad de procedencia del procesado y si éste reside en la capital, además los de la Jefatura Provincial de Policía, del Servicio de Información y Policía Nacional y de la Delegación de Información e Investigación de Falange. Son plazos que nunca serán cumplidos, siendo éste uno de los elementos contrarios a la defensa del encausado, al tener más peso las pruebas incriminatorias, muchas veces dictadas, que las de descargo (Álvaro, 2006:116).

Tras estos trámites el Juez citará al inculpado y le pedirá una declaración jurada de sus bienes y los de su esposa, así como de las cargas familiares que tuviera que sostener, concediéndole ocho días y notificándole que no podrá disponer de sus bienes, por lo que le asigna una pensión alimenticia extraída de sus posesiones o salarios incautados y si tuviera algún tipo de negocio, se nombrará un administrador para que sus rentas satisfagan esa pensión y así evitar ocultamientos. Después de estas pruebas el Juzgado dispone de un mes para la conclusión del expediente y cinco días después, deberá elevar un informe al Tribunal Regional que lo pasará al vocal ponente, quien tiene otros cinco días estudiarlo y, en las veinticuatro horas siguientes adoptar un acuerdo sobre su anulación, ampliación de pruebas o suspensión, otorgándose tres días más para que la defensa presente un escrito de alegaciones y después, el Juzgado Regional dispondrá de cinco días para dictar una sentencia razonada.

Siguiendo el articulado de la Ley, dentro de los 20 días siguientes el Tribunal Nacional deberá dictar una sentencia firme que será notificada al encausado y si es condenado, éste dispondrá de otros 20 días para abonar la sanción o solicitar su pago fraccionado tras garantizarlo. Si es absolutoria o se amortiza la multa económica, se informará de la libre disposición de sus bienes por el encausado, pero si el abono de la sanción se aplaza, se comunicará que bienes quedarán bloqueados. Posteriormente, el Juez ordenará que se ejecuten las sanciones restrictivas de libertad de residencia. Desde este instante, el Juez Civil publicará un edicto para que en un mes se haga efectiva la sanción y admitir las reclamaciones de terceros sobre los bienes embargados.

Este modelo de jurisdicción presenta un farragoso procedimiento, con una clara sumisión ante el jefe político, al que reconoce como jefe supremo, pues en el Nuevo Régimen el juez ideal debe reunir adhesión al Caudillo, servicio al Estado y ansias de renovación de la justicia tras una depuración del colectivo judicial inspirada por el propio Generalísimo (Lanero, 1996: 82-85). El procedimiento establece que los plazos eran improrrogables, pero su finalización se demoraría durante años, causando prejuicios a los encausados y al Estado, que se verá dañado en su prestigio e interés económico, pues ya en las memorias de los Tribunales se señalan defectos de procedimiento, falta de colaboración e imprecisión en las respuestas de las autoridades y particulares en su escasa celeridad al responder a los requerimientos. Son informes que aparentan la existencia de garantías en un proceso en el que el encausado tenía contadas posibilidades de defensa (Álvaro, 2006: 133-138).

4.2.3. El expediente

Entre los motivos denunciados están los que proceden de una sentencia militar previa, alegándose cualquiera de las diecisiete causas enumeradas en la Ley de Responsabilidades Políticas, como "haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación..."[32] o "haberse opuesto de manera activa al Movimiento Nacional..."[33] en la mayoría de las ocasiones, añadiéndose otras veces "por haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular"[34]. Era frecuente la acumulación de varias causas en una sola acusación: "haber desempeñado cargos directivos en los partidos"[35], "alcalde por el Frente Popular"[36], "Haber excitado o inducido a la realización de hechos"[37], "propagandista y colaborador del Frente Popular"[38],... siendo notable que entre todos los encausados los motivos más comunes estaban relacionados en el artículo 4º, toda una extensa casuística en la que cualquier persona que hubiera vivido durante la República podía estar inmersa.

Hubo una gran mayoría de casos sobreseídos y solo unos pocos acusados recobraron sus bienes tras satisfacer la multa. Los sobreseimientos eran de dos tipos, los dictados por los Juzgados de Instrucción, según el artículo 8º de la Ley de Reforma de 1942 y sobreseimientos provisionales dictados por la Comisión Liquidadora de Responsabilidades Políticas[39]. Revelando un afán recaudatorio y represor que la misma Ley muestra que sólo los artículos 5º y 6º, están dedicados a los motivos eximentes y atenuantes, exigiendo una fidelidad absoluta, destacando el haber contribuido con donativos al Ejército y Milicias paramilitares, haber sido herido en el combate o estar condecorado y, lo más aberrante, ser menor de 14 años, cuando la legislación vigente establecía la mayoría de edad penal en los 16 años. Hay una sola causa agravante, la relevancia social o política del encausado, su prestigio ante la sociedad y servir como modelo a imitar, incluyendo entre ellos a los grados superiores de la Masonería.

Agrupadas en tres bloques estaban las sanciones previstas: restrictivas de actividad, inhabilitación absoluta o especial para cualquier puesto de responsabilidad o mando; limitativas de la libertad de residencia, que contenían el extrañamiento, el confinamiento o destierro y la relegación a las posesiones africanas, y el tercer bloque son las sanciones económicas, que contenía desde el pago de una cantidad fija hasta la pérdida total de bienes o sólo la de algunos determinados. En casos extremos se podía perder la nacionalidad española. Las penas podían acumularse o ser individuales, pero siempre conllevaban las económicas. Para llegar a sancionarlas los Tribunales debían haber calificado y fallados los hechos como graves, menos graves o leves, junto a una limitación temporal de las restricciones de actividad y de residencia entre los seis meses y un día y los 15 años[40], periodo en el que las penas prescriben, excepto las económicas que son imprescriptibles. Los expedientes procedentes de consejos de guerra sólo tendrían la sanción económica. En los expedientes consultados se desprende la calificación de las penas según los años de la condena, apreciándose 27 como graves, 8 menos grave y sólo 1 como leve, pues el resto de los condenados a más de 15 años procedían de testimonios de consejo de guerra.

Las declaraciones no siempre las encontramos, aunque en algunos expedientes aparecen las de los integrantes de la Comisión Gestora de la localidad junto a las de los testigos, "vecinos de declarada solvencia moral". Reflejan los datos personales del inculpado y la pregunta de si pertenece o no al Movimiento de FET y de la JONS, y en escasas ocasiones se aceptan los cargos, se niegan o los aceptan como ciertos, pero alegando alguna excusa, como estar obligados por las circunstancias[41].

Los informes de las autoridades y los pliegos de descargo son los documentos con mayor información sobre la persona juzgada y la sociedad que la acusa. La Ley consideraba autoridades a los que solicitar estos informes al Alcalde, al Jefe local de FET y de la JONS, al cura-párroco y al comandante de puesto de la Guardia Civil de la localidad de procedencia del inculpado[42], en plena sintonía con quien solicitaba estos informes y que eran proporcionados casi calcados unos de otros, considerados celosos vigilantes de la vida de los ciudadanos, con vecinos que hacían suyo el recurso a la denuncia alentada por el propio régimen, permitiendo que la justicia penetrara en lo más profundo de la vida intima y personal de los perdedores[43], ya que los nuevos gobernantes habían proclamado que la delación sería considerada una virtud patriótica (Molinero, 2006: 228).

Estos documentos informan sobre la situación político-social de los procesados antes, durante y después del Glorioso Movimiento Nacional, "...mantuvo reuniones con los dirigentes de los partidos marxistas, colaborando a intensificar sus propagandas"[44] o "... su odio a la Religión Católica... y un odio marcado hacia el capital..."[45], así como de su actitud ante el nuevo régimen, "...estuvo con escopeta y cartuchos en servicio de guardia en el sitio de Itálica"[46], su situación económica, la de su familia y las posibles cargas familiares que pudiera sostener"[47]... sustentándolos con la comida que recogen de los comedores de Auxilio Social". Mantienen un mismo tono ideológico, de gran uniformidad y contundencia en sus afirmaciones, se podría decir que escritos por la misma mano, con un vocabulario repetitivo, tanto en los informes de las autoridades como en los pliegos de descargo o declaraciones de testigos, con palabras clave que se repiten en la mayoría de los expedientes, como "rojos", "nacionales", "Glorioso Movimiento Nacional", "desmanes", "saqueos" o "guardias armados" entre ellas.

El que estos informes tuvieran un carácter más o menos duro tenía sus consecuencias, pues de ellos se desprende la descalificación personal y el desprecio, y en algunos la minuciosidad de los detalles e incluso el desconocimiento directo de los hechos, siendo emitidos por noticias de terceros o rumores, muy común en los firmados por los curas-párrocos. Son llamativos los informes sobre mujeres encausadas, mujeres en la retaguardia, madres y hermanas de represaliados que cuidan de la familia mientras el hombre está huido, preso o ha fallecido, sobre todo cuando la mayoría de estas encausadas pertenecen a una sola localidad[48], y cuyo máximo pecado fue aprovechar la oportunidad de ejercer la libertad para manifestar su ideología con la asistencia a mítines y tertulias, algo que se utilizó para desacreditarlas, convertirlas en represaliadas, haciéndolas declarar como testigos, víctimas de la sanción económica y del posterior embargo, pues no coincidían con el papel que Dios y la Patria habían asignado a las mujeres dentro del Nuevo Estado. Debieron enfrentarse a la fuerte misoginia de los poderes locales, que las veían como intrusas en su mundo masculino. Los informes son muy duros al enjuiciar su conducta, ofensivos en ocasiones.

Los pliegos de descargo muestran la miseria, el temor y la inseguridad jurídica[49] que produce un proceso viciado por el poder, con exculpaciones de toda índole, algunas bastante peculiares, otras acogiéndose a que es falso lo que se dice en la acusación[50] o que ésta se debe a rencillas personales[51], ya sea por odio o por granjearse las simpatías de las nuevas autoridades. En las declaraciones de bienes también intervenían las autoridades, informando de las posesiones de toda la familia con minuciosidad. Se trataba de que el peso de la justicia aplastara cualquier intento de sobrevivir del encausado.

Gran parte de las resoluciones son sobreseídas al aplicar el artículo 8º de la ley de Reforma de 19 de febrero de 1942, (procesados cuyos bienes no llegaban a las 25.000 ptas. o con una clara insolvencia). El Gobierno, visto el atasco, aplicó el bisturí político y lo puso en marcha Carrero Blanco, aunque manteniendo intactos los valores ideológicos y políticos que la inspiraron (Mir, 2000:158). En febrero de 1942 se firma y publica el Decreto de Reforma de la ley de Responsabilidades Políticas[52] y desde esta fecha son ya los Juzgados de Instrucción los que se encargan de dictar las resoluciones, línea que seguirá hasta el Decreto de 13 de abril de 1945, cuando fue suprimida esta Jurisdicción Especial y los sobreseimientos serán dictados por miles por la Comisión Liquidadora. Definitivamente, a partir de 1966 se decretará la prescripción general de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939[53].

5. Conclusiones

La Ley de Responsabilidades Políticas y la creación de sus Tribunales pretendía justificar y legalizar la manifiesta ilegitimidad del golpe de estado y del régimen que de él emanaba, convirtiéndose en uno más de los mecanismos de represión que, junto al Tribunal de Represión de la Masonería y del Comunismo, fracturó la moral del vencido, utilizando el miedo a través de la prisión, depuración o incautaciones de bienes, la inhabilitación y el destierro (Langarita, 2012:2), como armas para silenciar las conciencias a través del terror sistemático y evitar cualquier agitación revolucionaria (Malefakis, 1978:51).

El Tribunal de Responsabilidades Políticas llegó a casi todos los rincones y se sirvió de la Iglesia Católica, Guardia Civil, Ayuntamiento y Falange, sin olvidar a una sociedad civil que, a través de la denuncia, a veces saldó rencillas y otras se procuró un mejor acomodo para sobrevivir. Una Iglesia que en la sociedad semifeudal del sur agrario español mostrará su implicación con los grandes propietarios, la Guardia Civil (Martin, 2009: 94) y su apoyo a los militares golpistas para justificarlos con su mística y apoyo social, identificando el catolicismo con el propio ser de España (García de Cortázar, 2006:476-477). En los informes de las fuerzas vivas se observa una gran sintonía, apoyada en las "gentes de orden" y derechistas que proporcionaron los argumentos políticos y personales de los procesados, con los mismos testigos casi siempre o reclutados entre un reducido grupo de vecinos con una probada adhesión al nuevo régimen (Langarita, 2012: 26). El círculo represivo estaba bien organizado: unos vigilan, otros delatan, los poderes locales deciden y los tribunales sentencian. Y una Iglesia Católica que no reconocía su complicidad, aunque ocuparán de nuevo el espacio vetado años atrás en la política educativa junto a la proliferación de procesiones, romerías, viacrucis, peregrinaciones y todo tipo de ritos y adoctrinamiento (Nicolás, 1999:79).

En el mundo rural, del franquismo surgirá un nuevo caciquismo que irrumpe en el poder local ocupando los Ayuntamientos y consolidará su posición política y económica al legitimar al Nuevo Régimen, con falangistas en las gestoras municipales, apoyados por una Guardia Civil que a diario recibía denuncias y vigilaba e informaba cuando los tribunales lo requerían; con testigos que enfatizan sus declaraciones con expresiones como "le he visto", "lo sabe de buena tinta", "lo ha oído decir" o con cargos inconsistentes, basados más en rumores y juicios de valor que en pruebas fundadas, coincidiendo en la valoración de los hechos y centrándose en cuestiones como "la militancia de izquierdas", "persecución contra personas de derechas", "oposición activa al Movimiento Nacional", "evasión a zona roja", entre otras similares, o la irreligiosidad y rubricando con su firma este mismo documento (Langarita, 2012:27-28).

El peso del Tribunal recayó sobre todas las capas sociales, aunque la rural fue la más afectada, pues además de sufrir como eran señalados como vencidos, como rojos. Se advierte el gran peso que tienen los jornaleros y trabajadores de la tierra, quienes soñaban que con la victoria del Frente Popular llegaría la prometida reforma agraria. Sevilla era una de las provincias que figuraban entre las más beneficiadas por los repartos de tierras, pero sus ejecutores siempre encontraron la cerrada oposición de los grandes propietarios, temerosos de verse desposeídos de sus tierras, muchos de los cuales formaron parte de los apoyos civiles desde el mismo 18 de julio de 1936.

El problema de la tierra en esta provincia es responsable de una estructura social rural y arcaica, desequilibrada, en la que el 2% de los propietarios poseía el 47 % de las tierras productivas, con un sistema de acumulación de la propiedad cimentado durante los procesos desamortizadores del siglo XIX, incrementando su poder económico, prestigio social y control político de un puñado de familias "terratenientes" y "labradores y propietarios", exponentes de una burguesía agraria sevillana, consolidada al adquirir títulos nobiliarios a través de enlaces matrimoniales (Álvarez, 2007: 2197-2199). Para esta oligarquía de la tierra la victoria del Frente Popular supuso una amenaza para su control político y un peligro para sus privilegios de clase "superior". La radicalización de esta patronal agraria les hará participar en el golpe de Estado con una clara intención, que las cosas volvieran a ser como siempre fueron, obsesionados por legitimar el levantamiento y un objetivo principal, el desmantelamiento de la reforma agraria. Riesco Roche[54] formula su hipótesis de que la represión en el medio rural se realizó con el único fin de rehabilitar el viejo sistema, con una contrarreforma que restituyera la plena hegemonía de los grandes propietarios (Riesco, 2006b). Esta hipótesis es confirmada en Sevilla por la actuación de la Federación Patronal Agraria Sevillana, que agrupaba a los mayores propietarios y arrendatarios, destacando su vicepresidente Luis Alarcón de la Lastra[55]. Esta derecha agraria fue el gran instrumento de enfrentamiento contra la política de la República, transmitiendo una sensación de amenaza colectiva que fue instrumentalizada para acabar con los ideales republicanos por la vía militar (Álvarez, 2007: 22-25).

Colaboración con los militares sublevados cuando desde el mismo 18 de julio, uno de los dirigentes de Falange en Sevilla, el torero José García Carranza, "Pepe el Algabeño", se pone a las órdenes de Queipo de Llano y junto al rejoneador Antonio Cañero organiza y manda columnas de caballistas, financiadas por el capital latifundista, para limpiar los campos, pueblos y cortijos[56], cabalgando movidos por un interés de clase, dirigidos por propietarios a los que deben subordinación clientelar y que se dedican a recuperar sus tierras y las de sus familiares y amigos, vigilando su patrimonio sobre el terreno (Espinosa, 2007: 40-41). Fue un eficaz instrumento de control social para consolidar a esta oligarquía rural, que se encarga de recuperar lo que ellos consideraban que se les había sido usurpado, apoyados en una variada represión, hasta secar la vida de los hombres a los que controlaban (Riesco, 2006b:13).

El Tribunal de Responsabilidades Políticas habilitó un doble mecanismo, el económico para sufragar parte de los gastos de la guerra, y el represivo que consagraría el principio de culpabilidad, una de las fuentes legitimadoras del Nuevo Régimen. El estado cualitativo de los expedientes proporciona un retrato fiel de lo que fue la vida diaria de aquellas personas y de lo que significó la larga posguerra posterior. Les fue aplicada la Ley en todo su rigor y sólo la penuria económica les proporcionó el sobreseimiento de sus penas. Los informes emitidos por las autoridades achacaban como delito la manifestación pública de sus opiniones y para ello no hacían falta órdenes ni ejecutorias militares, sino que les bastaba con el dedo delator.

6. Fuentes bibliográficas

a) Fuentes documentales:

Archivo Histórico Provincial de Sevilla (A.H.P. Sevilla)

-Fondo de la audiencia Provincial. Responsabilidades Políticas: legajos núm. 741 - 767 - 770 - 3358 – 4214, 4556 - 4574 y 12137

-Libros-Registro de la audiencia Territorial de Sevilla

-Registro civil de Defunciones causadas por la Guerra Civil

b) Fuentes impresas (prensa y boletines)

Hemeroteca Municipal de Sevilla

- Diarios ABC edición Sevilla

Archivo de la Diputación Provincial de Sevilla

-Boletín Oficial de la Provincia de Sevilla, Boletín Oficial del Estado

c) Bibliografía

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d)Internet

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Notas:

[1] Este artículo es un resumen del Trabajo Final del "Máster Universitario en Métodos y Técnicas Avanzadas de Investigación Histórica, Artística y Geográfica", de la UNED, dirigido por la Dra. Mª Ángeles Egido León.

[2] Entre ellos podemos citar como representativos a: Julio Aróstegui, Julián Casanova, Mª Ángeles Egido León, Francisco Espinosa, Santos Julia, Conxita Mir, Carme Molinero Ruiz, Francisco Moreno Gómez, Mirta Nuñez Diaz Balart, Manuel Ortiz Heras, Paul Preston, Alberto Reig Tapia, Michael Richards Sergio Riesco Roche, Pura Sánchez, etc.

[3] Mir Curcó, Conxita (2000). Vivir es sobrevivir: justicia, orden y marginación en la Cataluña rural de posguerra. Lérida: Milenio.

[4] Acosta Bono, Gonzalo (et. al.) (2004). El Canal de los Presos (19401962). Barcelona: Crítica.

[5] Langa Nuño, Concha (2007). "ABC" y la creación del franquismo: la opinión publicada en la edición sevillana durante la guerra civil española (19361939), Sevilla, Centro de Estudios Andaluces.

[6] VV.AA. (1990). Justicia en guerra: Jornadas sobre la administración de justicia durante la Guerra Civil Española: instituciones y fuentes documentales : organizadas por el Archivo Histórico Nacional, sección "Guerra Civil" : Salamanca, del 26 al 28 de nov. 1987, Ministerio de Educación, Dirección General de Bellas Artes y de Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

[7] VV AA (2007). Historia y Memoria: todos los nombres, mapas de fosas y actuaciones de los Tribunales de Responsabilidades Políticas en Andalucía. Almería: Gómez Oliver y Martínez López editores. (consulta en red en www.todoslosnombres.org, 15032012).

[8] Como el famoso paseo de los legionarios en camiones, pues mientras que Francisco Espinosa defiende que no eran tan pocos, en Braojos, Alfonso (et. al) (1990b). Sevilla 36: Sublevación fascista y represión, Sevilla, Muñoz Moya y Montraveta, p. 209, otros autores sostienen que su importancia fue un mito falso y propagandístico, como Ortiz Villalba, Julio (2006). Del golpe militar a la guerra civil: Sevilla 1936, Sevilla, RD Editores, p.124.

[9] Fernández Luceño, Mª Victoria (2007). Miseria y represión... ob. cit. pag. 7375. La escasez de productos llevó a la corrupción por la mala situación económica, incluso el alcalde de Sevilla durante 1939/1940, Eduardo Luca de Tena, falangista, será investigado y censurado.

[10] Rosado, Antonio (1979). Tierra y... ob. cit., pag. 233:”…empezaba a perfilarse el destino de cada uno, con arreglo a los cargos acumulados, por obra y gracia de grupitos y personas fanatizadas, vengativas […] Poniendo de manifiesto hasta donde es capaz de llegar el corazón humano cuando es dominado por el instinto de perversidad y de ruin venganza y, a la vez, por el egoísmo, el miedo o el terror”.

[11] Tesis defendida en la obra coral coordinada por Aróstegui, Julio (coord.) (2012). Franco: la represión como sistema. Barcelona: Flor del Viento. ISBN 9788496495500.

[12] No hemos de olvidar el afán recaudatorio de Queipo de Llano desde el primer instante de la Guerra en todos y cada uno de los pueblos tomados (expuesto tanto en la prensa diaria del momento, como a lo largo de la obra de A. Bahamonde. (2005). Un año con Queipo de Llano. Sevilla: Espuela de Plata, ISBN 849613346X).

[13] Orden de la Vicepresidencia del Gobierno de 2 de junio de 1939, por la que se nombra al personal que constituirán los Tribunales Regionales, Juzgados Instructores Provinciales y Civiles Especiales de Responsabilidades Políticas, B.O.E. nº 156 de 5 de junio de 1939, p 3073.

TRIBUNAL REGIONAL. PRESIDENTE: Don Rafael Añino Ilzarde, Tte. Coronel de Infantería. SUPLENTE: Don Telmo Carrión Blázquez, Comandante de Infantería. VOCALES: Carrera Judicial: Don Francisco Díaz Plá, Magistrado Suplente: Don José Ruíz Delgado, Magistrado. FETJONS: Don Francisco Summers e Isern, Abogado. Suplente: Don Ricardo Monsalve Ruiz, Abogado. Secretario: Don José Gutiérrez Ríos, Oficial 1º de Sala. Suplente: Don José Infante Díaz, Oficial 2º. Juez Civil Especial: Don Antero Rodríguez Martín, Juez de 1ª Instancia. Suplente: Don Ramiro García Costalago. Secretario de Juzgado de 1ª Instancia

JUZGADO INSTRUCTOR PROVINCIAL DE SEVILLA. Juez: Don Luis Jiménez Ruiz, Oficial 1º Honorífico Cuerpo Jurídico Militar. Secretario: Don Antonio Bahamonde Losada, Brigada de Artillería. Suplente: Don Rosendo Rull Castellví, Brigada de Caballería.

[14] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 4159.

[15] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente 38.

[16] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 770, expediente 6663.

[17] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 3358, expediente 4.

[18] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente 142.

[19] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4214, expediente 4574

[20] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 3358, expediente 17.

[21] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 3617.

[22] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente 38.

[23] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente 145. Masonería.

[24] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4574, expediente 1125. Procedente del Tribunal de Responsabilidades Políticas de Ceuta, llega a Sevilla por estar destinado el encausado.

[25] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 767, expediente 4394. Aunque se une al levantamiento, está en prisión "por sospechas" en Castillo Santa Catalina (Cádiz).

[26] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 6557.

[27] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 4159.

[28] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 3358, expediente 18.

[29] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 3617.

[30] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 12137, expediente 6566.

[31] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4574, expediente 672.

[32] A todos aquellos que procedían de testimonios de Consejos de Guerra se les aplicará uno o varios de estos delitos.

[33] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4574, expediente 2715.

[34] A.H.P.SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente 6141.

[35] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente 956.

[36] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4574, expediente 6468.

[37] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4574, expediente 873.

[38] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente 1318.

[39] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 1236.

[40] Ley de 9 de febrero de 1939 de Responsabilidades Políticas, B.O.E. nº 44 de 13 de febrero de 1939, art. 13º "La extensión en que han de aplicar los Tribunales las sanciones [...], será de ocho años y un día a quince años, si los hechos fuesen calificados de graves, de tres años y un día a ocho años, si se calificaren de menos graves, y de seis meses y un día a tres años, si se estimaran leves."

[41] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 4159.

[42] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente 6572.

[43] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 1236.

[44] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 432.

[45] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 516.

[46] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente s.n.

[47] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente 2535.

[48] 16 de 25 encausadas, en solo cinco expedientes de Bollullos de la Mitación.

[49] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4556, expediente 26.

[50] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 741, expediente 3617.

[51] A.H.P. SEVILLA. Fondo Juzgados. Sección Responsabilidades Políticas, legajo 4574, expediente 672

[52] Ley de 19 de febrero de 1942 de Reforma de Responsabilidades Políticas, B.O.E. de 7 de marzo de 1942.

[53] Decreto Ley 10/1969, de 31 de marzo, por el que se declara la prescripción de todos los delitos cometidos con anterioridad al 1 de abril de 1939 B.O.E. nº 78 de 1 de abril de 1969, preámbulo, p. 4704.

[54] Riesco Roche, Sergio (2006a). La Reforma Agraria y los orígenes de la Guerra Civil (19311940). Cuestión yuntera y radicalización en la provincia de Cáceres, Madrid, Biblioteca Nueva, ISBN 8497426134.

[55] Luis Alarcón de la Lastra, militar retirado, emparentado con la "buena sociedad" sevillana, hombre fuerte de la patronal agraria y diputado de la CEDA, era arrendatario de la finca "Las Arroyuelas", propiedad de la Casa de Alba. Tras el golpe militar se incorpora a la columna Yagüe atravesando Extremadura como Tte. Coronel habilitado. Fue el primer Gobernador Civil del Madrid liberado y más tarde Ministro de Industria y Comercio.

[56] "... el Algabeño, con su tropa de caballistas, en la que van los mejores jinetes de la aristocracia sevillana y los hombres de su cuadrilla, sus banderilleros y picadores, tan valientes como él y capaces de lidiar lo mismo una corrida de Miura que un ayuntamiento del Frente Popular. [...] Delante, en descubierta, iban los dos guardas jurados seguidos por los tres hijos del marqués con el aperador y el manijero. Luego marchaba el marqués llevando a un lado al cura y al otro al administrador [...] Venía después la masa de los caballistas, todos ellos asalariados del marqués, vaqueros, yegüerizos, pastores, gente del campo nacida y criada a la sombra del cortijo y del marquesado...", en Chaves Nogales, Manuel. A sangre y fuego. Héroes, bestias y mártires de España, Barcelona, ed. Libros del Asteroide, 2011, p. 50.