Número 20. Enero-Diciembre 2013

Las políticas públicas para las prisiones: una aproximación a la acción social desde el modelo socioeducativo

Public Policies for Prisons an Approach to Social Action from the Education Social Model

Francisco José del Pozo Serrano

Facultad de Ciencias de la Educación y Humanidades.
Universidad de Castilla-La Mancha (España).
Francisco. Pozo[at]uclm.es

Las necesidades de los sistemas penitenciarios, se proyectan dentro de las políticas sociales públicas de los gobiernos como uno de los fines más complejos a trabajar. El modelo penitenciario de acción social que se ha ido desarrollando en España a partir principalmente de la última década, ha intentado paliar y transformar las deficiencias y carencias de las personas privadas de libertad. A partir de desarrollos progresivos -con relevantes aportes desde la Educación Social entre otras disciplinas- se han ido generado múltiples respuestas que configuran experiencias efectivas en estos escenarios como los módulos de respeto o programas sociolaborales. Estos avances presentan experiencias y resultados muy interesantes; igualmente para las mujeres reclusas, minoría penitenciaria (aunque representa el mayor porcentaje de la Unión Europea en el caso español) que históricamente han sufrido mayores desigualdades y discriminaciones que los hombres en las prisiones.


Fecha de recepción: 9/1/2013

Fecha de aceptación: 28/3/2013


Palabras clave: Política pública penitenciaria, modelos de acción social, Educación Social, mujeres reclusas.


Para citar este artículo: Pozo Serrano, Francisco José del (2013). Las políticas públicas para las prisiones: una aproximación a la acción social desde el modelo socioeducativo. Revista de Humanidades [en línea], n. 20, artículo 3, ISSN 2340-8995. Disponible en http://www.revistadehumanidades.com/articulos/39-las-politicas-publicas-para-las-prisiones-una-aproximacion-a-la-accion-social-desde-el-modelo-socioeducativo [Consulta: Domingo, 8 de Diciembre de 2019].


DOI: http://dx.doi.org/10.5944/rdh.20.2013.12901


Abstract: The needs of the penitentiary systems are projected into the public social policies of the governments as one of the most complex purposes to work. The penitentiary model of social-educational action that has been developed in Spain, mainly since the last decade, has tried to mitigate the deficiencies and lacks of people in prison. From progressive developments –with relevant contributions from Social Education among other disciplines of social action- multiple actions which shape effective experiences on these fields, as respect modules or social-labour programs have been developed. Theses advances present very interesting experiences and results, equally for women in prison, a penitentiary minority (although in the Spanish case it represents the highest percentage in the European Union), that historically have suffered greater inequalities and discriminations than men in prison.


Keywords: Public penitenciary policy, Models of social action, social education, women in prision.

Sumario

1. Introducción: planteamientos de la política pública penitenciaria desde realidades españolas. 2. Las políticas públicas penitenciarias en españa: ¿cómo principal objetivo, la recuperación?. 3. La acción socioeducativa y sociolaboral desde los programas de tratamiento penitenciarios: enfoques y resultados en las mujeres reclusas. 4. Conclusiones y propuestas para la política pública penitenciaria. 5. Bibliografía.

Artículo

1. Introducción: planteamientos de la política pública penitenciaria desde realidades españolas*

El mundo penitenciario, se presenta como un escenario frecuentemente invisibilizado por la producción científica, las políticas públicas o los intereses de la gran mayoría de la comunidad social. Todo aquello que tiene que ver con la delincuencia o las prisiones, vive permanentemente tensiones conflictivas e interpretaciones contrapuestas.

Analizar la política social de un territorio es una hazaña compleja. Los estados democráticos, en la búsqueda del bienestar, deberían establecer un conjunto de políticas globales universales,

"[...] que permitieran concretar el cuadro de derechos sociales que se reconocen como los más básicos y fundamentales para que la ciudadanía pueda llevar una vida digna. Esta vida digna se concreta en el acceso a las rentas necesarias, al menos las mínimas, conseguidas bien a través del mercado (mediante el trabajo remunerado o el rendimiento de bienes propios), bien al margen del mercado (mediante pensiones, subsidios otorgados por las Administrador Públicas, según las diferentes circunstancias personales: retiro, enfermedad, invalidez, desempleo, exclusión,…) cuando no existe otra posibilidad y las personas reclamen sus derechos a cubrir las necesidades básicas" (Sáez y García, 2003: 208).

Si esta aproximación la concretamos en lo relativo a la política penitenciaria, deben existir como prioridad en las acciones, dos posibilidades necesarias: una, el acceso a los recursos básicos que favorezcan la construcción de la vida digna de las personas presas. Desde esta premisa, se debe superar la segregación de quienes han cometido un delito y son apartados de la sociedad concebida como justa e higiénicamente determinada (moral, social, normativamente, etc.) (Jiménez, 2007: 227); la otra, el enfoque de la transformación personal y social como principal meta de las penas privativas de la sociedad.

En este sentido, quienes delinquieron no deberían ser personas principalmente vigiladas y castigadas en las prisiones para que se modifiquen aquellas conductas desadaptadas, inadecuadas o finalmente indeseadas (Foucault, 1986); sino que también deberían concebirse como personas sociales y ciudadanas. Las percepciones sociales hacia las personas presas y la criminalización de las acciones delictivas pueden modificarse por múltiples variables: el impacto mediático hacia delitos específicos socialmente más o menos tolerados desde ciertos sectores o poderes sociales, los modelos penitenciarios o luchas interpartidistas de quienes ejercen la responsabilidad en la materia en sus cargos públicos, etc.

1.1. La política penitenciaria y el bienestar social

Desde las políticas públicas penitenciarias se definen y construyen muchas de las configuraciones sociales, sanitarias, educativas, etc. que cuestionan, entre otros factores la democratización de lo público y el bienestar social de las regiones o los países. Como resaltables nos acercamos a la “salud” jurídica del sistema social y los modelos de acción social:

a) La salud jurídica: Hace referencia al goce democrático y justo de la legislación social. Podríamos señalar algunas de las cuestiones que se incluirían en este concepto: lo relativo en la defensa y aplicación de los derechos humanos universales, cumplimiento de las normas internacionales de derechos mínimos y los cuerpos jurídicos constitucionales, la no criminalización de ciertas tipologías delictivas con pena privativa de libertad, la profundización de los desarrollos legislativos que posibiliten nuevos escenarios generadores de derechos y oportunidades o la observancia en las garantías de las prestaciones de bienestar básicas, etc.

b) Los paradigmas y modelos de intervención social: Se encuadraría dentro de las políticas y medidas que desarrollan los gobiernos y responsables institucionales en materia penitenciaria. A partir de la cobertura legislativa en las que se basa, se construye, defiende y desarrolla la intervención social pública. En esta empresa, se suelen definir algunas de las panorámicas claves en la acción penitenciaria social y educativa de las prisiones:

- Lo penitenciario puede ser o no puente a la reinserción: Las prisiones que retienen y vigilan, no generan procesos de cambio de forma planificada y especializada. Plantearse que los presupuestos del gobierno destinados a la materia penitenciaria y todos esfuerzos y diseños institucionales deben dirigirse a la mejora de las personas, las familias y la comunidad para prevenir la reincidencia, es un camino de seguridad, promoción y salud democrática para el conjunto poblacional.

- La priorización o no de lo socioeducativo frente a lo correctivo. Mientras que en los modelos tradicionales de la delincuencia de corte correctivo, psicoterapeútico o médico se ha defendido modelos asistenciales y de salud psicopatológicos; la Educación Social, entre otras, ofrece desde sus paradigmas y modelos socio-críticos, enfoques participativos, de autogestión y autonomía; de empoderamiento de la población reclusa (Del Pozo y Añaños, 2013).

- La profesionalización o no del personal que interviene en las prisiones. La intervención especializada permite la pertinencia, coherencia técnica, mayor efectividad y una multidisciplinariedad. En este proceso de calidad, se hace necesario que las educadoras y los educadores sociales, intervengan en el campo de acción (Sáez, 2010).

- La priorización o no de una participación conjunta en las redes y acciones de intervención social. Ejercer la corresponsabilidad social coordinada de las instituciones, redes, entidades, etc., permite una cobertura mayor y de más calidad. Esta circunstancia, además, en el mundo de las prisiones, significa “oxigenación” del sistema mediante flujos de participación, observación del sistema por agentes externos y dinamización del contexto cerrado.

Analizaremos a continuación como España ha constituido a partir de la política pública en prisiones, un modelo muy desarrollado en la acción socioeducativa que puede posibilitar proyecciones para las políticas penitenciarias universales, europeas e iberoamericanas.

Este estudio estará apoyado a nivel empírico por los resultados del proyecto de investigación a partir de los que interpretamos como la Educación Social plantea nuevos enfoques de acción social en prisiones. El modelo socioeducativo además, se encuentra muy bien acogido por la población penada y con valoración positiva del personal profesional en la eficacia/efectividad técnica.

España, presenta uno de los índices de población penitenciaria más alta de Europa, con un aumento alarmante en las últimas décadas de población penada. Los perfiles criminológicos mayoritarios de la población penitenciaria son de origen socioeconómico (contra la salud pública y contra la propiedad privada), especialmente en las mujeres reclusas que presentan un mayor índice de delitos por tráfico de drogas (Añaños, 2010). Esta realidad nos habla de la necesidad de inserción socio-laboral que predomina en las personas que se encuentran privadas de libertad; aunque estos perfiles han ido variando por la incorporación de delitos en el código penal como los delitos viales o por violencia de género.

Mucho más agudo es el caso de las mujeres presas, como hemos referido, que suelen pertenecer a estratos sociales muy precarios, han vivido durante larga historia una la criminalización moral, social, penal o penitenciaria de un sistema masculinizado y machista de las prisiones (Yagüe, 2002; Cervelló, 2006).

Estas necesidades expresadas en informes internacionales y nacionales (Payanatopoulos, 2010; Defensor del Pueblo Andaluz, 2006), entre otras, han condicionado que se diseñara en materia penitenciaria por parte de los gobiernos una acción social estructural que determinara nuevas políticas penitenciarias que mejorara las infraestructuras, contextos y equipamientos penitenciarios en la Administración General del Estado (AGE), al mismo tiempo que se favorecían desarrollos programáticos de acción que atendiera a los derechos humanos y proyectara nuevas posibilidades de transformación social, a fin de operativizar los fines transformadores, ofrecer posibilidades de inserción o reducir la reincidencia.

Para conseguir estos fines se han creado mayores infraestructuras para mujeres y madres, otros programas de igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario, o acciones de formación del personal para la atención especializada dentro de las características específicas de las mujeres y la no discriminación de las mujeres reclusas (Gallizo, 2010; Del Pozo, 2012).

2. Las políticas públicas penitenciarias en españa: ¿cómo principal objetivo, la recuperación?

La política pública penitenciaria se aplica a partir de sus fundamentos y desarrollos normativos. Su regulación se establece a partir de sus cuatro ejes legislativos: Constitución española de 1978, Ley Orgánica General Penitenciaria 1/79 de 26 de Septiembre, Reglamento Penitenciario (RP) y Circulares e instrucciones penitenciarias desde los centros y servicios centrales de la Administración Penitenciaria. Dichas normativas vertebran el cuerpo legal y procedimental para las Instituciones competentes en materia penitenciaria y los marcos generales de actuación en las mismas donde la reeducación y la reinserción se garantizan como derechos y principios atribuidos a las penas.

Esta perspectiva, ha cimentado unas bases humanistas y transformadoras que no siempre han participado del beneplácito de ciertos poderes políticos o académicos. Sin embargo, para las ciencias sociales críticas, los procesos de inserción y la transformación socioeducativa, se desarrollan a partir de aportes como la Educación social, Psicología social, Trabajo social, etc.

España, tras diversos avances en medidas y acciones recientes, se ha posicionado con gran desarrollo dentro de la política pública penitenciaria. Analizamos a continuación esta realidad desde tres ángulos: las formas especiales de ejecución de las penas, los programas con perspectiva socioeducativa y los resultados empíricos a partir del estudio de I+D+I nacional sobre Mujeres reclusas drogodependientes y su reinserción social (EDU2009-13408).

Este estudio de I+D+I ha sido liderado por la Universidad de Granada (España) y con colaboración de diversas Universidades nacionales e internacionales, además del aval y participación de las dos Administraciones generales con competencias penitenciarias en el Estado (Ministerio del Interior para todo el territorio nacional y Generalitat de Catalunya para la comunidad catalana). A partir de la técnica de encuesta a las mujeres reclusas (538 cuestionarios y 61 entrevistas) y 43 cuestionarios a los profesionales de programas de los centros, se han obtenido unos resultados analizados con SPSS para los datos cuantitativos y NUDIS para los cualitativos, triangulando la información resultante.

2.1. Las formas especiales de ejecución de las penas: la legislación al servicio de la acción social

Para considerar la multiplicidad de cuestiones relativas a estos avances, creemos conveniente iniciar el análisis desde las formas especiales de ejecución penal determinadas por el ordenamiento jurídico español.

Estas formas, se presentan dentro del sistema penitenciario como especiales porque forman parte de un marco de cumplimiento diferenciado del medio cerrado tradicional. Se compone de programas, infraestructuras y medidas diferentes a las formas ordinarias de cumplimiento (fundamentalmente relacionadas con el perfil, evolución penitenciaria y características específicas de tratamiento del colectivo). Dichas formas especiales de cumplimiento se ejecutan mayoritariamente en establecimientos y contextos abiertos o semiabiertos y con diseños específicos de acciones especializadas destinados a la población y sus características, todas ellas están recogidas en el Título VII del Reglamento Penitenciario (RP) (IIPP, 2012a).

Comentemos aquellas consideraciones normativo-políticas de estas formas de cumplimiento que categorizamos como de gran relevancia social, y que han podido aplicarse principalmente a partir de construcción, modificación y ampliación de nuevos centros. Dentro de los capítulos del Reglamento, señalamos:

- Capítulo I del R.P.: Centros de Inserción Social (CIS) son Establecimientos penitenciarios destinados fundamentalmente al cumplimiento en medio abierto y de las penas de arresto de fin de semana, así como de las penas de no privativas de libertad. En estos centros se desarrollan programas socioeducativos y para la in/reinserción sociolaboral, con una coordinación importante de las redes externas comunitarias.

- Capítulo II del R.P.: Unidades dependientes (UD) centros penitenciarios ordinarios para cumplimiento de tercer grado de cualquier grupo poblacional penitenciaros con programas especiales, normalmente se han desarrollado para las madres con menores residiendo con ellas hasta los 6 años de edad. Cogestionadas por la administración penitenciaria y la no penitenciaria, tenían plazas para 6 a 12 madres estaban distribuidas por toda la geografía española y han comenzado a reducirse por los recortes económicos, el favorecimiento de las Unidades externas de madres y los cambios de modelos de la política pública penitenciaria. Este tema lo ampliaremos en el desarrollo del artículo, valorando enfoques, experiencias y resultados en este sentido.

- En el Capítulo III del R.P., también se regula el internamiento de parejas con menores de tres años en centro ordinario. El único módulo que permite esta modalidad en España está en Aranjuez (Madrid).

- Capítulo IV del R.P.: Internamiento en departamentos para jóvenes. Dedicados especialmente a jóvenes de entre 18 a 21 años, se desarrollan programas que promueven las necesidades principales de la población joven que ha perdido el arraigo familiar y social en un momento especialmente necesario para las relaciones y madurez social. Se trabajan las habilidades sociales, la resolución de conflictos, etc.

- Capítulo V del R.P.: Internamiento en Unidades internas de Madres. Estas unidades están ubicadas en centros ordinarios que suelen tener un módulo para que residan las madres con sus menores hasta los tres años. Suelen tener un centro infantil anexo al que asistir los menores, aunque la realidad actual es que están desapareciendo estas unidades por la creación de las unidades externas. En estas unidades internas están las madres con bebés hasta los 10 meses aproximadamente que no viven el entorno de manera especialmente impactante, o madres que por su situación penitenciaria no pueden disfrutar aún de un segundo o tercer grado, o se encuentran preventivas.

Los Capítulo VI y VII del R.P. regulan el cumplimiento en Unidades Extra-penitenciarias y las psiquiátricas penitenciarias. Los primeros para cumplimiento de personas drogodependientes y el segundo, para personas enfermas mentales graves que han cometido delitos y deben cumplir condena.

2.2. Los programas de tratamiento con perspectiva socioeducativa: un logro de las políticas públicas penitenciarias españolas

En la necesidad de valorar los procesos de construcción de las nuevas formas de concebir la acción social en el medio penitenciario de la AGE, también en la Generalitat de Catalunya (que tiene las competencias penitenciarias transferidas) se sitúan ciertos programas de tratamiento con perspectiva socioeducativa.

Adentrémonos en las características generales de algunos de los programas de forma sucinta que consideramos más significativos, para evaluar sus fundamentos y metodologías del tipo de acción social penitenciaria, al mismo tiempo que ofreceremos resultados sobre la pertinencia de los mismos.

a) Potenciación del medio abierto:

Una de las grandes conquistas que se han generado en el ámbito penitenciario, y que está unido al sentido profundo de la inserción y de lo público (con todo lo que supone esta categoría) es la potenciación en Medio Abierto.

En este reto, se han creado multitud de posibilidades normativas y de actuación tratamental (CIS, UD, etc.) que potencian medidas de las personas internadas progresivamente en el medio normalizado abierto que permitan la preparación para la libertad mediante, esa misma libertad, como principio irrenunciable. El posicionamiento de partida propone una menor exclusión social mediante mayor reincorporación a la comunidad social y arraigo familiar, social, etc., como parte perteneciente de la misma y una reducción de la estigmatización. La exclusión podemos entenderla como un,

"[...] proceso dinámico de ruptura multidimensional del lazo social a nivel individual y colectivo. Por lazo social entiendo las relaciones sociales, las instituciones y las identidades imaginadas de pertenencia que constituyen la cohesión, la integración o la solidaridad social. La exclusión social impide la plena participación en las actividades normativamente prescritas de una sociedad determinada y niega el acceso a la información, los recursos, la sociabilidad, el reconocimiento y la identidad, erosionando la autoestima y reduciendo las capacidades para alcanzar metas personales" (Silver, 2007: 1).

Desde esta afirmación, lo público y la participación en la comunidad, suponen un reconocimiento de los derechos y participación de forma activa en la vida y actividades de la misma, por lo que la reinserción está vinculada con el empoderamiento personal (Del Pozo, 2012) que permite el encauzamiento proactivo de la propia vida. Los enfoques inclusivos son favorecedores de la convivencia en equidad desde relaciones interculturales o interrelacionales de aprendizaje mutuo, posibilitando la socialización ciudadana y la construcción compartida.

Las actuaciones para potenciar el medio abierto han sido facilitadas por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), especialmente durante el gobierno al frente de Dª Mercedes Gallizo Llamas, muchas, mantenidas en el actual gobierno del partido popular. Podríamos destacar la potenciación de los medios telemáticos de control (pulsera en el tobillo o en la muñeca) que permite residir a personas que están en tercer grado penitenciario en una vivienda favoreciendo el arraigo familiar (cuidado de menores a cargo y reactivación laboral); potenciación de las formas especiales de ejecución de las penas en medio abierto como los Centros de Inserción Social, las Unidades dependientes de madres o las salidas programadas en el exterior.

b) Mayor atención, protección de derechos humanos, especialización de los programas y proyección socioeducativa:

La mejora de la realidad penitenciaria española se ha producido fundamentalmente a partir de una sensibilidad y modelos políticos favorecedores de la igualdad y la inserción sociolaboral, en gran parte a raíz de los informes con recomendaciones en materia penitenciaria de ONG, Defensor/a del Pueblo, Defensores del Pueblo autonómicos, Comisión Europea, etc.

Desde las políticas estatales de tratamiento se derivan una serie de programas de corte socioeducativo que podemos resumir en las siguientes tipologías (Del Pozo y Mavrou, 2010 y Del Pozo y Añaños, 2013): Programas educativos reglados; Programas socioculturales y deportivo; Programas ocupacionales, de formación para el empleo y de in/reinserción sociolaboral; Programas para prevención y tratamiento de las drogodependencia; Programas socioeducativos específicos: a) Programas de habilidades sociales, b) Programas socioeducativos familiares, c) Programas para personas discapacitadas, d) Personas para personas extranjeras, e) Personas extranjeras, f) Resolución dialogada de conflictos, g) Unidades educativas y terapéuticas (UTE), h) Programas específicamente de género, etc.

Considerando que no podemos ocuparnos en la profundización de los mismos, avanzaremos en los modelos de acción social penitenciaria a partir de dos de los enunciados anteriormente, y que son apoyados por los datos empíricos de las mujeres reclusas a partir del estudio de I+D+I: Los módulos de respeto y los programas sociolaborales.

3. La acción socioeducativa y sociolaboral desde los programas de tratamiento penitenciarios: enfoques y resultados en las mujeres reclusas

3.1. Programas de módulos de respeto

Nacido el programa en el año 2001 en Mansillas de las Mulas (León) este modelo se ha alabado esta iniciativa por los resultados como modelo pionero a nivel internacional. Como modelo de convivencia (basado en el respeto mutuo) se centra en las “pautas de conducta, valores morales fundamentados sobre todo en el respeto a las normas, a los demás y a uno mismo y programas de tratamiento personal de cada interno” (León Noticias, 2011). Se desarrolla en una unidad separada dentro de un centro penitenciario y se está impulsando en el resto de establecimientos penitenciarios.

La metodología general es generar procesos participativos para la asunción de responsabilidades, tareas y organización del módulo por parte de las personas residentes con al menos un profesional del equipo penitenciario mediante asambleas.

Para acceder al módulo de respeto es necesaria la voluntariedad de las personas residentes, y deben aceptar las normas de convivencia que se estructuran en 4 áreas (personal, cuidado del entorno, relaciones interpersonales y actividades). Los ejes fundamentales en los que se vertebra el módulo son:

- Organización en grupos de internos/as: (Grupos de tareas): Reparto y distribución de tareas a partir de los grupos fijos encargados de diferentes zonas principales del módulo por semanas, con una persona interna responsable.

- Participación de los y las internos/os: Dentro de la búsqueda de objetivos fundamentales tales como posibilitar la participación en la organización del módulo, implicar y responsabilizar en la realización de las tareas o fomentar el diálogo y la negociación se estructuran todas las normativas y desarrollos del módulo. Se intenta posibilitar canales de comunicación, reflexión y determinación de decisiones en el conjunto de la dinámica establecida, con varias comisiones.

Los procesos de mejora y de construcción personal se basan en evaluaciones que se hacen en base a decisiones o conductas relativas a cada persona interna; y también puede servir como soporte de informes para órganos o autoridades administrativos o judiciales. La temporalidad es diaria (por el funcionariado de vigilancia) y semanal (por el equipo técnico del módulo).

En el 2009 (I.I.P.P., 2009) se desarrolló el programa en 42 centros que supone un aumento en 14 sobre el año anterior, con una participación de 8.485 internos/as repartidos en 86 módulos. En este informe general no aparece una separación de cumplimiento de condena de las mujeres en relación con los hombres en los módulos de respeto.

Sobre los módulos de respeto de mujeres debemos señalar algunas cuestiones en relación a la implantación, características y resultados, teniendo en cuenta la carencia existente de literatura al respecto sobre las mujeres en estos contextos de carácter socioeducativo.

La naturaleza de los módulos de respeto de las mujeres es prácticamente semejante a la de los hombres, sin modelos socioeducativos diferenciados adaptados a posibles especificidades de las mujeres.

También es cierto que las pequeñas actividades específicas implementadas en estos espacios femeninos, perpetúan en muchos casos actividades tradicionales de género tales como peluquería, lavandería o cocina.

"También se ocupan del economato y de la cocina como servicios extramodulares y de la lavandería dentro del módulo. El espacio cuenta con biblioteca, gimnasio y distintas actividades y talleres, como peluquería, en el que participan 15 internas; costura, teatro o radio" (20 Minutos. Es, 2010).

La evolución en relación a los resultados de mejora prosocial en los de módulos de respeto de mujeres son positivos según la mayoría de medios de comunicación, fuente principal a la que tenemos que acudir para poder conocer algunos resultados, puesto oficialmente carecemos de bastante información.

En el Módulo nº 10 de Mujeres de Villabona (Asturias) "Se eliminan las sanciones y el funcionamiento se rige por un sistema de puntos positivos y negativos. El grupo que acumula más negativos, realiza las tareas más penosas. Un sistema pionero en los módulos de mujeres, que ha conseguido reducir la conflictividad en más de un 80%" (RTPA, 2011). Algunas valoraciones del Módulo nº 1 de Botafuegos (Algeciras) nos dicen que existen buenos resultados y relajación en la vida del centro como en el caso de los módulos masculinos (CSI-F, 2011).

Como uno de los principales elementos para considerar la efectividad de estos programas a nivel empírico, encontramos en nuestro estudio, la valoración que las mujeres reclusas realizan de los módulos de respeto.

El porcentaje respecto a la valoración de las propias internas es muy positivo. Un 41% de las participantes lo valoran como muy positivo y 36% que lo sitúan en una opción de "bien". En total un 77% de la población cree que el recurso-programa-contexto, es una posibilidad con la que son afines.

Estos datos manifiestan, en principio, una voluntariedad para la participación y aceptación de las normativas y funcionamiento de los módulos de respeto, principios básicos de la acción social para la efectividad, la autonomía y autogestión.

3.2. Programas ocupacionales, de formación para el empleo e in/reinserción laboral:

A grandes rasgos, las actuaciones de Instituciones Penitenciarias para favorecer la inserción de las personas privadas de libertad se concretan en; enseñanza reglada y no reglada, formación ocupacional, trabajo y desarrollo cultural y social, atención social. Estos programas se prestan a los internos, a los/las liberados/as condicionales y a las familias de unos y otros según el RP.

En relación a la inserción laboral, fundamentalmente se plantean dos itinerarios: uno que estaría dentro de la formación profesional; y otro, que estaría más relacionado con lo ocupacional e inserción en el mercado activo de empleo.

La inserción, se plantea en el primer caso como herramienta fundamental para poder desarrollarse profesionalmente de acuerdo, no a los límites marcados por la historia únicamente, sino atendiendo a las demandas, necesidades y potencialidades. Ésta posibilidad recrea una nueva historia que puede ser más igualitaria, con mayores oportunidades. En este sentido, se enmarca como fundamental, apostar por las medidas de discriminación positiva para la inserción en empresas y mercado de trabajo son prioritarias y bonificaciones de la seguridad social Ley 43/2006 de 29 de Diciembre para la mejora del crecimiento y del empleo (BOE, 30 de Diciembre de 2006) (BOE, 2006) propias de personas en situación de riesgo social con intermediación hacia las personas y contextos que emplean.

Según el mandato constitucional encomendado a las penas privativas de libertad de la Reinserción, la Ley Orgánica General Penitenciaria de 26 de Septiembre (IIPP, 2012b) desarrollan en los artículos 26 y, especialmente en el artículo 27, lo relacionado con la formación, empleo y el trabajo ocupacional. En este último re recoge:

1) El trabajo que realicen los internos, dentro o fuera de los establecimientos, estará comprendido en alguna de las siguientes modalidades:

a) Las de formación profesional, a las que la administración dará carácter preferente; b) Las dedicadas al estudio y formación académica; c) Las de producción de régimen laboral o mediante fórmulas cooperativas o similares de acuerdo con la legislación vigente; d) Las ocupacionales que formen parte de un tratamiento; e) Las prestaciones personales en servicios auxiliares comunes del establecimiento y f) Las artesanales, intelectuales y artísticas.

2) Todo trabajo directamente productivo que realicen los internos será remunerado y se desarrollará en las condiciones de seguridad e higiene establecidas en la legislación vigente.

La creación de políticas de inserción laboral se generan a partir de los procesos de inserción socio-laboral fundamentados en la aplicación de la legislación y pueden desarrollarse con enfoques inclusivos en la Institución Penitenciaria por la búsqueda de esfuerzos conjuntos de colaboración interinstitucional.

Del año 2009 al 2011, la Comisión laboral del Consejo Social Penitenciario nacional de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIP), así como el personal técnico laboral de los centros penitenciarios y otros agentes colaboradores, han apoyado, mediado o trabajado a partir de medidas para la in/reinserción laboral de las personas reclusas de gestión con el mercado laboral: como autorizaciones administrativas para que las personas extranjeras pudieran trabajar, sensibilización hacia las empresas, el incentivo de la contratación a partir de las personas reclusas y ex-reclusas concebidas en la normativa española, etc.

Destacan algunos datos de participación en los programas laborales. A partir del Programa SAL (Servicio de Acompañamiento Laboral) entre 2007 y 2009 participaron 2.179 beneficiarios/as, donde un 10,69% fueron mujeres, por encima de del porcentaje de mujeres reclusas (8%) (CSP, 2011). Según este informe, podemos apuntar algunas de las entidades que a nivel nacional (por formar parte de este CSP) desarrollan una cobertura de mayor impacto en este ámbito: Fundación ATENEA-GID, ASECEDI, ESLABÓN, Red Araña, Solidarios para el Desarrollo.

Desde hace cuatro años, y en este año 2012, la Obra Social "La Caixa" lleva desarrollando uno de los Programas laborales en la Institución Penitenciaria con mayor cobertura: "INCORPORA" (IIPP, 2012c).

Con varios itinerarios de inserción sociolaboral, divididos en cursos de formación en oficios, servicio solidario e integración laboral, estos programas ya han facilitado la contratación de más de 44.000 personas en riesgo de exclusión. Sin conocer específicamente los datos relativos a las mujeres, se han invertido en este año 4,5 millones de euros a facilitar itinerarios de inserción sociolaboral a 1.364 internos/as de centros penitenciarios de toda España que se encuentran en la etapa final de su condena.

El programa de becas para reclusos, iniciado en el año 2006, amplia así su cobertura bajo el nombre de Reincorpora con el fin de trabajar por la integración social y laboral de los internos a partir de la realización de un itinerario personalizado de inserción socio-laboral que incluye: Cursos de formación en oficios fuera del centro penitenciario, realización de un proyecto de servicio solidario vinculado a la formación y derivación de los participantes a Incorpora, el programa de integración laboral de la Obra Social "la Caixa".

Para analizar los procesos socio-laborales, vamos a tomar, además del desarrollo teórico, nuestro estudio empírico. Señalaremos cómo los resultados de la investigación aprecian algunas variables y problemáticas que consideramos fundamentales para profundizar sobre la realidad de la inserción laboral de las mujeres reclusas.

Si tenemos en cuenta la acción social con las mujeres reclusas y las posibilidades que para mejorar las capacidades formativo- laborales tienen dentro del sistema nacional de prisiones, encontramos que han recibido cursos de formación profesional 378 mujeres (70,92%), mientras que 155 (29,08%) no han recibido formación.

Debemos señalar, que aunque una gran población entrevistada ha recibido formación profesional, es muy significativo que prácticamente un 30% de la población no ha participado en ningún tipo de acción formativa para el empleo en su período de privación de libertad. Este dato refleja que aunque existe una tendencia a la universalización de la formación para la inserción laboral, aún es un reto por conseguir.

Para continuar reflexionando sobre las ofertas y programas que reciben las mujeres dentro del panorama penitenciario español, encontramos algunos datos interesantes. En relación a los cursos realizados de Formación profesional durante el internamiento penitenciario debemos resaltar los siguientes resultados:

- El número de mujeres participantes y el porcentaje asociado a los cursos de formación laboral que realizan las mujeres son de mayor a menor participación: 1º Informática (178 mujeres, 24%); 2º Costura (135, 18%); 3º Búsqueda de empleo y orientación laboral (121, 16%) y, 4º peluquería (109, 15%) y hostelería un 12%.

- Desde estos resultados obtenemos que la oferta que se desarrolla para ellas, a cursos profesionales basados en estereotipos femeninos como peluquería, costura, hostelería aunque también se constata una elección preferente por cursos relacionados con la inserción laboral como la informática y la búsqueda de empleo. La hostelería aparece en quinto lugar, lo que podría permitir (según el estudio de la vida laboral y profesionalización antes de entrar en prisión) que se continúe reproduciendo roles tradicionales de género, aunque al mismo tiempo se especializa la formación en un itinerario bastante demandado profesionalmente cuando se incorporaren a la vida en libertad.

4. Conclusiones y propuestas para la política pública penitenciaria

Atendamos a algunas conclusiones generales a partir del estudio realizado, y desde la necesidad de continuar proyectando nuevas propuestas transformadoras. Se aportan algunas sugerencias para la incorporación de la perspectiva socioeducativa en las políticas internacionales.

a) Conclusiones

  • La tipología de acción social en la política pública determina un modelo de intervención social determinado donde quedan establecidos la protección jurídica de la ciudadanía, la profesionalización de los agentes intervinientes o el enfoque inclusivo para el bienestar social.
  • Existe un alto grado de población reclusa por causas socio-económicas y carencias socio-laborales, de tal manera que las políticas penitenciarias deben atender estas situaciones durante los períodos de internamiento.
  • Las políticas y medidas penitenciarias en España han favorecido procesos y programas con perspectiva socioeducativa, mejorando en la última década la atención a la población con mayor vulnerabilidad a partir de creación y mejora de las infraestructuras y recursos penitenciarios y desarrollo de la atención a las necesidades específicas. Entre estas mejoras se encuentra la cobertura y protección de las mujeres, colectivo con desigualdad histórica en el ámbito y que en España representa la mayor cifra dentro de la zona comunitaria.
  • Las políticas públicas penitenciarias españolas de corte socioeducativo, favorecen programas para la e/reeducación e in/reinserción socio-laboral tales como los ocupacionales, formación para el empleo, o los módulos de respeto. Éstos han supuesto resultados positivos de mejora personal y comunitaria; creando propuestas necesarias de convivencia, autonomía y empleo activo para la vida en libertad que deberían incluirse- desarrollarse en las políticas internacionales como la mexicana; y ampliarse en la española.
  • En el caso de las mujeres reclusas, existe aún la necesidad de continuar ofreciendo posibilidades de formación para el empleo, y favorecer procesos e itinerarios laborales que no continúen reproduciendo roles tradicionales de género.
  • Los módulos de respeto, son valorados por las mujeres reclusas con un alto porcentaje de satisfacción por parte de las mujeres reclusas, en más de un 70%de las encuestadas. Este alto índice, favorece la voluntariedad y participación para conseguir la efectividad del programa.
  • En estos momentos de crisis económica y rectores en los presupuestos públicos, se hace imprescindible el mantenimiento de las políticas, la transversalidad socioeducativa en prisiones, para continuar con los buenos resultados y acciones que permitan la reducción de la reincidencia y la in/reiniserción en la comunidad social.

b) Algunas propuestas

  • El resultado positivo de las propuestas y programas socioeducativos y sociolaborales en España deberían proyectarse y desarrollarse en los modelos internacionales como experiencias piloto para valorar resultados.
  • Estos programas en principio, no necesitan de modificaciones legislativas, únicamente políticas y programáticas, de tal manera que podría incorporarse la experiencia de un programa de módulo de respeto.
  • La necesidad de intervenir en la vulneración de derechos humanos y desigualdades hacia las mujeres, podría mejorarse a partir del desarrollo dentro de la política en materia penitenciaria de un plan de igualdad penitenciario.
  • La profesionalización del personal educador de las prisiones internacionales debería contemplar fundamentos y metodologías de la Educación Social, disciplina regulada como título oficial en España y muchos países europeos.

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* Agradecimiento: Ministerio de Ciencia e Innovación, España. Plan Nacional de Investigación. Proyecto de Investigación I+D+I “Mujeres reclusas drogodependientes y su reinserción social. Estudio socioeducativo y propuestas de acción”. Referencia: EDU2009-13408.